El pasado impune en Entre Ríos y Santa Fe

Asesinos del Paraná

Por Carlos del Frade

Tres de los trece militares procesados por delitos de lesa humanidad por la Cámara Federal porteña tuvieron directa responsabilidad en decenas de desapariciones producidas en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe durante el terrorismo de estado. Pascual Guerrieri, Waldo Carmen Roldán y Carlos Gustavo Fontana deberán responder sobre el destino de un grupo de militantes montoneros que formaron parte de la llamada contraofensiva de 1980 y por el secuestro de una pareja en 1978. Por otra parte, la decisión de abrir la fosa común del cementerio "San Vicente", en la ciudad de Córdoba, reabre la necesidad de justicia de por lo menos siete familias santafesinas que sufrieron las políticas de los entonces jefes del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri.

La decisión de la Cámara

"Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se arremete a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima", sostuvieron los jueces federales Horacio Catan y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Capital Federal al procesar a trece militares y miembros de otras fuerzas de seguridad por la masacre de militantes montoneros que formaron parte de la contraofensiva de 1980. Además confirmaron la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida, de tal forma que "la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una alternativa. Es una obligación".

Los represores que quedaron procesados y con prisión preventiva son: Guillermo Suárez Mason, Jorge Ezequiel Suárez Nelson, Antonio Herminio Simón, Pascual Omar Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Julián Marina, Juan Carlos Gualco, Waldo Carmen Roldán, Mario Alberto Gómez Arenas, Carlos Alberto Roque Tepedino, José Ramón Pereiro, Santiago Manuel Hoya y Juan Antonio del Cerro.

La mayoría de ellos eran los más altos jefes, hacia 1980, del Primer Cuerpo de Ejército y del Batallón de Inteligencia 601, pero sus expedientes revelan historias que se hicieron con sangre y dinero en Entre Ríos y Santa Fe.

Dos militares más, Luciano Adolfo Jáuregui y Francisco Javier Molina, también de activa participación en las desapariciones de personas en ambas márgenes del Paraná, fueron puestos en libertad porque la Cámara consideró que el juez Claudio Bonadío no era competente para investigar el hecho por el que estaban procesados, las desapariciones de Lorenzo Viñas y Jorge Adur.

Esta resolución puede abrir las puertas para que la justicia federal santafesina, entrerriana y rosarina, de una buena vez, inicien las necesarias investigaciones sobre el destino de las personas desaparecidas y el paradero de los chicos nacidos en cautiverio o arrancados del seno de sus familias en el litoral argentino.

Los delitos cometidos por estos militares, crecidos en el terrorismo de estado a orillas del río marrón, conforman una "categoría de ilícitos que repugna a la conciencia universal".

Otras masacres históricas Masacre de Capilla del Rosario Masacre de Trelew Masacre de los palotinos Masacre de Margarita Belén La Noche de lo Lápices La Noche de las corbatas La Noche del apagón en Ledesma La Semana Trágica El bombardeo de 1955 Masacre de Rincón Bomba Masacre de Napalpí Masacre de Las Palomitas

Crónicas del Paraná

En setiembre de 1981, el entonces coronel Pascual Oscar Guerrieri ya era titular del Destacamento de Inteligencia 121 con asiento en Rosario y con jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Eran los días en que el comandante Juan Carlos Trimarco se dedicaba a negocios inmobiliarios como consecuencia de la cosecha de bienes muebles e inmuebles de los desaparecidos de las seis provincias del litoral.

Cuatro años antes, en el departamento La Paz, en la provincia de Entre Ríos, el entonces Teniente Coronel, Waldo Carmen Roldán, era jefe del Grupo de Artillería por veinticuatro meses.

Era el hombre fuerte de la llamada área 214 en la que desaparecieron cuatro personas: Aguirre, Orlando Germán Calafell, Juan Carlos Echegoy y Zabala.

En esos días de noviembre de 1977, mientras el ya mencionado Juan Carlos Trimarco era el Comandante de la Brigada de Caballería Blindada II con asiento en Paraná, el capitán Carlos Gustavo Fontana manejaba el Destacamento de Inteligencia 122 hasta diciembre de 1979.

Más al norte, en el Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa, en octubre de 1974 y hasta noviembre de 1977, el jefe era el mayor Francisco Javier Molina, uno de los que pudo gambetear el procesamiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña porque Bonadío no es competente para juzgar la desaparición de Lorenzo Viñas y Jorge Adur.

