Carlos Ponce de Leon

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Carlos Ponce de León

Carlos Ponce De León, obispo de San Nicolás durante la última dictadura, murió el 11 de julio de 1977 en un misterioso accidente automovilístico en proximidades de la ciudad de Ramallo. Su muerte ocurrió cuando viajaba, junto a su hijo adoptivo, desde San Nicolás a Buenos Aires, para presentar unos papeles en sus gestiones pidiendo por ciudadanos desaparecidos en su área y reportando la represión ilegal que tenía lugar en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.

Tercer Obispo Titular

Mons. Carlos Horacio Ponce de León, fue el tercer Obispo Titular de la Diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Fue nombrado por el Papa Pablo VI, mientras era obispo auxiliar de Salta, el 28 de abril de 1966. Tomó posesión canónica de esta sede el 18 de junio de ese año hasta que en 1977, fallece víctima de un accidente automovilístico sobre ruta 9, cuyas causas aún no han sido aclaradas y por lo que hay una causa abierta.
Al quedar vacante la sede, Pablo VI designó Administrador Apostólico de San Nicolás al Obispo auxiliar de San Isidro, Mons. Justo Oscar Laguna

Incluso, se cree que iba a presentar en la Nunciatura de Buenos Aires documentación que tenía que ver con el asesinato de los curas palotinos. Según organismos de derechos humanos, Ponce De León era considerado un "obispo rojo" en el norte del territorio bonaerense, ya había tenido enfrentamientos con militares de San Nicolás e incluso lo apodaban "monseñor ambulancia" porque solía recoger a heridos en enfrentamientos y atendía a familiares de desaparecidos.

Como en el caso del obispo riojano Enrique Angelelli, siempre se sospechó que el accidente en el que murió Ponce De León había sido fraguado; el juez Villafuerte Ruzo, que investiga esa hipótesis, interrogó al hijo adoptivo del religioso, quien desde hace 25 años vive en el exterior.

Al declarar por primera vez en la justicia sobre aquel episodio, Martínez "relató cómo Ponce de León fue rematado al borde de un camino por fuerzas militares a cargo del coronel Saint Amant", según aseguró la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense.

Rematando al obispo

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, querellante en la causa, declaró a la prensa que Martínez contó que cuando viajaba por la ruta el auto volcó repentinamente y pudo ver cómo "un grupo de militares golpeaba con las culatas de sus fusiles al obispo, antes de oír la voz del coronel Saint Amant dar la orden para que lo remataran".

Incluso, Martínez habría salpicado a sectores de la Iglesia con esta muerte y habría señalado al Nuncio Pío Laghi como "cómplice" del crimen. "Ponce de León recibía de manera habitual a los familiares de jóvenes desaparecidos y le remitía esa información al Nuncio Apostólico Pío Laghi, que se la entregaba a su vez a Eduardo Emilio Massera", aseguró la subsecretaria.

La funcionaria tuvo acceso a la declaración de Martínez, ya que es querellante en la causa en representación de los sacerdotes Marcelo Sbaffo y Marcelo Domenech, la agrupación HIJOS de Rosario, Madres de San Nicolás y Rosario y familiares de Ponce de León.

Según el organismo, existen testimonios que dicen que Ponce León recibía constantes amenazas de muerte en las que le decían que "de julio no pasaba", que lo habían perseguido e insultado en la calle y que contaba con importante información sobre el asesinato de los curas palotinos, ocurrida un año antes, que planeaba presentar en la Nunciatura el mismo día de su muerte.

Carpetazo

Pero desde la iglesia, las preocupaciones están centradas en otro temor, también relacionado con la dictadura, pero referente al cardenal Jorge Bergoglio. Según informó la agencia de noticias DyN, los estrategas celestiales esperan un "carpetazo" del gobierno contra Bergoglio, en referencia a una presunta operación que de antemano las fuentes religiosas dicen tener la certeza de que se sustenta en "viejas calumnias".

Las mismas fuentes anticipan que un documento de inteligencia reflota el conflicto de Bergoglio con los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, por el compromiso de éstos con la "pastoral villera".

La consecuencia fue el secuestro por un grupo de tareas el 23 de mayo de 1976 y la aparición después de cinco meses de cautiverio. Según el propio Yorio, el deseo de Bergoglio de sacárselo de encima tentó, a este último, a hablar varias veces con Emilio Massera para que vinieran a llevarse a los terroristas infiltrados en la actividad evangelizadora", aseguran que cita el dossier de inteligencia que dicen conocer en la curia.

En la Iglesia, en cambio, sostienen que la versión de los hechos es "maliciosa" y que, en realidad, Bergoglio hizo numerosas gestiones en la Santa Sede para trasladar a los sacerdotes a Roma y salvarles la vida.

Fuente: Causa Popular

El asesinato del obispo Ponce de León en 1977

Crimen en la ruta

El auto de Ponce de León después del choque y la camioneta que conducía Martínez.

El 11 de julio de 1977 el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, fue asesinado en la ruta. Como en el caso de Angelelli, se simuló un accidente de tránsito. El regimiento en el que se planificó el crimen fue cedido en comodato a la Iglesia, que lo usó hasta esta semana como casa de reposo y ejercicios espirituales. Su encargado fue el militar que firmaba los inventarios después de los saqueos. El papel del obispo Oscar Justo Laguna y la reapertura de la causa, ahora en la justicia federal.

Por Horacio Verbitsky

Con el mayor sigilo, el miércoles de esta semana fue evacuada la casa diocesana San Ignacio de Loyola, que la Iglesia de San Nicolás mantuvo durante diez años en la unidad castrense en la que se planificó el asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León. El cartel que identificaba el local, colocado debajo de la garita de guardia, fue uno de los símbolos más estridentes de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura militar. Ponce de León fue el segundo obispo asesinado por aquél gobierno, el 11 de julio de 1977, un año después que el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. En ambos casos se simularon accidentes de tránsito. En 1996, cuando esa unidad de ingenieros del Ejército fue desactivada, el Obispado de San Nicolás (entonces a cargo de Mario Maulión) recibió en comodato sus instalaciones. Como encargado de esa casa diocesana de retiros quedó el sargento retirado del Ejército Carlos Nilson Suárez, el hombre que firmaba los inventarios de bienes luego de los saqueos en casas de personas detenidas-desaparecidas. Cinco días después del 30º aniversario del golpe de 1976, colchones, muebles y el cartel delator fueron retirados de la ex unidad militar.

Casi al finalizar la dictadura Adolfo Pérez Esquivel y los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak y Miguel Hesayne denunciaron el asesinato de Angelelli ante la justicia riojana, que en 1986 lo consideró probado, aunque no identificó a sus autores. El Episcopado sigue sin asumir lo sucedido. En una declaración emitida en 2001 aun sostiene que Angelelli "encontró la muerte" y que "la muerte lo encontró". El caso de Ponce de León ha sido aún más olvidado y su obra al frente de esa diócesis industrial es tan poco conocida como las circunstancias de su muerte. Sin embargo, desde el año pasado el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo la está investigando.

Hostigamiento

Durante la primera asamblea plenaria del Episcopado posterior al golpe, en mayo de 1976, Ponce de León había informado del hostigamiento y las humillaciones a que era sometido y fue uno de los que más insistió en la necesidad de un pronunciamiento público firme, cosa que el Episcopado rechazó pero el gobierno supo. El asesinato de los palotinos de San Patricio lo golpeó más que a nadie, porque estaba relacionado con varias de las víctimas. El sacerdote Alfie Kelly era su confesor y amigo. El seminarista Salvador Barbeito era íntimo amigo de uno de los sacerdotes de San Nicolás, José Aramburu, con quien había cursado el seminario. Otros palotinos daban clases en el seminario nicoleño. Ponce de León decidió dispersar a los seminaristas de su diócesis porque temía que fueran los siguientes.

San Nicolás ocupó un lugar central en los proyectos del nacionalismo militar y del industrialismo peronista y fue el origen de un polo de desarrollo económico y urbano que se extendió hacia Villa Constitución y Campana. La evangelización de los núcleos obreros fue una de lasprioridades del Obispado. Los Encuentros del Pueblo de Dios, los campamentos de jóvenes, las peregrinaciones provocaron reacciones hostiles de los sectores tradicionalistas. La izquierda peronista y el marxismo, que en esa zona alcanzó implantación obrera, confrontaban desde comisiones internas y sindicatos, con la línea peronista ortodoxa de la Unión Obrera Metalúrgica, a la que ganaron la conducción de Villa Constitución en elecciones limpias. En marzo de 1975 la presidenta Isabel Perón despachó una caravana de un centenar de vehículos con hombres armados para desmantelar toda organización independiente. Ponce de León viajó a Buenos Aires para tramitar la libertad de los nicoleños detenidos. Los activistas gremiales que no perdieron la libertad o la vida entonces fueron secuestrados y asesinados después del golpe militar, que designó como ministro de Economía al presidente de Acindar, la siderúrgica de Villa Constitución, José Alfredo Martínez de Hoz.

El dueño de casa

El primer informe posterior al golpe que firmó el jefe del área 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, calificó a Ponce de León como "enemigo acérrimo de monseñor Bonamín" y dijo que dirigía al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que, a su vez, había copado la diócesis. El obispo llegó a Ramallo durante un gran operativo militar frente a la parroquia y se abrió paso entre los soldados. Saint Amant se sorprendió al verlo sentado frente al escritorio de la casa parroquial:

–¿Qué hace usted aquí?

–¿Qué hace usted? Yo soy el dueño de casa.

–¡Qué servicio de informaciones tienen! –se fastidió el militar, que lo trataba como si fuera el jefe de un Ejército enemigo.

El obispo le exigió un inventario de todo lo que requisaron, incluyendo un mimeógrafo. Esos inventarios eran la especialidad del sargento Suárez. Ponce de León había ordenado a sus sacerdotes que no pernoctaran solos en sus parroquias, que trataran de dormir en casas de los fieles, de modo que siempre hubiera alguien que pudiera avisar. Poco antes de la Semana Santa de 1976, Ponce de León visitó a Saint Amant para reclamar la libertad de ocho sacerdotes de distintas parroquias que habían sido detenidos y estaban alojados en los cuarteles de San Nicolás.

–Yo me quedo detenido también hasta que los liberen –dijo el obispo.

–Usted ya está detenido, lo tenemos bien controlado y tiene que venir a informar de cada cosa que haga –respondió el militar.

–Si tengo ocho parroquias sin sacerdote, voy a suspender la celebración de Semana Santa –le comunicó Ponce de León.

Saint Amant liberó a los ocho sacerdotes frente al Obispado y sin ninguna explicación. Ponce de León nunca cumplió con la intimación de presentarse al cuartel.

Inteligencia militar

El informe de Saint Amant sobre Ponce de León afirma que en San Nicolás los grupos más importantes de Montoneros salieron de la "Iglesia" (comillas en el fabuloso original) y con deliberada despreocupación por los matices anuncia que "hablaremos indistintamente de Juventud Peronista, de Montoneros y de Peronismo Auténtico". No se trataba sólo de hablar.

La indiferenciación se extiende luego también al ERP y "a los hechos guerrilleros de Villa Constitución", como llamaba a la organización sindical de los trabajadores al margen de la conducción de la UOM. Coincidía con él Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). Poco ducho en el arte de la metáfora y obsesionado con los sacerdotes tercermundistas, Saint Amant informó que "esos pastores son lobos vestidos de ovejas". Como estaba en juego el "Ser o no ser de laPatria" había que atacar al enemigo en todos los frentes porque "se vale indistintamente de la pornografía, del liberalismo, del capitalismo, de los medios de comunicación, del freudismo, de los partidos políticos, de la pobreza, de la explotación de las injusticias, de la UNESCO, de la declaración de los derechos humanos, etc". Los tres motivos por los que, según el jefe del área, esos sacerdotes no hacían definiciones subversivas públicas y explícitas, equivalen a un reconocimiento de que no practicaban ninguna actividad armada ni simpatizaban con la guerrilla:
a. miedo (hasta hace poco han creído que por ser sacerdotes no les pasaría nada. Ahora tienen miedo).
b. astucia.
c. en parte por a. y por b., en otros casos porque consideran a los guerrilleros tal vez como desubicados porque entienden que el proceso de marxistización (‘socialización’) debe nacer del pueblo y los guerrilleros lo quieren imponer a la fuerza. PERO NUNCA POR CONVICCIONES ANTIMARXISTAS. Esto debe quedar bien claro".

"Fuerza enemiga"

Saint Amant vaticina que, en alianza con partidos políticos, el resentimiento peronista, los grupos marxistas no destruidos "y los infaltables idiotas útiles, tontos y democráticos que pidan elecciones", la Iglesia será "la principal fuerza enemiga". Por ello propuso operar sobre Ponce de León. Según la doctrina católica, escribió, el obispo es sucesor directo de los Apóstoles, la unión con la Iglesia se hace mediante la unión al obispo y fuera de la Iglesia no hay salvación. Los católicos que se cuestionan la actuación del obispo "piensan que ponen en juego su salvación eterna". Por eso "hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia, y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo su Patria y su fe". No sería posible tener éxito en la lucha contra la subversión "si no se erradican los males expresados", decía.

En San Nicolás estaban organizados los Legionarios de Cristo Rey, a quienes el obispo acusaba de vinculaciones con el arzobispo cismático francés Marcel Lefébvre y había un núcleo integrista de Tradición, Familia y Propiedad. Entre esos laicos que llegaron a denunciar a Ponce de León ante la Nunciatura estaba Héctor Hernández, hermano de un sacerdote. Para manifestar su hostilidad hacia el obispo, Hernández llegó a leer un libro en forma ostensible mientras Ponce de León pronunciaba una homilía. Hernández era colaborador habitual de la revista integrista Mikael, que editaba el Arzobispado de Paraná a cargo del vicario general castrense Adolfo Tortolo y dirigía el sacerdote Alberto Ezcurra Uriburu, fundador de la Guardia Restauradora Nacionalista. Junto con el informe de Saint Amant, el archivo de la Cancillería guarda el esquema manuscrito en el que se inspiró, con las líneas internas, los nombres y las alcahueterías sobre los sacerdotes de San Nicolás. Está escrito con una letra elegante, parecida a la del laico Hernández, quien entonces era abogado de Somisa y hoy es defensor oficial en los Tribunales Federales de San Nicolás.

