Las jerarquías clericales Entre los hombres fríos de mi tiempo señalo a las jerarquías clericales cuya inmensa mayoría padece de una inconcebible indiferencia frente a la realidad sufriente de los pueblos. Declaro con absoluta sinceridad que me duelen como un desengaño estas palabras de mi dura verdad. Yo no he visto sino por excepción entre los altos dignatarios del clero generosidad y amor... como se merecía de ellos la doctrina de Cristo que inspiró la doctrina de Perón. En ellos simplemente he visto mezquinos y egoístas intereses y una sórdida ambición de privilegio. Yo los acuso desde mi indignidad, no para el mal sino para el bien. No les reprocho haberlo combatido sordamente a Perón desde sus conciliábulos con la oligarquía. No les reprocho haber sido ingratos con Perón, que les dio de su corazón cristiano lo mejor de su buena voluntad y de su fe. Les reprocho haber abandonado a los pobres, a los humildes, a los descamisados, a los enfermos, y haber preferido en cambio la gloria y los honores de la oligarquía. Les reprocho haber traicionado a Cristo que tuvo misericordia de las turbas. Les reprocho olvidarse del pueblo y haber hecho todo lo posible por ocultar el nombre y la figura de Cristo tras la cortina de humo con que lo inciensan. Yo soy y me siento cristiana. Soy católica, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio. Esto no lo entenderé jamás. Como no lo entiende el pueblo. El clero de los nuevos tiempos, si quiere salvar al mundo de la destrucción espiritual, tiene que convertirse al cristianismo. Empezar por descender al pueblo. Como Cristo, vivir con el pueblo, sufrir con el pueblo, sentir con el pueblo. Porque no viven ni sufren ni sienten ni piensan con el pueblo, estos años de Perón están pesando sobre sus corazones sin despertar una sola resonancia. Tienen el corazón cerrado y frío. ¡Ah, si supieran qué lindo es el pueblo, se lanzarían a conquistarlo para Cristo que hoy, como hace dos mil años, tiene misericordia de las turbas!    Eva Perón - Mi mensaje

La reaparición de los desaparecidos

Por Horacio Verbitsky

Horacio Verbitsky participó en un seminario organizado por la Universidad de Roma y el Instituto Latinoamericano de Italia, con algunos de los principales especialistas en la Argentina y América Latina, entre ellos Loris Zanatta, Vanni Blengino y Camilla Cattarulla, el ex cónsul Enrico Calamai y el profesor Claudio Tognonato. También presentó en la Feria del Libro de Turín la edición italiana de su libro "El silencio" y dio dos conferencias en la Universidad de Milán. Esta fue su exposición en Roma.

La política de desaparición forzada de personas fue adoptada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas antes de la toma del poder, el 24 de marzo de 1976, y es la clave del fracaso de su gobierno, que se extendió hasta diciembre de 1983.

Antes del golpe, el Comandante de Operaciones Navales reunió a las planas mayores de todas las unidades de la mayor base naval de la Argentina. Les explicó que los detenidos que fueran condenados a muerte por tribunales secretos y sin garantías de defensa serían trasladados en aviones navales hasta alta mar y arrojados a las aguas. Dijo que se había consultado ese método con las autoridades eclesiásticas. Cuando los oficiales regresaban angustiados de los vuelos, los capellanes les decían que en la guerra había que matar, pero que el vuelo era una forma cristiana de muerte, porque las víctimas no sufrían. Con parábolas bíblicas adaptadas a la lógica cuartelera les explicaban que era preciso separar la paja del trigo.

El Episcopado argentino fue conducido durante las dos décadas previas al golpe por obispos integristas. El revival tomista iniciado por León XIII, la Acción Católica organizada por Pío XI como una milicia al servicio de la jerarquía para la catolización de la sociedad, entraron en crisis a partir del mensaje de Pío XII en la Navidad de 1944, de resignada aceptación de la democracia pluralista que se divisaba en el horizonte político luego del colapso de los totalitarismos.

Lejos de ello, en la Argentina retuvo los principales arzobispados del país y la propia presidencia de la Conferencia Episcopal, a través de los obispos Antonio Caggiano y Adolfo Tortolo, quienes también fueron titulares del Vicariato general castrense.

Recibieron el aporte intelectual y de cuadros de una organización que se destacó en la guerra colonial de Argelia, Cité Catholique. Sus capellanes apoyaron los métodos criminales del Ejército francés y acompañaron la posterior rebelión de la OAS. Después de la derrota coroneles y capellanes huyeron a la Argentina, donde a cambio de refugio enseñaron los métodos del secuestro, la tortura y la desaparición forzosa. Usaban para el adiestramiento en la Argentina la película que Gillo Pontecorvo filmó para denunciar las atrocidades cometidas en La battaglia di Algeri.

En la Argentina como en Francia se basaban en el derecho natural y la doctrina cristiana para reivindicar la licitud de medios descartados por lo que llamaban "el sentimentalismo liberal", entre ellos la tortura y la ejecución aun de opositores no armados en una guerra justa. Pero mientras el primado de Francia y vicario general castrense, cardenal Feltin, condenaba esos procedimientos como anticristianos, el primado de la Argentina y vicario general castrense, cardenal Caggiano, los aprobaba.