En enero de 1979, Molina había crecido, ya era el titular del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes y su rango era el de teniente coronel.

Luciano Adolfo Jáuregui asumió la titularidad del Segundo Cuerpo de Ejército nada menos que en reemplazo de Leopoldo Fortunato Galtieri en febrero de 1979 y se quedó hasta diciembre de 1980 cuando fue relevado por Trimarco. En diciembre de 1977, Jáuregui era el segundo comandante del Cuerpo y dos meses antes fue jefe del Grupo de Artillería Blindado 2, con asiento en Rosario del Tala, en la provincia de Entre Ríos. Allí todavía no hay mayores explicaciones sobre la desaparición de Alberto Manuel Brainin.

Jáuregui es el otro oficial de alta graduación que, por ahora, pudo esquivar el procesamiento por los delitos de lesa humanidad.

Estos hombres que ahora se encuentran en la causa que se sigue por la desaparición, tortura y muerte de una decena de militantes montoneros a partir de 1980 fueron, sin embargo, corresponsables de los delitos cometidos bajo las comandancias de Ramón Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri, el propio Luciano Jáuregui y Juan Carlos Trimarco, entre 1975 y 1983.

Ellos pueden explicar gran parte de los casi 800 casos de desapariciones producidas en las seis provincias del Paraná porque, al decir del Teniente General Martín Balza, "son de los pocos que pueden saberlo todo".

Sería necesario que las declaraciones que efectúen estos tres hombres que se desempeñaron en las provincias del litoral formen parte de los expedientes que se siguen en la justicia federal santafesina.

Aunque el principal responsable de la mayoría de los casos esté muerto (Galtieri) queda otro que debe responder por 97 delitos de lesa humanidad y que nunca se dignó a presentarse ante la Cámara Federal de Rosario: Ramón Genaro Díaz Bessone, el hombre que logró mantener sus cargos y que impulsó los crímenes de la llamada Triple A a fines de 1975.

El mismo que debería contestar también por la masacre de Los Surgentes y la fosa común del Cementerio San Vicente en Córdoba.

Nueves cuerpos y una historia santafesina

A principios de 2003, la jueza federal, Cristina Garzón de Lascano, ordenó la exhumación de nueve cuerpos de la fosa común del Cementerio "San Vicente", en la capital cordobesa.

Sobre los restos hallados trabajarán los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense para identificarlos mediante los exámenes de ADN.

Aunque los procedimientos judiciales obedecen a establecer las responsabilidades del ex general Mario Menéndez en las masacres cometidas en Córdoba durante el terrorismo de estado, la fosa del "San Vicente" alberga siete historias santafesinas.

Hacia principios de los años ochenta, los abogados Rubén Arroyo y Luis Reinaudi pidieron la exhumación del cuerpo de Daniel Oscar Barjacoba, uno de los siete santafesinso que fueron fusilados el 17 de octubre de 1976 en la localidad cordobesa de Los Surgentes, luego de ser torturados en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina.

En 1984, el entonces juez federal, Gustavo Becerrar Ferrer ordenó exhumar los cadáveres de una de las dos fosas comunes que se suponía existían en el lugar y donde se calculaba que habían sido enterrados al menos unos 300 cuerpos.

Una de las principales organizaciones que aportó datos sobre la posible identidad de algunas de esas personas fue la Asociación por la Recuperación Histórica Argentina, con sede en Santa Fe capital, impulsada por ex presos políticos y caracterizada por ser uno de los más rigurosos y precisos grupos que trabajan por la memoria y la justicia en el país.

A fines de 2002, los antropólogos se encontraron con nueve cuerpos, por lo que ahora, a principios de marzo, se espera una nueva apertura de la fosa común del cementerio San Vicente.

El potencial hallazgo y posterior reconocimiento de los restos humanos podría reabrir los juicios contra los genocidas aún no condenados como Mario Menéndez, en Córdoba y Ramón Genaro Díaz Bessone, en Santa Fe y todo el litoral.

La principal historia que está en ese lugar es la "masacre de Los Surgentes", una crónica que se inicia en los últimos días de gestión de Díaz Bessone y las primeras horas de Galtieri como comandantes del Segundo Cuerpo de Ejército.

La matanza de Los Surgentes

Galtieri inició su proyecto del "nuevo orden de paz de cien años" con fusilamientos de detenidos torturados en el Servicio de Informaciones.