Según Saint Amant, Ponce de León, "vive atemorizado" y en sus sermones dice que recibe permanentes amenazas. Los colaboradores del obispo dicen que las amenazas las formulaba Saint Amant, quien lo llamaba "obispo rojo". Cuando Ponce de León intercedió por varias personas desaparecidas, el militar le respondió:

–Sí. Yo los detengo. ¿Y qué? Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted, y a usted todavía no puedo porque es obispo.

Las amenazas al obispo llegaban primero por carta y por teléfono, pero luego pasaron a ser personales, con insultos en la calle cuando salía a caminar. Una de esas cartas decía: "Antes fue Angelelli, ahora te toca a vos". Otra anunciaba: "Preparate porque en julio se te acaba". En ambas lafirma era el dibujo de un ataúd. Sus colaboradores más próximos sentían que Ponce de León estaba "cercado, tenía los teléfonos controlados".

El choque

Dos oficiales de policía llegaron al sanatorio de Buenos Aires donde estaba internado el seminarista nicoleño Nicolás Gómez. Querían saber quién era su obispo, si vendría a visitarlo, y cuándo. Gómez y su padre respondieron que Ponce de León les había prometido que vendría la mañana del lunes 11. Tenía también otros motivos para el viaje. Había preparado una carpeta para la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros y torturas en San Nicolás y Villa Constitución. Uno de sus sacerdotes afirma que era una carpeta azul con el título "Asesinato de los padres y seminaristas palotinos". Con esa documentación salió a la ruta, acompañado por el laico Víctor Oscar Martínez, de 19 años, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en la Prefectura de San Nicolás. El obispo era su tutor judicial desde que el muchacho tenía doce años. A las 6.40 de la mañana, cuando aun no había amanecido, el auto Renault 4 del Obispado fue embestido en la ruta 9 por una pick-up. Atendido en primer momento en Ramallo, Ponce de León fue trasladado a la clínica San Nicolás en "coma profundo, con fractura y hundimiento de cráneo" según la instrucción policial.

Pero la presunta fractura no aparecerá luego en el informe del sanatorio donde fue atendido. Su historia clínica, si la hubo, no quedó archivada. Tampoco se citó a declarar ni se solicitó documentación a la clínica de Ramallo a la que Ponce de León fue llevado en primer momento. Sólo su madre pudo verlo. Ni siquiera a su médico personal se le permitió pasar a la sala de terapia intensiva. La documentación que llevaba desapareció. Nunca se practicó un peritaje accidentológico ni de ingeniería mecánica para establecer cómo se produjo la colisión. En ningún lado consta que se haya realizado la autopsia, aunque ni el médico policial ni un forense hicieron un examen externo del cuerpo para determinar causas evidentes de muerte que la hicieran innecesaria. Tampoco hay un certificado médico que establezca los motivos de la defunción. La clínica donde el obispo agonizaba fue rodeada por fuerzas militares y policiales y lo mismo ocurrió con la Catedral luego de su muerte, tal como había sucedido en La Rioja cuando el asesinato de Angelelli. Los militares temían una reacción popular porque nadie creía que se hubiera tratado de un accidente. El expediente judicial contiene irregularidades y omisiones más graves. Contra lo usual, la policía devolvió los vehículos y su contenido sin que se certificara la propiedad de cada uno y no describió el contenido de los dos portafolios que llevaba Ponce de León.

Tres versiones

El conductor de la pick-up F100, modelo 77, Luis Antonio Martínez, declaró que debió frenar en forma brusca para no embestir a un colectivo. Como la ruta estaba mojada, la camioneta patinó y se cruzó a los trompos sobre la otra mano, por donde avanzaba el Renault. Nada se hizo para determinar por qué no quedaron huellas en el pavimento. Ni la policía ni el juez buscaron testigos del choque. Tampoco identificaron al colectivo ni al chofer y sus pasajeros que podrían haber relatado lo sucedido. La escueta instrucción judicial no verificó si las heridas que causaron la muerte del obispo eran compatibles con los daños del vehículo en que viajaba. Nunca se estableció quienes llevaron al obispo moribundo al hospital ni en qué vehículo.

Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante en la pick-up, Carlos Sergio Bottini, viajaban hacia Entre Ríos "por razones comerciales" de la empresa Agropolo S.A. dedicada a negocios agropecuarios y propietaria de la pick-up. Bottini se identificó como directivo de Agropolo, con domicilio en Viamonte 1866, de la Capital, esto es, a pocos metros de lasede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón. El juez le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acreditaba su propiedad. Ni la existencia real de Agropolo, ni sus negocios fueron objeto de constatación.

Cuando la policía buscó los antecedentes de Luis Antonio Martínez, la empresa en que trabajaba ya no fue mencionada como Agropolo sino como Don Paco. Recién dos meses después el juez Oberdán Andrín, cuñado del ex hombre fuerte del peronismo San Nicolás, José María Díaz Bancalari, escuchó por primera vez a los tripulantes de la pick-up. El 18 de julio de 1978, condenó a Martínez a seis meses de prisión, dejó la pena en suspenso y lo inhabilitó para manejar durante cinco años. La única descripción de lo sucedido en todo el expediente es la del condenado por homicidio culposo. Aun así, en la apelación surgieron dudas sobre su relato. En setiembre de 1978 la Cámara de San Nicolás destacó que el conductor había dado tres versiones distintas de lo sucedido. Los camaristas se limitaron a afirmar que en cualquier caso su responsabilidad era indudable y confirmaron la condena pero no les interesó profundizar en las causas del cambio de versión. Nadie tomó declaraciones sobre las amenazas y persecuciones al obispo, que todos conocían en San Nicolás.

La intervención

Las amenazas a los colaboradores del obispo continuaron después de su muerte. Les exigían que abandonaran el trabajo pastoral en las villas y con los obreros de la zona. Muchos de ellos partieron al exilio. El nuncio Pío Laghi envió como administrador apostólico al obispo Oscar Justo Laguna, cuya llegada fue vivida por el clero como una intervención porque abandonó la línea pastoral de Ponce de León.

Uno de los sacerdotes del presbiterio nicoleño, José Karamán, califica como "nefasta" la gestión de Laguna. "Su misión fue desarmar lo que Ponce había armado". Afirma que frente a una diócesis dolorida actuó con histeria. "Nos decía que parecíamos las viudas de Ponce y que estaba harto de oír hablar de él. ¿De qué quería que habláramos, de Lola Flores?" También considera que actuó con soberbia, haciendo pesar sus conocimientos teológicos ante sacerdotes de menor formación. Además tuvo miedo de interceder por "unos muchachos que habían sido detenidos", lo cual provocó un serio incidente en el que un sacerdote amagó con pegarle y otro se interpuso para impedirlo. El retrato se completa con alusiones a la prepotencia que usó en la relación con los presbíteros. "Manejaba información y había averiguado vida y milagros de los curas". Creía que eran "tipos peligrosos". Luego de recorrer la diócesis "se sorprendió porque celebrábamos misa normalmente. ¿Qué esperaba, alguna orgía?" Sin embargo, cuando Saint Amant protestó por la continuidad del párroco de la Catedral, Carlos Pérez, quien se había negado a recibir al vicario castrense Tortolo para la confirmación de 200 soldados, porque "su figura es mal vista por el clero diocesano", Laguna no aceptó removerlo.

La biografía oficial de Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, incluye juicios críticos hacia Ponce de León y Angelelli. "Para actuar en favor de los más necesitados no era inevitable caer en los extremismos" de ambos, que habían "alcanzado niveles de fuerte radicalización teológica y pastoral", dice. Mientras duró su intervención en el Obispado, Laguna designó para representarlo en la causa penal al abogado Luis Alberto Gritti, quien en ese momento era Delegado en San Nicolás de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. A sus órdenes trabajaba el laico Hernández, pero también el abogado Héctor García Huerta, quien en la misma causa asumió la defensa del conductor procesado, Luis Antonio Martínez. Los tres eran amigos personales. Grittiy Hernández son incluso parientes políticos. Gritti reconoció su firma en el viejo expediente penal pero dijo que nunca supo que su compañero de oficina García Huerta hubiera sido el defensor del hombre que manejaba la camioneta que causó la muerte del Obispo. Lo espera una denuncia por falso testimonio.

Expedientes

Además del expediente provincial por la muerte de Ponce de León hubo una causa federal paralela. En 1984 fue solicitada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Del juzgado federal de San Nicolás la retiró la Policía Federal, pero al CONSUFA nunca llegó. El expediente provincial también se consideraba perdido. Había sido retirado del archivo en 1997 por el juez provincial nicoleño Alberto Moreno y desde entonces se le perdió el rastro. Un día de 2004, el fiscal interino de San Nicolás Juan Patricio Murray tocó la puerta del despacho del defensor oficial Héctor Hernández, e ingresó sin esperar respuesta.

–Acá estamos matando un obispo –bromeó el prosecretario administrativo de la Defensoría, Luis Ré (un viejo funcionario judicial, hijo de un militar).

Murray se acercó y vio sobre el escritorio de Hernández un viejo expediente abierto en una página con fotos de dos vehículos después de un choque. De pie junto a Hernández, la empleada Franca Padullo observaba las fotos. Muy molesto con la situación, Hernández explicó:

–Franquita tenía la versión transmitida por sus padres de que al obispo Ponce de León lo habían asesinado en la época del Proceso, y yo le estaba mostrando el expediente para que verificara que había sido un accidente, que no era posible que personas honorables como un juez, su secretario, un fiscal, un abogado defensor, tres jueces de Cámara, un secretario y un fiscal de Cámara se hayan puesto de acuerdo para hacer aparecer como accidente un atentado.

Murray se retiró sin hacer comentarios. Pocos días después el expediente reapareció en el archivo. Hombre de otra generación, Murray descubrió en él la abrumadora serie de irregularidades cometidas por la policía y el juez Andrín y requirió el pase de la causa al fuero federal donde ahora por fin, se podrá hacer justicia por el asesinato de Ponce de León.

Los asesinatos de Angelelli y Ponce de León

El eslabón perdido

Los asesinatos de los obispos Enrique Angelelli, de La Rioja, y Carlos Horacio Ponce de León, de San Nicolás, en agosto de 1976 y julio de 1977, presentan tan llamativas similitudes que sugieren una común inspiración operativa. Ambos crímenes se realizaron de modo de que parecieran accidentes de carretera, en ciudades donde tenían asiento sendos batallones de ingenieros del Ejército. El eslabón perdido entre ambos casos es el coronel Osvaldo Pérez Battaglia.

Por Horacio Verbitsky

"Ustedes son comunicadores y se les plantea este desafío de la projimidad: hacerse prójimo para que .a través de esa comunicación de cercanía. se implante la verdad, la bondad, la belleza, que trascienden la coyuntura y la espectacularidad y que, mansamente, siembran humanidad en los corazones". Cardenal Jorge Mario Bergoglio, ante la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Luego de leer la nota del domingo pasado sobre el asesinato del obispo Carlos Ponce de León, un actual ministro que hizo su carrera política en San Nicolás le preguntó al autor quién era el jefe militar de La Rioja cuando mataron a Angelelli.

–Pérez Battaglia.

–Me lo imaginaba. Era de San Nicolás, un petiso pelado que se hacía el malo. En esa época viajaba todos los fines de semana a San Nicolás, donde tenía a la familia –dijo el funcionario.

El coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia era jefe del Batallón riojano, mientras el Batallón de San Nicolás era conducido por el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant. Pérez Battaglia murió hace seis años, pero Saint Amant vive y en los próximos días deberá responder ante la justicia por otro caso que vincula La Rioja con San Nicolás: la desaparición forzada de María Cristina Lanzilloto y Carlos Benjamin Santillán. Los restos de la riojana Lanzilotto fueron identificados esta semana por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Nacido en la Capital Federal en 1926, Pérez Battaglia egresó del Colegio Militar en uno de los últimos puestos de la promoción 78 (su orden de mérito fue 242, sobre 246), cuyos integrantes llegaron al comando de unidades en torno del golpe militar de 1976. Pérez Battaglia es un nicoleño por adopción. En su primer grado militar, en 1950, fue designado jefe de la sección de zapadores motorizados de San Nicolás. Allí conoció a la veinteañera María Teresa Pérez, una nativa de esa ciudad industrial, con la que se casó y tuvo dos hijos: Teresita nació en 1953 y Jorge en 1957. Ascendido a teniente, en 1954 consiguió una nueva designación en la ciudad de sus afectos, esta vez como jefe de pontoneros zapadores. Entre 1970 y 1975 estuvo destinado en Rosario, a 70 kilómetros de San Nicolás. Esta proximidad le permitió mantener el contacto con su familia. Los compañeros de promoción de su hijo en la Escuela Normal de San Nicolás fueron invitados a visitar el Comando del Cuerpo II y almorzaron en su casino de Oficiales, en la casona de Córdoba esquina Moreno, frente a la Facultad de Derecho.

Vidas paralelas

En agosto de 1968 Pablo VI designó a Enrique Angelelli al frente de la diócesis riojana. Allí promovió la creación de sindicatos de mineros,peones rurales y empleadas domésticas, de cooperativas de trabajadores para fabricar tejidos, ladrillos, relojes, pan y para poner a producir los latifundios ociosos. Una de esas cooperativas reclamaba la expropiación de un latifundio, propiedad de un usurero que se había ido apropiando de los pequeños fundos de sus deudores y que consumía el 70 por ciento del agua de la zona. Durante la campaña electoral de 1973, el candidato Carlos Menem prometió que entregaría el latifundio a la cooperativa y lo reiteró luego de asumir la gobernación. Angelelli se sintió confiado y el 13 de junio de 1973 viajó al pueblo natal de Menem, Anillaco, para presidir las fiestas patronales de San Antonio. Lo recibió una algarada conducida por un grupo de comerciantes y terratenientes. Entre ellos estaban el hermano del electo gobernador, Amado Menem, y sus hijos César y Manuel Menem, quienes junto a otros propietarios se habían sublevado contra el obispo. Ante la pasividad policial, manifestaron frente al templo, declararon a Anillaco Capital de la Fe e irrumpieron por la fuerza en el templo y la casa parroquial. Cuando Angelelli se retiró luego de suspender las celebraciones religiosas, lo corrieron a pedradas. Arguyendo la intranquilidad social, Menem retiró su apoyo a la cooperativización del latifundio. Angelelli atribuyó la agresión a un sector que procura .el mantenimiento de sus privilegios" y mencionó a los grupos Cruzada Renovadora de Cristiandad y Tradición Familia y Propiedad. También suspendió las ceremonias litúrgico-sacramentales en todos los templos de la parroquia. Los sacerdotes riojanos habían pedido la excomunión de los Menem y sus acompañantes, pero Angelelli prefirió una sanción menos drástica y los declaró "incursos en entredicho personal", lo cual los privaba de asistir a celebraciones religiosas y recibir los sacramentos sólo en forma temporaria.

Renuncias

El superior general de los Jesuitas, Pedro Arrupe, y el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, visitaron La Rioja donde respaldaron a Angelelli. Arrupe dijo que Angelelli seguía las opciones del Concilio y del Papa. Zazpe llegó como auditor enviado por la Santa Sede luego de que Angelelli ofreciera su renuncia al Consejo Presbiteral y pidiera a Pablo VI que le ratificara o retirara la confianza. Los entredichos le exigieron la remoción de Angelelli, mientras desde un altoparlante se difundían marchas militares. Todos los sacerdotes de la diócesis salvo tres se reunieron con Zazpe y le dijeron que los poderosos manoseaban la fe para "mantener una situación injusta y opresora del pueblo" y aprovechar "la mano de obra barata y mal pagada". El presidente de la Conferencia Episcopal, Adolfo Tortolo, sostenía que el Episcopado no debía mediar en los problemas riojanos (lo cual implicaba poner en un pie de igualdad al obispo y a los rebeldes) y el Nuncio Lino Zanini apoyó a los sancionados, a quienes obsequió con sendos crucifijos. Al concluir su inspección Zazpe concelebró la misa con Angelelli en la catedral y proclamó que la diócesis riojana era una servidora de los pobres como habían pedido el Concilio y Medellín y que su pastoral "es la pastoral de la Iglesia universal". Uno de los sancionados le dijo que Angelelli "se va por las buenas o por las malas, y si no es por las malas será lo peor". Durante una visita a la base aérea de Chamical, en La Rioja, el provicario castrense Victorio Bonamín dijo que el pueblo había cometido pecados que sólo podían redimirse con sangre. Ése era el clima en noviembre de 1975, cuando Pérez Battaglia asumió como jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, con sede en la ciudad capital de La Rioja.

Comunicado número uno

El 12 de febrero de 1976, el Ejército arrestó al vicario general de la diócesis de La Rioja, Esteban Inestal, y a dos jóvenes del MovimientoRural diocesano. Uno de los oficiales les dijo que Juan XXIII y Pablo VI habían destruido la Iglesia de Pío XII, que los documentos de Medellín eran comunistas y que la Iglesia riojana estaba separada de la Iglesia argentina. Angelelli ofreció una vez más su renuncia a la Conferencia Episcopal. Durante la inauguración del curso lectivo en la base aérea de El Chamical, el vicecomodoro Lázaro Aguirre interrumpió la homilía que pronunciaba Angelelli sobre la responsabilidad social de los cristianos:

–Usted hace política –le gritó. Angelelli suspendió los oficios religiosos en la capilla de la base.

Como jefe de la Guarnición militar de La Rioja, el 24 de marzo de 1976 Pérez Battaglia fue designado interventor federal en la provincia y encarceló al gobernador Menem. A su cargo quedó el Area de Seguridad 314. Pérez Battaglia fue así el responsable político y militar de la provincia. De él dependían todas las fuerzas militares y de seguridad (Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal y provincial, Gendarmería), entre ellas los Comandos Operacionales Tácticos. También la justicia le fue subordinada. "Intenté presentar un habeas corpus, pero el juez federal Roberto Catalán dijo que esperaba instrucciones del jefe del Batallón 141, Osvaldo Pérez Battaglia", declaró un testigo ante la Comisión Provincial por los Derechos Humanos que se creó en La Rioja al concluir la dictadura, en 1985. Al regresar de un viaje, la valija de Angelelli fue violentada en la oficina de Aerolíneas Argentinas en La Rioja. En una carta a su amigo Héctor Bertaina (reproducida por Luis Miguel Baronetto en un libro sobre "Vida y martirio de monseñor Angelelli") el obispo dijo que ello ocurrió por orden de Pérez Battaglia. También escribió que el militar lo trataba en forma grosera y lo llamaba "llorón" cuando reclamaba. Angelelli viajó a Córdoba para apelar ante el jefe de Pérez Battaglia, el jefe del Cuerpo III, general Luciano Menéndez. Para mayor seguridad, pidió que lo acompañara el cardenal Raúl Primatesta. Menéndez le contestó en forma muy seca:

–El que tiene que cuidarse es usted.

Estaciones del Calvario

En la primera reunión plenaria del Episcopado después del golpe, en mayo, Angelelli usó un ayuda memoria de 37 puntos, que llamó estaciones del Calvario riojano. Cada uno detallaba una agresión contra el obispo o sus sacerdotes. Incluía el allanamiento y clausura de una casa parroquial, la detención de sacerdotes y seminaristas, la demora y detención de religiosas, la prohibición de celebrar misa en la cárcel, la transmisión radial de la misa celebrada por el capellán militar Mario Pellanda López, en el Batallón que comandaba Pérez Battaglia, pero no la del obispo en la Catedral; la requisa de equipajes y documentos a los participantes de los ejercicios espirituales, la requisa al propio obispo en el santuario popular del Señor de la Peña, la detención e interrogatorios coercitivos a laicos por su contacto con la Iglesia riojana, las cesantías y despidos de personas vinculadas con la Iglesia, etc.

En apoyo de Angelelli, el obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, contó que en su diócesis además de la detención de sacerdotes se habían producido allanamientos a parroquias y casas religiosas. Se vivía un "clima de terror". A los sacerdotes detenidos se los interrogaba sobre el obispo. Uno de ellos, el salesiano López Molina, fue maltratado. También denunció ataques violentos a algunas casas con el objeto de robar. El propio Ponce de León había estado presente en un allanamiento y fue sometido a humillaciones. También se pegaron afiches contra la Iglesia en los que se reclamaba la .defenestración. del obispo.

El 13 de junio, al cumplirse el primer aniversario del tumulto que corrió a Angelelli de Anillaco, los terratenientes celebraron el "Día de la Defensa de la Fe", con el apoyo de Pérez Battaglia, quien organizó allí undesfile militar. El sacerdote Carlos Murias dijo en una homilía que podrían acallar la voz del obispo pero no la de Jesús. El 18 de julio a las nueve y media de la noche, fue secuestrado junto con el sacerdote Gabriel Longueville de la casa religiosa donde vivían. El 20 por la tarde un empleado ferroviario encontró los cadáveres de ambos sobre una vía, maniatados, con restos de cinta adhesiva y algodón en la boca. Uno de ellos había sido mutilado y la autopsia indicó que había padecido una muerte lenta. Los cuerpos estaban cubiertos por mantas del Ejército y junto a ellos había una lista con nombres de sacerdotes. Pérez Battaglia prohibió que se publicara el comunicado del obispo y hasta el aviso fúnebre que informaba del asesinato. En cambio firmó un comunicado en el que, ante denuncias sobre desaparición de personas, anunciaba más operaciones para "erradicar definitivamente de la provincia a los delincuentes subversivos e ideológicos".

Reunido con sus sacerdotes, Angelelli dibujó una espiral que se cerraba y señaló el centro. "Buscan un copete colorado. Ahora me toca a mí". Los vicarios zonales le sugirieron que se alejara por un tiempo, pero se negó. El 4 de agosto de 1976 cerró su informe sobre la situación con la frase "poseo otros datos que por prudencia no debo escribir" y emprendió viaje a La Rioja con el sacerdote Arturo Pinto. Salieron después del almuerzo una vez que Pinto revisó el auto. El obispo iba al volante. A las tres de la tarde en el camino entre El Chamical y La Rioja fueron seguidos por otro vehículo, un Peugeot 404 claro, que los pasó y los encerró. Según Pinto "se produjo como una explosión. Y a partir de ese momento no recuerdo más nada".

El primer médico que lo atendió dijo que, inconsciente, Pinto murmuraba: "los papeles, apúrese que nos alcanzan". La camioneta dio varios tumbos. El cuerpo de Angelelli fue hallado a veinticinco metros del vehículo, cara al cielo, con los brazos extendidos hacia atrás, descalzo y con la piel de los talones raspados, pero sin marcas similares en el rostro o la calva. Según la justicia los autores arrastraron el cuerpo luego del vuelco. Un camionero vio el cuerpo "ubicado con llamativa prolijidad, derecho, sin magulladuras ni hematomas" cuando "toda persona que es despedida de un vehículo cae como desparramada, desarticulada". La misma impresión transmitió el primer sacerdote que llegó al lugar y encontró el cuerpo rodeado de policías y militares que empuñaban armas largas. "Me daba la impresión de que lo habían sacado del auto, liquidado y arrastrado hasta ahí, porque tenía las manos hacia atrás. En un accidente uno se enrolla todo, se defiende. No, estaba bien estirado." La autopsia indicó como causa de muerte fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica pero la ropa del obispo no mostraba desgarraduras. Pérez Battaglia llamó por teléfono al director del diario El Independiente, Américo Torralba y le ordenó:

–Hay que publicar que fue un accidente por el reventón de la goma trasera.

Un sacerdote que llegó a poco del vuelco intentó retirar el maletín, la carpeta y las pertenencias de Murias y Longueville que Angelelli llevaba consigo, pero los militares se lo impidieron. El teléfono sonó en el despacho del ministro del Interior. El general Albano Harguindeguy escuchó a su interlocutor. "Su cara se iluminó con una sonrisa", narró el ex ministro de Defensa José Antonio Deheza, quien lo visitaba para pedirle la libertad de dirigentes peronistas detenidos. Igual que en el caso de los palotinos asesinados un mes antes en la iglesia de San Patricio, los papeles que llevaba Angelelli llegaron al despacho de Harguindeguy en una carpeta que decía "Confidencial". Cuando las cosas que llevaba el obispo fueron devueltas a la Curia, cinco días después, era evidente que habían sido revueltas. El informe sobre el asesinato de los curas del Chamicalapareció no en el maletín sino en la valija con ropas, el orden de las fojas había sido alterado y había tildes en algunas de ellas.

La prudencia
de las serpientes

La noche del 4 de agosto de 1976, camiones de asalto con tropas ocuparon las entradas de la Catedral riojana. Se proponían allanar el dormitorio de Angelelli y detener a los fieles que se aproximaron al conocer la noticia de su muerte. Cerca de medianoche, luego de largas discusiones entre sacerdotes y militares, se abrieron las puertas y grupos de personas cantaron y rezaron. El 6 de agosto, luego de la misa concelebrada ante el cuerpo de Angelelliy de su entierro, el nuncio Pío Laghi, Primatesta y Zazpe hicieron una visita protocolar a Pérez Battaglia, quien les aseguró que se había tratado de un accidente. Según el obispo Oscar Justo Laguna, en un primer momento Laghi lo creyó, hasta que entró en dudas y terminó convencido de que había sido asesinado. Laghisostiene haber presentado una enérgica protesta a las autoridades:

–Deben demostrarme que sucedió lo contrario de lo que yo supongo –dice que dijo.

En su primera edición posterior a la muerte de Angelelli, el diario vaticano L’Osservatore Romano presentó el caso como un "extraño accidente". Pero el cardenal Juan Carlos Aramburu declaró que "no había pruebas concretas para hablar de un crimen" y no se produjo la esperada protesta vaticana. Sin embargo la biografía oficial del nuncio es hipercrítica con Angelelli, a quien vincula con "los extremismos que proponía la Teología de la Liberación". Para ello Laghi y sus colaboradores, Laguna y Jorge Casaretto, fuerzan los hechos. Los autores sostienen que Pablo VI dio orden de que no se tomaran fotos para no "inmortalizar" la última visita del "incómodo" obispo riojano al Papa, debido a sus "heterodoxias doctrinales". No es así. Pablo VI se fotografió en el gesto afectuoso de tomar la mano de Angelelli el 7 de octubre de 1974 en el Vaticano. Esa imagen ilustra la biografía del obispo asesinado escrita por el domínico Luis O. Liberti.

Tres días después del entierro de Angelelli, la Conferencia Argentina de Religiosos dirigió un angustioso llamado a Primatesta en busca de protección. Primatesta respondió que los obispos habían elegido ser "prudentes como las serpientes" porque estaban convencidos de que "hay tempus loquendi y tempus tacendi". Tempus tacendi quiere decir tiempo de callar. Ese mandato se mantuvo a lo largo de las décadas. Fueron los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak y Miguel Hesayne, junto con Adolfo Pérez Esquivel y Emilio Mignone, quienes aun durante la dictadura presentaron la denuncia por el asesinato de Angelelli, que la justicia riojana dio por probado el 19 de junio de 1986. El juez Aldo Morales sentenció que se había tratado "de un homicidio fríamente premeditado". Cuando el juez dirigió un exhorto a Primatesta, inquiriendo si conocía algún elemento que pudiera vincularse con la muerte de Angelelli, el cardenal respondió secamente que no. El Episcopado sigue sin asumir lo sucedido. En una declaración emitida en 2001 aun sostiene que Angelelli "encontró la muerte" y que "la muerte lo encontró" y se abstiene de mencionarlo como mártir. Hesayne replicó: "Tenemos más pruebas de su martirio que del de muchos mártires de los primeros siglos del cristianismo".