En la madrugada del 17 de octubre de 1976 Cristina Constanzo, María Cristina Márquez, Analía María Murgiondo, José Oyarzábal, Sergio Jalil, Eduardo Laus y Daniel Oscar Brajacoba, fueron trasladados de la ochava de San Lorenzo y Dorrego hasta Los Surgentes, en la provincia de Córdoba.

Allí fueron bajados, los formaron en fila y los fusilaron. Dejaron las cápsulas servidas.

Luego transportaron los cuerpos hasta el Hospital San Roque y terminaron en una fosa común en el cementerio de San Vicente, en la ciudad de Córdoba.

El caso sirvió para demostrar la práctica de algunos sacerdotes que vendían información falsa a los familiares, como el padre Héctor García, secretario del entonces arzobispo rosarino, Guillermo Bolatti; o el accionar del capellán policial, desde 1964, Eugenio Zitelli que no condenaba la tortura si no que solamente podía alarmarse si le decían que violaban alguna mujer. Y de hecho, ni Feced ni ninguno de los suyos le iban a decir que violentaban adolescentes torturadas.

El dolor y la valentía de Nelma

Nelma Jalil es la mamá de Sergio. Su testimonio sintentiza el drama y la esperanza de las Madres.

La simpleza de una mujer de barrio que se enfrenta, a puro amor, contra los responsables del terrorismo de estado y sus socios de sotana.
"El 14 de octubre de 1976 empieza nuestro drama.

Se presentaron en mi casa quince o veinte hombres fuertemente armados, que vestían ropa de fajina, parecía que tenían peluca, barba y bigotes postizos. Estaban tan excitados que parecían drogados. Dijeron ser de la policía, de la jefatura y que venían a buscar a mi hijo Sergio. El no estaba en casa. Lo mismo pasaron, revolvieron y buscaron hasta el último rincón. Al ver que no estaba se fueron diciendo "vamos, vamos que está todo levantado".

"Después que se fueron el comentario en la familia, vivían mi hija, mi yerno y mi marido. Viste lo que dijeron, que estábamos todos levantados. Mirá vos, con un ejército dentro de la casa íbamos a quedar durmiendo...

No tonta, no es eso...

"El 15 a la tarde a Sergio lo detienen en calle República 3635 en un procedimiento que matan a una chica que le decían Lala. Eso nos enteramos después por los vecinos, recorriendo, íbamos con fotos. Los vecinos nos contaron que esta chica Lala estaba de rodillas implorando que no la maten, totalmente desarmada y la mataron a quemarropas. A Sergio lo detienen, le vendan los ojos con un pulóver rojo que tenía en la cintura, lo esposan y lo llevan en un auto blanco a Jefatura donde lo torturan salvajemente... Esto pasó el 15 y el 17 a la madrugada junto a seis compañeros son llevados a Los Surgentes donde son fusilados".

Los sacerdotes Zitelli y García

"Yo fui a hablar con el padre Zitelli que era muy amigo del padre Griffa que se crió con mi marido y en una carta muy extensa le pidió, le suplicaba que hiciera todo lo posible por informarnos", siguió diciendo Nelma.

"Y entonces el padre Zitelli nos recibió y me dijo que no le correspondía a ellos. Que tenían otra misión. Son tantas las que vienen por lo mismo. Yo no puedo hacer nada. No me corresponde, yo tengo otras cosas más importantes de las que ocuparme. Así que dígale al querido Antonito, por Griffa, que lamentablemente no lo puedo complacer en su pedido", explicó la increíble rosarina de la zona norte.

Pero quizás el caso de mayor vergüenza para los cristianos sea la práctica del cura García, el secretario de monseñor Bolatti.

"El padre García me tuvo engañada tanto tiempo. Me decía que Sergio estaba bien, que como se había recibido ese año de agrónomo lo tenían trabajando de agrónomo en el campo que estaba perfectamente y que de un momento a otro iba a estar con nosotros. Y me decía siempre ya falta menos, falta menos, ya va a llegar y un día, víspera de navidad, las navidades eran terribles para mi y siguen siendo, me dice Señora póngase contenta, vaya a su casa, prepárele la camita, ventílele toda la ropita, prepárele la comida que más le gusta porque esta navidad Sergio la pasa con ustedes. Yo me fui enloquecida a mi casa y empecé a hacer todo lo que él había dicho. Y me dispuse a esperarlo... y Sergio no llegó. El padre García era el secretario del obispo Bolatti y él se encargaba de dar falsas noticias a los familiares de los desaparecidos a cambio de regalos que él mismo nos pedía. Me acuerdo que un día me pidió un maletín de cuero y yo en ese momento no contaba con dinero porque había abandonado todas mis actividades, yo trabajaba en el comercio con mi esposo y me dediqué únicamente a buscar a Sergio, entonces no contaba con dinero y juntando las moneditas y fui y le compré el maletín y se lo regalé. Le llevaba vinos finísimos y como yo desfilaban las madres porque a todas nos tenía igual. Hasta que un día me convencieron sobre lo que estaba pasando y yo nunca más le llevé regalitos pero tampoco tuve más audiencias".