Que parezca un accidente

Angelelli fue asesinado en la ruta el 4 de agosto de 1976; Ponce de León el 11 de julio de 1977. En ambos casos se simularon accidentes carreteros. Durante su desempeño al frente de la guarnición riojana, Pérez Battaglia viajaba los fines de semana a San Nicolás. Durante los primeros años de sucarrera militar alquilaba un departamento en Malabia 2200 de la Capital Federal. Pero luego se construyó una casa en San Nicolás, donde vivía su familia. No era un hombre que pasara inadvertido. Los socios del Club Belgrano recuerdan su irrupción, pistola a la cintura, para amenazar a un grupo de muchachos que habían fastidiado a su hijo. En esos viajes, Pérez Battaglia confraternizaba con el jefe del Batallón de Ingenieros de San Nicolás, el teniente coronel Saint Amant, quien se había hecho cargo de esa unidad en diciembre de 1975. Se conocían desde la adolescencia. Cuando Saint Amant ingresó al Colegio Militar, en marzo de 1948, Pérez Battaglia cursaba el último año y fue su jefe de sección en la Compañía de Ingenieros. Este ascendiente de un superior sobre su subordinado se mantiene a lo largo de toda la carrera. Había, además, otras afinidades. Igual que Pérez Battaglia en La Rioja, Saint Amant se vinculó con los sectores integristas de la Iglesia nicoleña, los Legionarios de Cristo Rey y Tradición, Familia y Propiedad, y comenzó a hostigar al obispo Ponce de León y a sus presbíteros. Cuando Ponce de León intercedió por varias personas desaparecidas, el militar le respondió:

–Sí. Yo los detengo. ¿Y qué? Voy a hacer desaparecer a todos los que están con usted, y a usted todavía no puedo porque es obispo.

Saint Amant llamaba a Ponce de León "obispo rojo". Su primer informe al jefe del Cuerpo I, Carlos Suárez Mason sobre la denominada lucha contra la subversión en San Nicolás, estuvo dedicado a Ponce de León, contra quien propuso operar. Según la doctrina católica, escribió, el obispo es sucesor directo de los Apóstoles, la unión con la Iglesia se hace mediante la unión al obispo y fuera de la Iglesia no hay salvación. Los católicos que se cuestionan la actuación del obispo "piensan que ponen en juego su salvación eterna". Por eso "hace falta lucidez intelectual y cierto coraje para entender que un obispo es traidor a la Iglesia, y para obrar sin el respeto que la doctrina enseña para con el sacerdote cuando éste está destruyendo su Patria y su fe". No sería posible tener éxito en la lucha contra la subversión "si no se erradican los males expresados", decía.

Retirado en 1981, Pérez Battaglia se radicó en San Nicolás. Su hija Teresita se casó con el cardiólogo Roberto Fernández Viña, quien ahora es Concejal justicialista. En 1991 y 1992, Pérez Battaglia llegó a ser gobernador del Distrito 5 del Club de Leones, con cabecera en San Nicolás. Su lema era "Por un leonismo sincero, fraterno y solidario". Allí cultivó algunas amistades más liberales con profesionales y empresarios muy conocidos en San Nicolás, como Bonelli, Scaglia y Ondarchu. Pérez Battaglia murió hace seis años.

Saint Amant se retiró en 1992. La semana pasada, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, inspeccionó en compañía del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, el campo clandestino de concentración que funcionó en la Unidad Penal 3 de esa ciudad. Dos ex agentes penitenciarios declararon que allí estuvo detenido el matrimonio formado por la riojana María Cristina Lanzilloto y el santiagueño Carlos Benjamin Santillán, dos militantes del PRT-ERP, quienes fueron torturados por personal policial y del Ejército en ese lugar, que Saint Amant visitaba con frecuencia. La semana pasada, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de la mujer. Su hermana, la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Alba Lanziloto, dejó La Rioja en julio de 1976 para escapar de la persecución de Pérez Battaglia. Ahora es querellante en la causa "Alvira, María Cristina y otros" donde también se investiga la desaparición forzada y torturas de un grupo de la Juventud Peronista, vinculado con la diócesis de San Nicolás y el Colegio Don Bosco y que podría culminar con la detención de Saint Amant.

El silencio del arzobispo

Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario, sabía de las detenciones y de la represión ilegal efectuada a partir del 20 de marzo de 1975 y no hizo nada para aliviar la situación de los perseguidos.

Por Carlos del Frade

Se negó a respaldar al entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y lo dejó solo en su aventura de pedir una entrevista a Alberto Rocamora, Ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Dos años después, Ponce de León era asesinado en la ruta a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, cuando se disponía a llevar los papeles de la represión ilegal en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo esto se desprende de las investigaciones que se están llevando a cabo en el juzgado federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo, con la participación del fiscal subrogante, Juan Murray. En estas causas comienzan a verificarse los trabajos conjuntos de los comandos del primer y segundo cuerpo de ejército y las demás fuerzas de seguridad de Buenos Aires y Santa Fe, como también los intereses privados beneficiados con la sangre derramada.

La complicidad

'Es necesaria la reivindicación del obispo Ponce de León', empieza diciendo Raúl Vacs, sobreviviente de las mazmorras del terrorismo de estado en San Nicolás, histórico dirigente del Partido Comunista y hoy militante por los derechos de los jubilados.

Su testimonio habla de la labor del obispo asesinado el 11 de julio de 1977, en cercanías de Ramallo, cuando Villa Constitución sufrió la invasión de cuatro mil integrantes de la policía federal, patotas del sindicalismo de derecha, grupos de la policía santafesina y personal de los Comandos del Ejército, tanto de Buenos Aires, como de Santa Fe.

-Me contacté con él a partir de aquella primera experiencia fascista en la Argentina que fueron los hechos de Villa Constitución. Yo estaba, en esos días de la invasión de la ciudad vecina a San Nicolás, en España.

Pero mi hijo estaba en la casa de un amigo, de Raúl Horton que era fotógrafo.

Ese día, el 20 de marzo de 1975, tuvieron que cobijarse debajo de una mesa por el ruido infernal de balas, los estruendos sobre los techos de zinc, las puertas violentadas. Fue una noche de terror.

El hijo de mi amigo, obrero y delegado de Acindar, pudo escapar de esa represión junto a Segovia, el único integrante de la comisión directiva del sindicato que siguió en libertad.

Raúl Horton hijo, entonces, comenzó a promover una comité de lucha por los presos de Villa Constitución.

Hablé con él en Rosario.

Y me pidió que hiciéramos todo lo posible para hablar con Alberto Rocamora, el entonces ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón. La idea era que Rocamora ofreciera garantías para hacer una entrevista con ellos y que, de paso, cuidara la vida de los activistas.

Nosotros hicimos un comité de ayuda en San Nicolás y en eso debo reconocer el notable papel que tuvo el intendente radical de entonces, Atilio Parodi. Las reuniones se hacían, justamente, en el local de la UCR.

Entonces decidí entrevistarme con monseñor Carlos Ponce de León.

Cuando lo fui a ver tuve que eludir la presencia de monseñor Mancusso que era el prototipo de la iglesia reaccionaria, todo lo contrario de Ponce.

Al fin pude llegar hasta él y le expliqué el problema.

-¿Cuándo tendría que viajar para entrevistarme con Rocamora? - me preguntó el obispo.

-Ayer -le dije-.

-No, ni ayer, ni hoy. Mañana. Porque primero tengo que entrevistarme con el obispo de Rosario porque Villa Constitución pertenece a la diócesis de Rosario. Yo se que se va a oponer. Pero necesito no pasar por encima de él. Como se que me va a decir que no, mañana viajo a verlo a Rocamora. Y lo hizo.

No tuvo ni la entrevista ni las garantías', contó Raúl Vacs.

Bolatti, en tanto, tenía como secretario al sacerdote Héctor García, el mismo que tiempo después exigiría regalos a los familiares de los desaparecidos que buscaban información sobre el destino de sus seres queridos.

Treinta años después, el arzobispado rosarino todavía no ha hecho ninguna autocrítica sobre su complicidad con el terrorismo de estado e incluso ha promovido a Eugenio Zitelli, capellán de la policía rosarina, al rango del monseñor, aprobado desde el Vaticano.

Ahora hay que sumarle, después de la declaración de Vacs, su desprecio por la suerte de un verdadero obispo cristiano como Carlos Ponce de León.

'Es necesario hacer que se conozca toda la pastoral de Ponce de León, especialmente en San Nicolás. Aquí los que piensan que fue asesinado, muchos creen que lo mataron por perejil. Y Ponce de León no era ningún perejil', agregó Vacs.

-Era un hombre muy preocupado por lo que acontecía en el país.

En una carta que envió en la cuaresma de pascua, dirigida a sacerdotes, laicos y fieles de la diócesis tiene párrafos notables:

'Esta carta de cuaresma pretende ser un reconocimiento de los pecados de nuestra iglesia diocesana y de esta sociedad, siempre hay que empezar por casa...'

'Es innegable el clima de tensión en el plano internacional y nacional, la falta de justicia hace difícil la paz, si quieres la paz trabaja por la justicia...En el orden nacional existe gran incertidumbre por el futuro político y económico. La acentuada influencia de las fuerzas armadas, la continua acción represiva, la funesta evasión impositiva, los quebrantos financieros con consecuencias definitorias como el cierre de fuentes de trabajo; un sindicalismo politizado en no pocos casos que debería responder más ampliamente a las necesidades de la clase trabajadora y que llega hasta traicionar los mismos intereses de los obreros. Conflictos planteados en la iglesia nacional que llevan al enfrentamiento de obispos entre si y con frecuencia obispos y sacerdotes con autoridades. Situaciones eclesiásticas que se definen más a nivel jurídico que en lo humano y pastoral'.

'Para muchos aparece una imagen de iglesia comprometida con el poder a través de discursos y hechos. Nuestra comunidad diocesana padece de diversos males que sostenerlos y callarlos sería hacerse cómplice de los mismos'.

Y este párrafo lo quiero subrayar con la carta firmada por el propio obispo y otras personalidades sociales que pidieron por mi libertad. Yo que era el secretario general del Partido Comunista de San Nicolás, era defendido y atendido por un obispo de la iglesia católica. Me siento orgulloso de haber recibido semejante ayuda.

Esa carta decía que 'evitar injusticias es también colaborar con el orden y el silencio de los deben y pueden opinar como los suscriptos están encaminados en ese sentido. De allí nuestro pedido de reparación', decía ese texto.

Y volviendo a la carta diocesana de la cuaresma, terminaba diciendo: 'Nos sentimos desbordados pero no derrotados. Ni somos pesimistas. Sabemos que estamos en la lucha con la esperanza que nos da Cristo y que nos transmite su alegría pascual'.

Este era el obispo Ponce de León. El mismo que hacía reuniones con los familiares de los detenidos desparecidos en plena catedral de San Nicolás. Y cuando estábamos en la cárcel nos hacía llegar sus especiales saludos a través de Mancusso que lo hacía a regañadientes, como mordiéndose la bronca. Esos especiales saludos eran para dos personas, uno era Ricardini, un muchacho peronista, afiliado al Peronismo Auténtico y que durante mucho tiempo ofició de monaguillo, y otro era el secretario del Partido Comunista, quien le habla. Un auténtico cristiano que hay que reivindicar', terminó diciendo Raúl Vacs, sobreviviente y militante por los derechos de los jubilados.

Las causas en San Nicolás

Juan Murray es el fiscal subrogante del juzgado federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo. Es quien está produciendo la prueba necesaria sobre los hechos que comenzaron a configurar el terrorismo de estado desde la invasión a Villa Constitución, en marzo de 1975 hasta 1983.

En diálogo con este cronista apuntó que desde agosto de 2004 requirieron 'la reapertura de todas las causas relativas a la represión ilegal instaurada en nuestro país entre 1975 y 1983 en todo el área que configuraba la vieja jurisdicción del juzgado de San Nicolás, que estaba comprendida por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Campana, Capitán Sarmiento, Zárate, Pergamino, Rojas y Colón', sostuvo.

Agregó que ya existen pruebas testimoniales que se incorporan en los diversos legajos aportadas por familiares de las víctimas que se presentaron como querellantes particulares.

A manera de ejemplo relató que en la causa Di Pasqua, la causa madre, se presentó Alba Lancilloto, que es secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. También están los testimonios de Claudio Novoa y Gastón Gonzálvez, en una matanza ocurrida en 1976 en calle Juan B. Justo, en San Nicolás; y las hermanas de Osvaldo Cambiasso, requiriendo la reapertura de la causa. Allí estuvo imputado Luis Abelardo Patti.

Apuntó que 'tiene una gran importancia la causa del obispo Ponce de León. Una causa especial que condensa todo lo que sucedió en ese período en esa jurisdicción, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Vamos reconstruyendo la relación entre todos los poderes económicos de la zona con la represión ilegal. Simples ciudadanos, laicos y religiosos están aportando testimonios muy importantes sobre la pastoral de Ponce de León. Se trataba de una personalidad notable. En San Nicolás hay una imagen de Ponce de León que pertenecía a una casta privilegiada o que tenía cierto espíritu conservador. Sin embargo, lo que vamos reconstruyendo, indica todo lo contrario. Una persona absolutamente crítica a las situaciones de injusticia, de acumulación de poder y dinero y creemos que en todo eso está la causa de la muerte de Ponce de León', afirmó.

En relación a la participación de policías y militares de la provincia de Santa Fe, Murray destacó que 'no solamente en Cambiasso Pereyra Rossi o en el quíntuple homicidio en San Nicolás, se ha determinado una comunicación fluida y una información proveniente del servicio de informaciones de la policía de la provincia de Santa Fe que se hizo presente en San Nicolás y que intervino en la matanza juntamente con personal de la policía federal, de la bonaerense y directamente coordinada por la jefatura del área militar 132 que estaba a cargo del teniente coronel Saint Aman. Eso se ha determinado y documentado en la causa. Y también por documentos de la época, de 1976. Toda la información y apoyo directo provino de la policía de Santa Fe bajo las órdenes del Segundo Cuerpo de Ejército', remarcó el fiscal subrogante.

En la causa Cambiasso - Pereyra Rossi se pidió la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final para ordenar 'la indagatoria de Patti, Spataro y Diéguez, porque la prueba obtenida en su momento ya eran suficientes para dictarles orden de procesamiento y no de sobreseimiento como se hizo. También en la causa Novoa tenemos datos muy firmes sobre quiénes fueron los asesinos de María del Carmen Granada pero estamos tratando de terminar de hilvanar toda la prueba de la causa', finalizó diciendo el fiscal.

Detrás de los asesinos materiales que comenzarán a desfilar por los tribunales de San Nicolás, están los intereses de las grandes empresas de la región sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, sus abogados, gerentes de personal y otros civiles que, por ahora, brillan por su ausencia en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Fuente: www.italy2.peacelink.org

Los dueños de la espada

La conspiración que llevó al golpe aún no fue dilucidada, pero se puede entrever en documentos y declaraciones, como indica Miguel Bonasso. Susana Viau y Luis Bruschtein rehacen el 24 que vivieron Rodolfo Walsh, Luis Brandoni, Liliana Herrero, Roberto Cossa y Liliana Chiernajowsky.

Por Miguel Bonasso

La historia secreta del 24 de marzo todavía no ha sido escrita. Ni siquiera existe un análisis riguroso de las causas que lo motivaron. En el imaginario colectivo, alimentado por las malversaciones teóricas de un vasto sector de la clase política y la inmensa mayoría de los medios, sigue gravitando una tesis banal: ante el vacío de poder generado por el catastrófico gobierno de María Estela Martínez de Perón, con su secuela de violencia generalizada, las Fuerzas Armadas ocuparon --de manera casi natural-- el Estado. Una tesis que ha servido, entre otras cosas, para prohijar la teoría de los dos demonios y ocultar un hecho decisivo: el contenido económico y social (de clase, podría decirse), que tuvo el golpe militar, aunque encubriera sus verdaderos propósitos en la lucha contra "la subversión" y la "delincuencia económica". El golpe del '76 encerraba un proyecto socioeconómico cuyos objetivos últimos serían alcanzados --paradójicamente-- en el gobierno "peronista" de Carlos Saúl Menem con el desmantelamiento del Estado de bienestar fundado por el primer Perón y la apertura de la economía a la "globalización". Como lo ha dicho con claridad y cierta envidia el propio ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz (h.), al señalar que la política económica de Domingo Felipe Cavallo representaba la "continuidad" de la suya. El esquema, por cierto, se sigue perfeccionando en la actual gestión de la Alianza, con la adscripción a los dictados del Consenso de Washington y la renovada flexibilización de una clase social a la que ya hicieron de goma. Ese esquema económico constituyó la razón principal de un golpe de Estado que fue planeado con gran anticipación hasta en sus menores detalles, como lo prueba --entre otros documentos-- el Plan del Ejército de febrero de 1976, firmado por el entonces jefe de Estado Mayor, general Roberto Viola. Donde puede apreciarse a simple vista que los pretendidos "excesos" de algunos individuos fueron en verdad políticas establecidas desde el alto mando. Incluyendo el robo de niños, que el actual jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, sigue negándose a reconocer. La decisión de dar el golpe fue tomada mucho antes del 24 de marzo. Y en esa decisión pesó de manera determinante el consejo y la visión estratégica de los sectores más concentrados del capital local estrechamente ligados al capital internacional (hoy diríamos, globalizado). Encarnados en el dirigente empresario José Alfredo Martínez de Hoz, al que pocos señalan hoy en día su carácter de ideólogo de la carnicería que ejecutaron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Rubén Agosti, como jefes de la primera junta militar. Sin embargo, el propio "Joe" reconoció en 1984 ante la Cámara de Diputados (que investigaba la dolosa "nacionalización" de la Compañía Italo Argentina de Electricidad) que él visitó al general Videla, cuando éste era jefe del Estado Mayor Conjunto, "en el curso del año 1975". En ese momento Martínez de Hoz presidía el poderoso Consejo Empresario y concurrió junto con otros hombres de negocios para expresarle al militar su preocupación porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y recordarle que se debía asegurar "el imperio del orden sobre todas las cosas". Videla escuchó con reverencia clasemediera las preocupaciones de este patricio, hijo y nieto de los terratenientes que fundaron la Sociedad Rural y articularon sus intereses con los del capital financiero internacional (Rockefeller, banca Morgan, etc.) y supo cumplir su papel. Para ese entonces, la movilización de las bases sindicales contra el Rodrigazo (el brutal plan de ajuste dispuesto por el ministro de Economía de Isabel, Celestino Rodrigo) había logrado la expulsión del gobierno y del país del "Brujo" José López Rega, que pretendía ser el poder tras el trono de la viuda de Perón. Hecho decisivo que fue inteligentemente interpretado por los sectores dominantes: la derecha peronista (política y sindical) ya no les servía como instrumento para domesticar a la base social que decían representar; su desgaste los inhabilitaba para encarar con rigor y a fondo la reforma del Estado y el aparato productivo que propiciaba el gran capital. Para colmo, en las Coordinadoras de Base sindicales, iba surgiendo un nuevo tipo de dirigentes que el líder radical Ricardo Balbín no trepidaría en denunciar como "guerrilla industrial" y que constituían un potencial más peligroso para la "entente" de generales y empresarios que el accionar militar de las organizaciones armadas (ERP y Montoneros) que estaban lejos de representar un verdadero desafío bélico. En rigor, cuando llegó el golpe, la guerrilla guevarista del ERP había sufrido ya el desastre de Monte Chingolo y estaba por ser aniquilada en Tucumán. Montoneros aún conservaba la mayoría de sus cuadros y era más peligrosa para los militares por su influencia sobre el ala juvenil y radicalizada del movimiento de masas, pero pesaba sobre ella el anatema de Perón en la Plaza de Mayo (primero de mayo de 1974) y su propia tendencia a militarizar la política que la llevaría a encerrarse en el aparato antes que a replegarse en la base social para afrontar un largo período de resistencia. Sin embargo, los militares no ignoraban que había vasos comunicantes entre la "guerrilla industrial" y la guerrilla a secas, y no los subestimaron, como queda de manifiesto en el citado plan del golpe redactado por Viola. Los contactos entre empresarios y militares se hicieron cada vez más frecuentes, con la intermediación de un hombre que combinaba la filosofía de Ortega y Gasset (era amigo de su discípulo Julián Marías) con los buenos negocios: el ex ministro de Justicia de la dictadura de Alejandro Lanusse, Jaime "Jacques" Perriaux. Un empresario vinculado como "Joe" a la oligarquía (La Vascongada, La Querencia SA) y al capital extranjero (Citroën, Pfaff Bromberg etc.). La última de esas reuniones --según Martínez de Hoz-- se hizo con Massera como anfitrión en el comando de la Armada. Para ese entonces las principales empresas del país --entre las que destacaba la siderúrgica Acindar, fundada por el ingeniero Arturo Acevedo y presidida casualmente por "Joe", el futuro ministro de Economía del golpe-- habían establecido un sistema de espionaje y vigilancia, junto con la policía y los servicios, para individualizar a los principales activistas. En mayo de 1975, la represión de la gran huelga de Villa Constitución, dirigida por Alberto Piccinini --un metalúrgico rebelde a la conducción de Lorenzo Miguel-- había constituido un ensayo general de los métodos que se aplicarían después del 24 de marzo, incluyendo el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país.

Pero el golpe de clase necesitaba además cierto consenso o al menos neutralidad de la clase política, que viniera a complementar la decidida participación de gran parte de la jerarquía católica. En octubre del '75 algunos jefes militares como el comandante del Primer Cuerpo, Carlos Guillermo Suárez Mason, comenzaron una serie de reuniones secretas con altos dirigentes de la Unión Cívica Radical, para sondearlos acerca de la actitud que adoptarían ante el derrocamiento de Isabel. La respuesta debió complacerlos, porque en febrero del '76, Viola pudo estampar esta profecía en el plan de operaciones: "Otros agrupamientos políticos no incluidos en el presente documento como podrían ser la Unión Cívica Radical y el Partido Federalista (del ex marino Francisco Manrique) es probable que no se opongan al proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no participación". Tampoco la dirigencia justicialista (rezagada en el ranking de los "oponentes potenciales") les daba mayor dolor de cabeza: "De los agrupamientos incluidos en Prioridad IV sólo del Movimiento Nacional Justicialista, se prevén manifestaciones parciales y como consecuencia del cambio". No es casual, en cambio, que entre los "oponentes activos" a nivel gremial (Prioridad 1), colocaran a "las agrupaciones de base, la ex CGT de los Argentinos, la Juventud Trabajadora Peronista, el Movimiento Sindical de Base, el Movimiento Sindical Combativo" y otras organizaciones enfrentadas con la dirigencia gremial, que podían actuar contra "la estabilización y solución del problema social". Tampoco es casual que en las primeras horas de este golpe, que el Plan de Viola ordenaba "encubrir" bajo la apariencia de "acciones antisubversivas", la guadaña cayera con ferocidad sobre el movimiento sindical alternativo: doscientos delegados de base "chupados" en Córdoba y centenares de secuestros y arrestos en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Primer paso de una estrategia represiva que seguiría constantemente hasta alcanzar un porcentual estratégico relevado en su momento por la Conadep y convenientemente olvidado por una sociedad desmemoriada: el 46 por ciento de los detenidos-desaparecidos por la dictadura militar pertenecía a esa especie en extinción que solía llamarse clase trabajadora.

El "obispo rojo" de San Nicolás

Ni el Vaticano ni la jerarquía católica suelen evocar al fallecido obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a pesar de que su muerte (en tiempos de la dictadura y en un sospechoso accidente automovilístico) se parece demasiado a la del obispo riojano monseñor Enrique Angelelli. Monseñor Ponce de León condujo la diócesis de San Nicolás entre 1966 y 1977, cuando la empresa Somisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) le imprimía aún un fuerte sesgo industrial a la ciudad. El obispo creó la escuela diocesana de Servicio Social y envió sacerdotes a las villas de emergencia, lo que le valió ser llamado "el obispo rojo" por los militares y las patronales de la zona. El encono aumentó después del golpe, cuando el prelado comenzó a recibir a familiares de víctimas de la represión. El día que se "accidentó" en la rotonda de Ramallo, Ponce de León llevaba a Buenos Aires una serie de carpetas con información sobre obreros de Somisa y Acindar desaparecidos. La información desapareció y la policía impidió que la prensa tomara fotografías del vehículo en el que el obispo encontró la muerte. El canciller de la diócesis, monseñor Roberto Mancuso, que también se desempeñaba como capellán de la cárcel local, no reclamó la documentación que llevaba el obispo e involucraba al comandante del Primer Cuerpo, general Carlos Suárez Mason, al coronel Camblor del regimiento de Junín y al teniente coronel Saint Aman, a cargo del regimiento de San Nicolás. Según Víctor Oscar Martínez, un muchacho que acompañaba a Ponce de León en el momento del accidente, el obispo había anunciado su propia muerte. Cuando se enteró del otro accidente automovilístico que le costó la vida a su "hermano en Cristo", el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, sentenció: "Yo voy a ser el próximo". Pocos días después del segundo "accidente", Víctor Martínez, que en esa época cumplía la conscripción en la Prefectura, fue arrestado, interrogado y torturado hasta el desmayo por orden del teniente coronel Saint Aman, que le preguntaba insistentemente a cuántos "extremistas" había refugiado "el obispo rojo".

"Bajo tierra"

Acindar, la acerera fundada por Arturo Acevedo y presidida durante un tiempo por José Alfredo Martínez de Hoz, jugó un papel estratégico en la represión clandestina. El ex inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, que estuvo en el Ministerio del Interior en tiempos del general Albano Harguindeguy, denunció en 1983, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), que Acindar "pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe de Personal, Pedro Aznárez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini". "Acindar --reveló el ex policía-- se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas". En su libro Desaparecidos/Desocupados, el periodista rosarino Carlos del Frade enumera diversos casos de activistas de Acindar que desaparecieron para siempre en 1976 y 1977. También denuncia que el helipuerto de la empresa en Villa Constitución era usado por la Policía Federal para estacionar los helicópteros que participaron en la represión de la gran huelga de 1975 y que las instalaciones fabriles también albergaron automóviles Ford Falcon sin patente, policías de civil y el temible comando "Los Pumas". En 1976, el aristocrático general Alcides López Aufranc, que había estudiado en Saint Cyr y había sido jefe de Estado Mayor del Ejército en tiempos de Lanusse, reemplazó a Joe Martínez de Hoz, en la presidencia de la empresa siderúrgica. En 1976, en un coctel con otros empresarios, López Aufranc se jactó de que veintitrés delegados de base de Villa Constitución "ya no darían problemas", porque estaban "bajo tierra". Entre los desaparecidos de Acindar figura Nadia Doria, de la sección IBM de la empresa, que era compañera de Alberto Piccinini, el secretario general de la UOM de Villa Constitución. Nadia forma parte de los desaparecidos de origen italiano, por los cuales reclama la Justicia peninsular. Luego de la represión --cuenta Del Frade--, Acindar se convirtió en el quinto deudor privado con un pasivo de 652.193.000 dólares que pudo transferir al Estado mediante seguros de cambio. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central durante la dictadura militar, había favorecido a los grandes empresarios endeudados "nacionalizando" su deuda.