"Para mi Sergio está presente en cada niño que muere de desnutrición, en cada padre que no tiene trabajo, en cada marcha de los maestros, en la lucha de sus compañeros, con los jubilados, está todos los jueves en la plaza junto con las madres...por eso yo te digo, Sergio no estás desaparecido. Estás presente en la lucha de tu pueblo y todas la mañanas cuando me despierto, veo el rostro de mi hijo que me sonríe y me dice dale gorda, adelante, vos podés, fuerza", se emociona al contar su creencia íntima y social.

Detalles del caso Los Surgentes

En 1997, a veintiún años de los fusilamientos de Los Surgentes, recién se reconstruyó parte de la historia a través del relato de algunos testigos.

Dionisio Tesán, productor de cerdos de la zona, fue el primero que durante la mañana de aquel 17 de octubre de 1976, vio los cuerpos de los muchachos.

"Vi allá a lo lejos un bulto grande, en la calle, en una huella, del lado izquierdo, yendo de acá para el lado del norte y cuando me arrimé cerca y me encontré con una gente y le pegué el grito desde arriba de la chata. Vi que no se movieron, me fui a mi casa, tomé unos mates, le conté a un pariente que había gente durmiendo y que me extrañaba porque estaba muy frío y estaban con remeras rotas, con pantalones cortos", relató Tesán.

El médico que los atendió en primera instancia fue el doctor Alberto Minella que emitió los siete certificados de defunción.
"Yo le conté al juez que había cápsulas y que incluso había chicos que se las llevaban de recuerdo y me preguntó la diferencia entre cápsula y proyectil y le dije que si.

Después pasé un día por ahí, por la ruta, y habían desaparecido las plantas y lo habían tapado con tierra a ese lugar. Era una alcantarilla. Un cunetón de 20 metros de largo donde estaban todos los cadáveres, como si hubieran estado formado y hubieran caído, no dispersos, si no todos juntos", sostuvo el profesional.

Un arqueólogo del horror

Francisco Oyarzábal buscó a su hermano desde su desaparición y fue el último en pedir la continuidad de la Causa Feced porque se hizo cargo del rumor que señalaba la sobrevida del ex comandante de gendarmería en Paraguay.

En 1997 se animó a acompañar a este periodista para recorrer el camino de la muerte.

"A nosotros nos han negado y robado cosas.

"En mi caso no solamente nos mataron un hermano, si no que también nos imposibilataron saber cómo fue su muerte. Tenemos algunos datos, pero nos faltan otros. Nos han robado el último minuto, nos han robado su último pensamiento, su último sentimiento", sostuvo.

La primera noticia que hay de esto es a través de otras dos personas que estaban presas que en su momento escriben una carta avisando que ese grupo de siete los habían sacado y los habían matado en Los Surgentes.

"Cuatro varones y tres chicas son sacados el 17 de octubre del 76 de la jefatura de policía y son llevados a Los Surgentes. Por lo que puede establecerse correctamente ahora son muertos ahí. A partir de ahí la información que hay es el camino de la muerte. Y se sabe que los cuerpos son llevados a la ciudad de Córdoba, al Hospital San Roque primero y después al Cementerio San Vicente.

"La reconstrucción es relativa porque obviamente faltan los datos de los que en esa historia quedaron vivos que son precisamente los que apretaron los gatillos. Como esa parte nunca creo que la vayamos a tener, la historia va a quedar parcial", remarcó con cierto pesimismo, conociendo, fundamentalmente, la cobardía de los matadores.

Hoy, sin embargo, cada uno de los familiares de los masacrados en Los Surgentes quiere estar en la reapertura de la fosa común del cementerio "San Vicente". No para cerrar una historia sino para abrir una que hable de justicia y verdad definitivas.

Fuente: www.postalesdelsur.net

Todos los libros están en Librería Santa Fe