Fuente: Página/12, marzo 2000

¿Habrá democracia para Ponce de León? (Parte I)

Por Carlos del Frade

La Conferencia Episcopal Argentina está a punto de renovar autoridades al mismo tiempo que varios de sus principales participantes, como monseñor Carmelo Giaquinta, obispo de Resistencia, Chaco, promueve posiciones feudales que tienden a mantener la obediencia debida en el interior de la institución y presionar hacia fuera para destacar la histórica presencia del factor de poder en la sociedad. Sin embargo, la cúpula eclesiástica no ha hecho demasiado para difundir, discutir y aclarar el asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, ocurrido el 11 de julio de 1977. ¿Por qué?. Lo que sigue es un fragmento de la investigación presentada en la Feria del Libro de San Nicolás el pasado 10 de octubre por el autor de estas líneas. La intención es saber si habrá democracia o no para la memoria del obispo nicoleño y las fuerzas que se desataron con él desde la década del sesenta del siglo pasado.

El obispo y su tiempo

Carlos Ponce de León nació el 17 de marzo de 1914 en Navarro, provincia de Buenos Aires. En el mismo lugar en que fuera fusilado Manuel Dorrego, aquel jefe del partido federal que había denunciado que "el país estaba siendo manejado por la aristocracia del dinero". Un sacerdote de apellido Castañer estuvo presente. Lo confesó al condenado y luego asistió impávido a la ejecución. Ponce de León nació allí, donde la iglesia mostraba una de sus caras, asistiendo a la víctima pero quedándose del lado del victimario.

Después de cumplir diecisiete años, el 5 de abril de 1931, se conformó la Acción Católica Argentina, institución que adquiriría un gran desarrollo como consecuencia de ser la confluencia de sacerdotes y laicos a lo largo de la historia nacional. Ponce y muchos que fueron protegidos por él, se enfrentarían en varias ocasiones contra los postulados de la Acción Católica en la ciudad de San Nicolás. El asesor general durante los primeros cuatro años fue Antonio Caggiano, obispo de Rosario desde 1934, cardenal en 1946, arzobispo de Buenos Aires desde 1950, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en 1955 y principal sostén ideológico de la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, a partir de junio de 1966.

Caggiano, impulsor de la llegada del Opus Dei a la Argentina, es reconocido como "promotor y fundador de la Acción Católica".

En forma paralela al surgimiento de la Acción Católica, también en 1931, apareció la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.

El 23 de setiembre de 1961, Guillermo Bolatti, asumió como tercer obispo en la historia de la diócesis rosarina que también comprendía las ciudades de San Nicolás y Venado Tuerto.

Los nombres de Caggiano y Bolatti estarían vinculados de manera directa a la pastoral iniciada y promovida por Ponce en San Nicolás.

Ya en 1962, Ponce de León fue nombrado obispo auxiliar de Salta, acompañando a monseñor Roberto Tavella. Se convirtió en asesor del Sindicato del Personal Doméstico e impulsó la asistencia a los barrios de emergencia 'donde es reconocida su obra en las villas General Belgrano, María Esther, Alto Molino, El Milagro, San Antonio, 20 de Junio, General Lavalle y San José', como indica una biografía oficial difundida por el arzobispado de San Nicolás.

Ponce de León participó del Concilio Vaticano II, en Roma, y se tomó en serio sus conclusiones acerca de la necesidad de reformar la institución.

El 18 de junio de 1966 asumió como arzobispo de la ciudad siderúrgica.

Diez días después, el general Onganía derrocaba al gobierno de Arturo Illia.

La cruz y la espada

Aquella dictadura sería una mezcla de "incienzo, espada, picana y dólares", como la definió el historiador Alberto Lapolla.

El coronel Juan Francisco Guevara, que perteneció a la plana mayor del general Eduardo Lonardi, fue el mascarón de proa de un proyecto político cultural que Rogelio García Lupo definió como 'una sociedad secreta' que vinculara los empresarios católicos más poderosos, los militares y la jerarquía, a usanza de las experiencias de la derecha francesa.

Se hizo representante de Cité Catholique, el grupo de militares franceses que habían participado durante las guerras coloniales contra los pueblos de Indochina y Argelia, y luego comenzó a traducir y editar la revista Verbe, divulgando la obra del escritor francés Jean Ousset. Este hombre escribió 'El marxismo leninismo' y su traducción al español correspondió a Guevara, mientras que el prólogo de la edición argentina fue producto del cardenal Antonio Caggiano, el mismo que había introducido el Opus Dei en la Argentina, en 1950, cuando fuera arzobispo de Rosario.

Ousset decía que 'o la iglesia da su sentido a la sociedad o esta sociedad se ordenará en contra de ella. La neutralidad es imposible. Es imposible que una doctrina no reine sobre el Estado. Cuando no es la doctrina de la Verdad será una doctrina del error'.

El arzobispo de Paraná, monseñor Adolfo Tortolo, decía que 'Dios no es neutral. Aprueba o desaprueba; en él no cabe tercera posición. Nadie puede servir a dos señores'.

Era el anticipo de la alianza del poder profundo.

Lo dijo el 23 de agosto de 1963.Cinco años después, Tortolo se convertiría en el vicario castrense, reemplazando en el puesto, nada menos que a Antonio Caggiano. Sería vicario hasta 1981. Sus arengas serían la justificación ideológica de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

En forma simultánea, Cité Catholique argentina y la Obra de Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, surgieron en el país.

Tres generales participaron de aquel origen: Eduardo Señorans, Franciso Imaz y Eduardo Conessa. Comenzaron a desarrollarse los encuentros de adoctrinamiento, los llamados cursillos de cristiandad en los que participaron militares en actividad, entre ellos el general Alejandro Lanusse. En 1966, el general Onganía comenzó a formar parte de estos cursillos.

Rogelio García Lupo describió la influencia de tal partido secreto: 'el primer gabinete ministerial de Onganía se constituyó básicamente con los hombres de Cité Catholique, a la que pertenecían, por lo menos, cuatro ministros: el de economía, Jorge Salimei, representante de capitales eclesiásticos y empresario que había dado empleo durante años a los generales Señorans y Conessa; el de Bienestar Social, Roberto Petracca, un industrial del vidrio que falleció poco tiempo después; el de promoción y asistencia a la Comunidad, Roberto Gorostiaga, que renunció al cabo de algunos meses, y el de Interior, Enrique Martínez Paz, miembro notorio de la Hermandad del Santo Viático, una organización católica cuyos miembros pueden administrar los sacramentos a un moribundo si no hay un sacerdote cerca'.

Entre 1964 y 1967, se concretaron 49 retiros espirituales o cursillos, con presencia mayoritaria de personas provenientes de Córdoba. Para Lupo, 'el cónclave de 1966 liquidó el gobierno de Illia; el de 1967, a los hermanos Alsogaray'.

En el notable libro de Tomás Abraham, 'Historias de la Argentina Deseada', el filósofo titula a la época del onganiato como 'introducción a la vida fascista'.

'En el año 1966 llega al poder en nuestro país un grupo dirigente sembrado de intelectuales de buen nivel...Eran claros en el sentido de que había un acuerdo sobre lo que debía ser la república, una ciudad católica. Oscuros porque no constituyeron un movimiento con un líder doctrinario, uno que agrupase en un movimiento las diferentes tendencias. Onganía era un líder político en busca de una doctrina nacional y católica aplicable al momento histórico de nuestro país', y Abraham es más contundente: 'nada de lo que ocurrió en el Proceso hubiera sido posible sin la meticulosa preparación ideológica y cultural de la conocida Revolución Argentina'.

Caggiano pontificó: 'Estamos en plena lucha y no acabamos de persuadirnos de que se trata de lucha a muerte organizada y dirigida con inteligencia y sin frenos morales, llevada con decisión y sin rehuir medios de conquista...el marxista parte del supuesto de que el hombre es sólo materia y de que su origen obedece a un principio casual. Algún día demostrable por el cálculo de probabilidades, lógico es pensar en la evolución permanente indefinida de ese ser natural, centro del universo, dios de si mismo, artífice de su destino a la par que su propia víctima: que puede y debe ser sacrificada cuantas veces convenga a ese horrible Saturno que en vez de devorar a sus hijos, se devora a si mismos sin saciarse ni arrepentirse, porque de este autodevorarse obtiene el alimento que lo hace vivir, durar, perfeccionarse, crecer'.

Pero para demostrar quién tiene el poder político en serio del país surgido un 25 de mayo de 1810, Onganía luego de despojar a Arturo Illia de su lugar estampa 'su firma junto a los ministros, antes de que por primera vez en la historia argentina el Cardenal Primado Monseñor Caggiano ponga la suya en el libro rubricado de la patria', cuenta con ironía el ya citado Abraham.

"El golpe militar contra Illia es uno de los momentos estelares de la reacción católica. Los golpistas provienen de los principales grupos integristas que actúan en esa época: el movimiento de los cursillos de la Cristiandad, los Cooperadores de Cristo Rey con revista Verbo, los discípulos de la Ciudad Católica, de Genta y Meivielle...El general Onganía asume la presidencia rodeado de cursillistas y miembros del Ateneo de la República, y están presentes los principales dirigentes de la burocracia sindical encabezada por Augusto Timoteo Vandor, como expresión de una nueva alianza militar sindical, un eje que volverá a expresarse años después en momentos cruciales", sostienen los investigadores de esos días.

La pastoral de Ponce

Mientras tanto, Ponce de León fundaba Cáritas Diocesana y creaba dieciséis nuevas parroquias y varias vicarías.

También inició 'la escuela diocesana de Servicio Social que funciona con número cada vez mayor de alumnos, preparando asistentes sociales con una sólida formación de caridad cristiana' y aplicó el llamado 'plan pastoral diocesano' que 'ha tenido una marcada insistencia en la religiosidad popular'.

'Para la atención de las clases más necesitadas, procuró la presencia de sacerdotes en las villas de emergencia, quienes acompañados por religiosas y laicos, llevan a cabo una tarea pastoral especializada', señala la biografía oficial que entrega el obispado de San Nicolás.

Según el sacerdote José Karaman, Ponce de León se dedicó a poner en marcha las conclusiones del Concilio Vaticano II y "empezó movilizando a los curas. Ese conglomerado de curas de distintas edades, distintas procedencias, disímiles formaciones. Era una Babel clerical. Y la movilización fue la para la organización interna de acuerdo a lo que el Concilio pedía: delegados de zona, delegados de distintas áreas, secretarios, apuntando a un gran encuentro del pueblo de Dios", cuenta en su jugoso ensayo "Mini historia diocesana de San Nicolás".

En setiembre de 1966 se hizo el primer encuentro del pueblo de Dios, toda una semana en Pliar. Para Karaman se trató del acto fundacional de la pastoral diocesana. Participaron todos los sectores, menos la Acción Católica.

Ponce, igualmente, los volvió a invitar a un nuevo encuentro en el Colegio de la Misericordia de San Nicolás, pero "no hubo acuerdo y renunciaron en pleno. La razón era muy simple: eran la mano derecha de la jerarquía, pero si la jerarquía hacía lo que ellos deseaban. Y cuando se trató de poner en marcha el Concilio en nuestra diócesis, no sólo se abrieron de gambas, sino que algunos combatieron duramente al obispo y a algunos curas. Y a mi me queda la sospecha que en la época del proceso hasta hubo alguno de los muchachos que se dedicó a soplón. O, al menos, a idiota útil", recordó Karaman.

Los cambios introducidos por Ponce abarcaron la liturgia, la catequística y la acción social. Fue en esta última donde aparecieron los mayores problemas. "No había compromiso cristiano sin compromiso político", reflexiona el sacerdote en su escrito.

Las decisiones se tomaban a través de rigurosas votaciones y fue la primera vez que hubo remoción de sacerdotes con la consulta al clero. "Hubo un claro enfrentamiento al obispo. Y yo no se si fueron causa remota de su muerte, en la medida en que le hicieron una persecuta insidiosa y mal intencionada ya que llegaron a acusarlo de obispo comunista", dice el cura José. Y añade que teniendo a los militares en el poder aquella acusación "era por lo menos firmar el destierro y más adelante se vio que también el entierro".

En de marzo de 1967, el papa Pablo VI publicó la encíclica "Populorum progressio. Tres meses después, Juan Carlos Aramburu es nombrado arzobispo coadjutor de Buenos Aires.

En julio de aquel año, se prohibió que el sacerdote Jerónimo Podestá hablara en el Luna Park sobre la encíclica de Pablo VI.

El clero tucumano empieza un conflicto con el gobierno de la provincia por la política social. El 15 de agosto se publica el Manifiesto de 18 Obispos del Tercer Mundo.

El primero de diciembre renunció Podestá como obispo de Avellaneda.

270 clérigos argentinos adhieren al Manifiesto.

Uno de los casos de mayor resistencia fue la remoción del padre Celeste. Ponce fue agredido. Roma falló a favor del sacerdote y en contra del obispo. A partir de ese momento arreciaron las consignas de purificar el obispado de la infección comunista.

Ponce también empezó a recibir presiones del Episcopado. Fue entonces que decidió juntarse a otros que pasaban por los mismos problemas como Jaime De Nevares, Miguel Hesayne, Brasca, Enrique Angelelli y Vicente Zazpe.

"Era de un perfil muy bajo, un hombre que trabajaba mucho en silencio. A mí me gusta la gente que sabe tomar decisiones cuando la cosa viene fulera, y él no hacía alharaca. Aparecía en el momento oportuno y se jugaba el cuero, que al fin de cuenta es la mejor manera de ser cristiano, porque seguimos a alguien que puso el cuero, no usó la lengua. Porque hay mucha gente que vive de la lengua pero el cuero lo deja afuera. Era un hombre silencioso, súmamente afectivo, de esos amigos que uno quisiera tener siempre. Yo digo que un verdadero amigo no es el que te pregunta qué te pasa, sino el que dice aquí me tenés, porque el tipo que te pregunta demasiado ya jode y Ponce era uno de esos que se te acercaba y ponía su pecho y sus brazos para recibirte, pero jamás te preguntaba qué te pasa, sabía y punto. Yo agradezco a Dios haberlo conocido. En cuanto a su acción pastoral, tengo esa impronta de que cumplía con aquello de yo soy el buen pastor que decía Cristo y ponía tres notas, 'el pastor conoce a sus ovejas', 'las
ovejas conocen al pastor' y 'el buen pastor da la vida por las ovejas'. No es conocerlas por nombre, sino conocer la situación, la época que nos toca vivir, las constantes históricas que se dan y sobre todo descubrirlas desde el que sufre. Los grandes revolucionarios son grandes sufrientes. Conocer al pastor significa que intuyen que este tipo vale la pena y cuando había que tomar decisiones no mandaba a las ovejas, iba al frente él, como lo hizo Cristo", agregó Karaman.

"A mi me nombró párroco de Villa Pulmón que estaba donde ahora está el Santuario en San Nicolás. Me dijo: "No te asustés, tenés 26 años, pibe...Si a los 26 años no sos revolucionario cuándo lo vas a ser". Y me dios dos consejos. Para trabajar, buscá gente que esté ocupada porque el que está al cuete va a estar al cuete siempre y segundo, que me quedó grabado para siempre, acordate que las grandes obras se hacen con la promesa de los ricos y la guita de los pobres, que al fin de cuenta eso es más o menos aquello de las bienaventuranzas de Cristo que comienzan diciendo 'felices los pobres'", agregó el cura José.

En marzo de 1968, la dictadura expulsó a cuatro sacerdotes españoles que trabajaban en San Isidro.

En los primeros días de mayo se realizó el I Encuentro Nacional del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo con 21 participantes de 13 diócesis.

Entre el 22 y 26 de agosto se concretó el Congreso Eucarístico de Bogotá, con la presencia de Pablo VI, seguido de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín.

El 15 de setiembre apareció el primer número de la revista Enlace, boletín de los sacerdotes del tercer mundo.

Antonio Quarracino asume el obispado de Avellaneda.

El 18 de octubre se inicia la llamada crisis interna en la arquidiócesis de Rosario.

Cuatro días antes de la navidad, plantón ante la Casa Rosada y entrega de una carta al presidente Onganía.

El 27 de octubre de 1968, Ponce ordenó como sacerdote de la Catedral de San Nicolás, al cura Galli, peronista, obrero de SOMISA y villero, habitante de Villa Pulmón, allí donde muchos años después se levantaría el templo que venera la imagen de la Virgen María del Rosario.

El 27 de febrero de 1969, monseñor Aramburu ordena a los sacerdotes de Buenos Aires que se abstengan de acciones y declaraciones políticas.

El 17 de marzo, 28 sacerdotes de Rosario renuncian a sus cargos eclesiásticos. Perón apoya al Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo.

El 11 de abril, marcha del hambre en Villa Ocampo, en el norte santafesino. Un día después, el cardenal Caggiano criticó la participación de sacerdotes en la protesta social. En mayo se organiza y realiza el II Encuentro del Movimiento en Colonia Caroya con ochenta participantes. Vendría el Cordobazo y los dos Rosariazos.

El 30 de junio, el Ministerio del Interior de la Nación le pide a la Iglesia que apoye al gobierno "sin claudicaciones".

El 30 de noviembre, Juan Carlos Onganía, con la presencia de algunos obispos, consagra la nación a la Virgen de Luján. El Movimiento denuncia una manipulación política de devoción a la Virgen por parte de la dictadura.

A fines de 1969 tiene lugar el llamado Segundo Encuentro del Pueblo de Dios en Pergamino. Ya existía un muy fuerte grupo juvenil que trabajaba en la zona de villas y se ratificó, entonces, el compromiso con los más pobres.

Hacia 1970, a Ponce comenzaron a llamarlo "ambulancia", porque recogía a todos los heridos.

"En el mismo ámbito de su sede fue combatido. Y muchas veces amenazado. No sólo por sectores gorilas o militares. Me consta que también por algún sector católico reaccionario, donde había siempre algún conspicuo miembro de Acción Católica, no sólo de San Nicolás, sino de San Pedro o Pergamino", relata Karaman en sus memorias – ensayo histórico.

Según el padre Gómez, a principios de los años setenta "andaban en San Nicolás un grupo de Tradición, Familia y Propiedad que justamente tenía toda esa tendencia de ultraderecha de la iglesia y veían muy mal a Ponce de León" y que distribuían volantes en contra del obispo calificándolo de comunista.

En marzo de 1970, el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, apoya la lucha de los obreros del Chocón y se desata un conflicto en la diócesis de Corrientes. Hay suspensiones de sacerdotes y excomuniones. No se celebra el Te Deum del 25 de mayo y se realiza el III Encuentro del Movimiento en Santa Fe con 117 participantes. El 16 de junio asumió Roberto Levingston como presidente argentino. Un mes después, José Rucci fue elegido secretario general de la CGT.

El 8 de julio fue detenido el padre Alberto Carbone, acusado de conexió con el secuestro de Eugenio Aramburu, producido el 29 de mayo anterior.

El 31 de julio, la Sacra Rota, tribunal vaticano, confirma las penas canónicas contra los sacerdotes Marturet, Babín y Tiscornia, de Corrientes, impuestas por su obispo Vicentín. La sentencia define al Movimiento por el Tercer Mundo como "hábiles agitadores".

Medio millar de eclesiásticos se declara en contra del movimiento. Los sacerdotes Carlos Mugica y Hernán Benítez son detenidos por sus expresiones en el funeral de los guerrilleros Fernando Abal Medina y Carlos Ramus.

Las diferencias internas

El propio Ponce de León escribió en una carta pastoral del 24 de febrero de 1971 sobre los "lamentables hechos de la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro de San Pedro" que: "Hasta el presente he guardado religioso silencio aunque elocuente, unido a los presbísteros que han sabido mantener la serenidad y calma propia y del laicado, afectados por inverosímiles declaraciones e incomprensibles actitudes, tentados de elevar su protesta airada y esclarecer situaciones, magnificadas no pocas veces por la publicidad e intereses ajenos a la extensión del Reino de Dios", escribió el obispo.

"Reconozco que he sido presionado, difamado, calumniado, que se ha llegado al cantaje, a la violencia encubierta, a la mentira, a la violación de la propiedad privada y al insulto. Sin decir nada, he creado y esperado, exhortado a la paz, a la práctica de la única caridad, la que Jesús nos enseña, callando y sufriendo por amor", sostuvo Ponce de León.

"Todo lo que lamentamos tiene su origen en divergencias pastorales. Quiero pues deciros: esta hora fecunda de la Iglesia que hace temblar a los débiles de espíritu y a los que han hallado un estatus en su catolicismo costumbrista y utilitario, es la hora de la renovación, señalada por el Concilio para todos", denunciaba el obispo.

Aseguraba que establecería "severas sanciones" que llegarán: "Hasta la excomunión y el entredicho local y personal, si, amonestados los responsables, persistieren en su obstinada e irrespetuosa actitud que culmina con el pedido de mi renuncia, pretendiendo atribuirse un derecho que solo compete a la Santa Sede", se defendía Ponce.

Igualmente, la derecha avanzaba en San Nicolás. Se suspendieron los campamentos de jóvenes y los encuentros del Pueblo de Dios.

"Conocemos la situación de nuestra diócesis en sus parroquias, sus colegios, sus movimientos apostólicos. La conocemos en su diversidad de opiniones y pluralidad en el quehacer eclesial. No ignoramos las acusaciones politizantes ni la ubicación tercermundista de las actividades renovadoras y experiencias peligrosas por las cuales somos juzgados con frecuencia", escribió el obispo.

El 19 de febrero de 1971, el jefe de la policía santafesina denuncia la complicidad de dos conocidos sacerdotes en un caso de tenencia y uso de explosivos. Un día después, el obispo santafesino, Vicente Zazpe, defiende a los sacerdotes acusados y exige pruebas. El titular de la policía debe renunciar al no poder reunir elementos probatorios.

El 23 de mayo asume Alejandro Lanusse como presidente de los argentinos. El 24 de mayo son detenidos en Rosario varios sacerdotes del Movimiento a quienes se los quiere emparentar al secuestro del cónsul inglés, Stanley Silvestre.

El 16 de julio fue tomado el arzobispado de Córdoba por comunidades cristianas de base. En Perú se publica "Hacia una teología de la liberación", del sacerdote Gustavo Gutiérrez. Se produce el IV Encuentro Nacional del Movimiento en San Antonio de Arredondo con 157 participantes.

El 2 de agosto son detenidos cuatro sacerdotes del movimiento en Rosario y al día siguiente es secuestrado Rubén Dri, en Resistencia, Chaco, también integrante de la organización. El obispo Italo Di Stefano envía una carta al ministro del Interior denunciando avances del poder político e informando que ha dejado su pectoral de obispo al sacerdote Dri hasta que este salga de la cárcel. El 18 de agosto, Zazpe envía una carta reservada a los sacerdotes del tercer mundo criticando algunas actitudes de los mismos.

El 27 de agosto, sacerdotes del movimiento de San Nicolás, se oponen a la construcción de una capilla por SOMISA.

El 17 de setiembre, el ejército allanó una casa de religiosas en Goya, Corrientes, denunciado por el obispo. Varios obispos, por otra parte, acusan de arbitrariedad a los responsables de la segunda detención de los sacerdotes del movimiento en Rosario. El 25 de setiembre, 49 sacerdotes del movimiento también son detenidos en Rosario que querían demostrar solidaridad con los otros curas detenidos.

En 1972, Ponce lanzó la Pastoral de Cuaresma y se ordenaron los primeros siete sacerdotes de su seminario: José Pepe Aramburu, Abel Gaspar, Rogelio Vázquez, Horacio Lombardo, José Luis Sposaro, Raúl Acosta y José María Regueiro. Este último terminaría siendo capellán del ejército en San Nicolás y calificado de Judas por varios sacerdotes sobrevivientes de aquellos años. En relación a Regueiro, el padre Nicolás Gómez, fue uno de los que se puso en contra de Ponce e hizo público a través de dos homilías su enfrentamiento con el obispo. Y que junto a él había laicos como el doctor Héctor Hernández que también marcaba públicamente sus diferencias con la pastoral.

El 6 de enero de 1972, otra vez detienen al padre Carbone por supuesta conexión con el ataque de Zárate. En abril serán medio millar los sacerdotes que pidan por la libertad de Carbone.

El 16 de agosto se inicia el V Encuentro Nacional del Movimiento en San Antonio de Arredondo. Seis días después se produciría la masacre de Trelew. Los sacerdotes Gill y Praolini son detenidos en La Rioja. Mugica y Vernazza acompañan el primer regreso de Perón al país. El 6 de diciembre, sesenta sacerdotes del Tercer Mundo se reúnen con el líder. (Continúara)

Fuente: Argenpress

Una historia muy argentina

Por Osvaldo Bayer

No es que uno sea suspicaz pero, ¿por qué los obispos de izquierda mueren en accidentes automovilísticos? En Perú, entre 1982 y 1986, murieron cuatro obispos en misteriosas colisiones; aquí, uno de los contados obispos que enfrentó con todo coraje la dictadura de Videla, monseñor Angelelli, perdió su vida durante la dictadura militar en un extraño choque en la ruta; al obispo de San Nicolás, verdadero paladín en defensa de la gente perseguida durante ese tiempo, Ponce de León, también le tocó la misma suerte; a monseñor Devoto, obispo de Goya, defensor de los campesinos, le pasó lo mismo. Al obispo de Santa Fe, monseñor Zazpe, un camión lo chocó de atrás cuando estaba en su automóvil, y salvó milagrosamente su vida. ¿Qué ocurre? ¿Acaso nuestro buen Dios juega al choque de autitos a pila desde el cielo? Obispos y de izquierda. Una mezcla detonante para establecidos y globalizados. Pero dejando de lado el triste e irónico humor negro no podemos omitir la pregunta y presentar la queja: van a ser ventiún años, que un verdadero pastor de pobres tuvo un accidente extraño que lo eliminó justo en un momento clave: era testigo fundamental de la brutal represión sufrida por los obreros del acero.

Monseñor Carlos Horacio Ponce de León era una figura clásica de esa nueva Iglesia que había abierto las ventanas del catolicismo para que entraran las enseñanzas de Jesús como un aire fresco. Ventana abierta por el buen viejo Juan XXIII. Ponce de León supo lo que era la pobreza desde niño: era hijo de un taxista de la pampa bonaerense. Se ordenó sacerdote a los 24 años y poco después pasó a ser cura de barrio. El cura José Karaman, de Salto, señala que Ponce de León era "pastor de vecindades: conocía el pelaje de sus ovejas; sus problemas, sus necesidades, sus carencias, sus inquietudes". Por supuesto, un sacerdote así era de los que necesitaba Juan XXIII. Y ya en 1962 lo designó obispo auxiliar de Salta. Estuvo en el Concilio Vaticano II y volvió entusiasmado: hablaba de hacer un país más justo, un país de hermanos.

En Salta, ante la mentalidad conservadora de la Iglesia de allá tuvo muchos choques ya que él dedicó su trabajo a los chicos de la calle. Endulzó con el tiempo el rostro de los salteñitos pobres que aprendieron a sonreír ante ese hombre bonachón que no les pegaba ni les ordenaba penitencias como los demás sino que les hablaba pausado y con calidez.

En una entrevista realizada por la investigadora Etel Capdevila, el cura Karaman describe así a Ponce de León: "Varios curas jóvenes lo fuimos a visitar cuando lo nombraron obispo de San Nicolás. Llegamos a la parroquia donde se hospedaba. Después de breve espera, apareció. En el descanso de la escalera vimos a un hombre más bien robusto, tirando a petisón, en mangas de camisa y en chancletas. Bajó los escalones a los saltos y, cuando nosotros extendíamos la mano para besar su anillo pastoral, no nos dio tiempo. Nos estrechó uno a uno en un fuerte abrazo. Quedamos mudos. ¡A la mierda con el protocolo con todas sus excelencias! Nos invitó a subir a su cuarto donde reinaba un despelote episcopal. Libros por un lado, cartas, cajones, ropa y, como mudo testigo de ese encuentro, un calzoncillo a rayas sobre la cama. Ese gesto lo pintó de cuerpo entero, y de alma también".

El mismo cura Karaman recuerda el primer encuentro con el obispo Ponce de León al llegar a San Nicolás, en 1966: "Nos dijo: `Muchachos, acá hay que poner el Concilio en marcha y hacer las reformas correspondientes. Que no sean sólo las reformas litúrgicas sino una presencia de la Iglesia en la transformación de la sociedad. ¿Puedo contar con los curas y las monjas?' Fue así como él entregó la conducción a los curas jóvenes, cosa que a los curas viejos les revolvió las tripas. Eso trajo consecuencias, sobre todo a nivel del compromiso social. La diócesis de San Nicolás comenzó a acoger a sacerdotes que tenían enfrentamientos con los obispos conservadores".

A partir de ese momento, la Iglesia en la Argentina tuvo tres clases de obispos: los que se tomaron en serio el Concilio Vaticano II y quisieron ayudar a lograr justicia en la tierra; los que se envolvieron en incienso y mirra y que ante el terrorismo de Estado rezaron y miraron al costado; y finalmente los que colaboraron desembozadamente con los criminales de uniforme. Hay un documento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, ya de 1972 (¡qué premonitorio!), dirigido a la Asamblea Episcopal que les dice a los obispos: "El pueblo oprimido se dirige a nosotros, sus pastores, para interpelarnos: `Cuando fuimos hambreados, ¿dónde estuvieron? Cuando sufrimos en barrios hambreados, ¿qué hicieron? Cuando fuimos proscriptos, ¿cómo reaccionaron? Cuando fuimos torturados, ¿qué dijeron, y en qué tono lo dijeron? Cuando fuimos masacrados en las cárceles, ¿qué actitud tomaron? Cuando se nos pretendía engañar cambiando algo para que todo siguiera igual, ¿qué posición asumieron?' ".

Pero los príncipes de la Iglesia adoptarían la posición contraria: basta ese monseñor Pio Laghi, nuncio apostólico, bendiciendo en Tucumán las tropas de Bussi, en plena represión.

¡Qué solo se quedó monseñor Angelelli en los llanos de La Rioja! ¡Qué solo se quedó monseñor Ponce de León en esa San Nicolás donde todos los días aparecía el cadáver de un delegado obrero atravesado por las balas del plan Martínez de Hoz!

En las exequias del mártir Angelelli, el obispo Ponce de León ya sabía su suerte: "Yo soy el próximo", dijo. Y fue el próximo. Un "accidente de tránsito" con las mismas características. Y qué casualidad, Ponce de León llevaba ese día consigo la documentación que había reunido sobre los obreros desaparecidos de Somisa y de Acindar, documentación que involucraba al general Suárez Mason, al coronel Camblor y al teniente coronel Saint Amant, jefe del regimiento de Junín. Este último odiaba al obispo y le había negado la entrada a su cuartel diciéndole: "A mi cuartel no entran comunistas". Hombre de principios, como Bussi.

El auto de Ponce de León será chocado justo en el lugar donde se encontraba él, por una camioneta Ford. Se dirá después que falleció de "politraumatismo grave con traumatismo encéfalo-craneano". La policía no permitirá al médico personal del obispo entrar a ver el cuerpo. Siempre se sospechó que le habían destrozado la nuca a golpes; igual procedimiento que con el obispo Angelelli. El joven que acompañaba a Ponce de León en el auto, Víctor Martínez, que salió ileso del accidente, es detenido por orden del teniente coronel Saint Amant por "subversivo", torturado ferozmente y encarcelado. El auto no fue entregado ni dejado ver por la policía. La Iglesia nombra al obispo Laguna para hacerse cargo del Obispado. Jamás Laguna se interesó por la documentación robada ni por hacer una investigación sobre la muerte de Ponce de León. En esa época desaparecerán los archivos del obispo muerto. Muerto Ponce de León y toda su interpretación social y pastoral de la justicia y dignidad en el mundo, dicen que apareció la Virgen en un campito, y toda la población va a pedirle milagros. Ya nadie lucha por el prójimo, sino que espera la salvación rezando y tocando a la Virgen. La síntesis la ha hecho el investigador rosarino Carlos del Frade: "San Nicolás pasó de una pastoral comprometida, al milagro de exportación de la llamada Virgen del Campito. Somisa pasó a integrar el patrimonio del poderoso grupo Techint. Más de 8 mil despidos. El Vaticano promete investigar los milagros de la Virgen del Campito, pero jamás emitió una sola línea respecto de la muerte de monseñor Ponce de León".

Somos todos cristianos. Somos todos argentinos. Agradezcamos a Dios su infinita sabiduría. Obediencia Debida y Punto Final. Amén.

Reutemann y Storni

Las sucias internas

Por Carlos del Frade

Desde hace ocho años que la sociedad santafesina sabía que el Vaticano investigaba al arzobispo Edgardo Gabriel Storni por su "conducta íntima escandalosa", de allí que sea necesario hacer algunas preguntas ante la aparición del libro de Olga Wornat "Nuestra Santa Madre". Por un lado, ¿cómo es posible que ningún familiar de uno de los tantos seminaristas violentados no haya hecho denuncia judicial alguna?. Y, ¿qué tipo de intereses representa Storni para que siguiera al frente de la arquidiócesis de la ciudad capital?, por otro. La periodista misionera incluye en el capítulo nueve, "El Príncipe y el Pastor", una serie de relaciones entre el gobernador Reutemann y el siempre cuestionado administrador de la arquidiócesis, párrafos que, hasta ahora, no fueron publicados por los grandes diarios de la provincia. En forma paralela a la irrupción de la investigación de Wornat, el gobernador dijo que lo que vio y lo hizo desistir de su precandidatura presidencial fue "la interna sucia del peronismo", aquello que desde esta misma columna se anticipó hace un mes atrás. Lo que Reutemann no dice es que la vida política institucional santafesina -y el caso Storni lo demuestra- tiene tantas suciedades como la interna justicialista nacional, claro que, por ahora, no sufre los desquiciados picos de violencia que por estos días pueblan las columnas de noticias policiales del Gran Buenos Aires y Capital Federal.
Storni, hijo de la dictadura y el Vaticano

Storni cursó estudios superiores en Roma y eso equivale a una garantía de ascenso en las jerarquías para cualquier sacerdote, sea latinoamericano o de otras latitudes. El 4 de enero de 1977 fue nombrado obispo auxiliar de Santa Fe y recibió la ordenación episcopal el 25 de marzo de aquel año.

Fue puesto por el Vaticano para controlar de cerca a Vicente Faustino Zazpe.

El entonces titular del arzobispado santafesino ya había acumulado varias denuncias en su contra: la Triple A lo señaló como un amigo de los Montoneros; los generales Roberto Eduardo Viola, Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri lo acusaron de alterar los ánimos sociales por sus homilías dominicales transmitidas desde Radio Nacional Santa Fe; el ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced, le había hecho llegar varias amenazas de muerte si seguía protegiendo a las familias de los desaparecidos y si se obstinaba en salvar a diferentes dirigentes perseguidos; y tampoco se le perdonó que enviado por Roma a analizar la diócesis de Enrique Angelelli en La Rioja haya informado que nunca antes había visto un ejemplo tan vívido de cristianismo en la Tierra. Cuando lo mataron a Angelelli, Zazpe estuvo allí para despedir los restos del sacerdote que predicaba aquello de tener un oído en el pueblo y el otro en el evangelio.

Pero Zazpe siguió sumando críticas de los sectores de poder. El 12 de agosto de 1976, junto a otros dieciséis obispos y treinta y seis sacerdotes, religiosos y laicos, fue detenido en Riobamba, Ecuador, ante el silencio cómplice de los integrantes de la entonces Conferencia Episcopal Argentina.

"Estaba profundamente dolorido por la indiferencia que él notó en sus hermanos del Episcopado. Frente a los hechos se sintió muy solo. Creo que es ahí donde -no se si sólo ahí- sufre casi su mayor fractura...El esperaba una reacción mucho más pronta, y un reclamo", pero todo se hizo "mucho después y no hubo un desagravio, una reparación moral como hubiera correspondido", recordó el padre Domingo Bresci, desde su Parroquia de San Vicente de Paul, en Mataderos, en la provincia de Buenos Aires.

El 11 de julio de 1977, luego de producido el asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, jugado en la denuncia de las desapariciones y las torturas contra los obreros de Villa Constitución y de esa ciudad bonaerense, Zazpe lo despidió y anticipó que el próximo sería él mismo.

Por aquellos días, su nombre figuraba en la lista de "obispos rojos" que había redactado la Armada para su jefe, el Almirante Cero, Emilio Eduardo Massera. Zazpe, sin embargo, seguía denunciando las desapariciones y hablaba de una "Argentina secreta". Visitaba la cárcel de Coronda y las villas miserias que multiplicaban su población. Storni, mientras tanto, cultivaba las relaciones con los factores de poder civiles y militares. Había comenzado la conjura contra Zazpe, como se detalló en el libro "La iglesia y la construcción de la impunidad", citado de manera generosa por Olga Wornat en su capítulo dedicado a la realidad eclesiástica santafesina.

En enero de 1978, Zazpe reunió a los pocos empresarios católicos de la provincia que le quedaba amigos para denunciar el pasaje de cientos de vagones de trenes que iban hacia el sur del país repletos de cajones para muertos. Era el prólogo de una decisión ya tomada por la Junta Militar. Hacer la guerra contra Chile por el Canal de Beagle. El desesperado relato de Zazpe hizo que se movieran los hilos que terminaron en la misión del cardenal Antonio Samoré para destrabar el inminente conflicto entre la dictadura de Jorge Videla y la de Augusto Pinochet.

Su posterior renuncia a los cargos directivos de la Conferencia Episcopal Argentina a principios de los años ochenta por el silencio cómplice de la misma ante el terrorismo de estado, lo terminaron de aislar.

La decisión fue tomada desde la Nunciatura Apostólica a cargo de Ubaldo Calabresi.

El hijo dilecto de Roma y de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaban en Santa Fe, Edgardo Gabriel Storni, nacido el 6 de abril de 1936, sería el nuevo arzobispo una vez que Zazpe se retirase o se muriera. Un extraño accidente en San Carlos Centro, en 1982, apuró la muerte.

El 28 de agosto de 1984, Storni asumió como arzobispo santafesino.

Storni y Reutemann

El capítulo nueve del libro de la periodista misionera Olga Wornat incluye un subtítulo denominado "Lole versus El Divino", en el que relata la curiosa negociación que entabló el poder ejecutivo santafesino con la iglesia para que se aprobara la ley de casinos y bingos.

Este es uno de los párrafos que, por distintos intereses de los dueños del diario "La Capital", todavía no apareció en forma pública para los santafesinos.

"Un agudo periodista local contó la particular relación que mantienen hoy el arzobispo Storni y el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, la cual empezó en romance obligado por la extrema debilidad e inexperiencia del Lole y que hoy se rompió. "Storni es de terror, lo peor de la Iglesia de la provincia, un ser siniestro", dijo el gobernador en una reunión política. En el medio, los dos vivieron lo que se llamó el "affaire por la ley de casinos". Esa crisis, como se verá, se solucionó mediante un pacto que hubiera sido impensable en los tiempos de Zaspe. El testimonio de esta fuente, cuyo nombre pidió mantener en reserva, avala lo que piensan muchos santafesinos y es que a Reutemann y a Storni no los unió el amor sino el espanto. Aquí, el sustancioso comentario del periodista santafesino:

"Reutemann llegó a la gobernación de Santa Fe totalmente desamparado, no le interesaba ganar. Antes del cierre de la campaña se lo veía en los lugares típicos de la ciudad tomando algo solo. En ese momento tenía problemas con Mimicha, su ex mujer; la guita se la manejaba el "Gordo" Cutulli, un tipo ligado al Vaticano y a la Logia P2, y tenía un entorno de amigos, no demasiado grande. Cuando Menem le hizo la propuesta de postularse, y esto dicho por gente que lo acompañó esos días, el Lole se cagó de risa, le pareció bastante descabellado, pero como no tenía nada para perder y le ofrecían dos millones de dólares para la campaña, se embarcó. En esa situación de aventura lo encontró el triunfo y el primero que se le acercó fue Storni".

"Según este periodista, de larga trayectoria radial, sus familias se conocían desde hacía mucho tiempo, aunque sin llegar a tener mucha confianza, ni ser Edgardo Storni y Carlos Rautemann ni siquiera amigos.

"Pero una vez Reutemann en el poder, Storni colocó sistemáticamente en puestos clave del gobierno a gente de su confianza. Por ejemplo, el Lole había elegido a un militante católico como el Quili Ibarra como ministro de Educación, que era admirador de la pastoral de Zaspe, pero lo tuvo que desechar. Santa Fe está dividida casi radicalmente en materia religiosa entre los que querían a Zaspe y los que aborrecen a Storni, o a la inversa, y el caso fue que el Quili no ocupó el cargo en el Ministerio de Educación. Es una regla muy pocas veces alterada en la relación entre el poder político y la jerarquía eclesiástica, que ésta sugiera su candidato a ministro de Educación. En épocas de una Iglesia detentadora de poder manifiesto, directamente lo señalaba con el dedo y lo presentaba si