La obra cumbre de Cité Catolique es El marxismo-leninismo, un libro escrito en 1961 por su fundador Jean Ousset. La obra se publicó en Buenos Aires pocos meses después que en Francia. Su traductor fue el coronel jefe de la inteligencia del Ejército y su prologuista, el cardenal Caggiano. Según Caggiano, se debe "preparar el combate decisivo", aunque los enemigos todavía "no han presionado las armas". Como suele ocurrir en un continente de importación la doctrina del aniquilamiento precedió al alzamiento revolucionario.

Mientras Caggiano proponía la cruzada medieval contra los moros como el paradigma a seguir para la lucha contra el comunismo en las últimas décadas del siglo XX, el Concilio Vaticano II avanzaba un paso más allá que Pío XII y en la reconciliación con el mundo incluía hasta al bloque soviético.

Los integristas argentinos resistieron el aggiornamento cuanto pudieron. El obispo cismático francés Marcel Lefébvre menciona al cardenal argentino Caggiano entre quienes lo apoyaban pero prefirieron no manifestarse en minoría, a la espera de una oportunidad más propicia.

En 1969 el Episcopado argentino aprobó un documento en el que intentó leer los signos de los tiempos, según el Concilio y los documentos del CELAM en Medellín. A instancias de una minoría activa de obispos dijo que las injustas estructuras de opresión equivalían a un pecado y que si la dominación se expresaba en todos los terrenos, también la liberación debería darse en los campos político, económico, social y cultural. Los obispos argentinos declararon que participarían en el proceso de liberación con la violencia evangélica del amor. Pero cuando una generación de jóvenes católicos trató de aplicar esas enseñanzas, encontró al Episcopado estrechando filas con los defensores de esas estructuras del pecado, bendiciendo las armas de quienes irían a masacrarlos y aconsejándoles métodos represivos que permitieran a la Iglesia mirar hacia otro lado, como la desaparición forzada de personas.

La experiencia de Chile, donde el primer campo de concentración funcionó en un estadio de fútbol a la vista del mundo, fue decisiva. No menos anticomunista que sus pares argentinos, el cardenal Raúl Silva Henríquez denunció estos atropellos y la Iglesia se convirtió en el principal antagonista de la política represiva de Pinochet. El Episcopado argentino eligió la clandestinidad, para no tener que pronunciarse. Tan remiso fue a denunciar lo que ocurría que las primeras listas de víctimas y los primeros pedidos de explicaciones fueron impulsados por algunos obispos brasileños, como el arzobispo de San Pablo, Paulo Evaristo Arns.

Los secuestros se realizaban a la vista de los vecinos de las casas saqueadas o de los compañeros de trabajo en las oficinas tomadas por asalto, por hombres armados que ostentaban signos inequívocos de autoridad oficial y en muchos casos protección policial. Sin embargo, cuando los familiares que habían asistido impotentes a la desaparición recurrían al sistema judicial en busca de informaciones, decenas de miles de veces la respuesta fue negativa. Nada se sabe de esa persona, ninguna autoridad pública ordenó su detención, es imposible determinar dónde se encuentra. Esta combinación de evidencia y negación tuvo efectos devastadores y erigió a la política de desaparición de personas en la principal fuente del terror. Las cosas más atroces podían suceder sin perturbar la apariencia de normalidad con que continuaba la vida cotidiana de quienes no habían padecido esa experiencia siniestra. El Episcopado expresaba su preocupación, pero en términos tan generales que podría pensarse que las personas desaparecidas fueron llevadas de viaje en un platillo volador por misteriosos extraterrestres. Al declarar en el juicio a las juntas de 1985, el periodista Jacobo Timerman explicó por qué se había resuelto proceder al margen de la ley. El jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, le dijo que una palabra del Vaticano afectaría "el crédito internacional".

–Sería preferible que dictaran la ley marcial y aplicaran la pena de muerte, pero con oportunidad de defensa ante un tribunal –argumentó Timerman.

–En ese caso intervendría el Papa, y contra la presión del Papa sería muy difícil fusilar, respondió un colaborador de Massera.

Pocos meses después el propio Timerman fue secuestrado. En demostración de su teoría, salvó la vida por la intervención del Vaticano.

También el general Ramón Genaro Díaz Bessone, uno de los seis más altos jefes militares que tomaron el poder en 1976 y que una vez retirado del Ejército fue ministro de Videla y escribió varios libros justificatorios de la guerra sucia, explicó que el método de la desaparición forzada de personas se adoptó por temor a la reacción del Vaticano. En una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin, explicó así las razones de la clandestinidad represiva:

–¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7.000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas.

Es posible que el carácter clandestino del exterminio haya demorado el comienzo de la presión internacional sobre la Junta Militar. Pero la pretensión de que era posible desaparecer a decenas de miles de personas y contar con el resignado silencio de sus familiares, como si esas personas nunca hubieran existido, se demostraría inviable y está en la base del fracaso de la dictadura militar. Esto fue así pese a la cooperación de la Iglesia.

En mayo de 1977 el Episcopado pidió explicaciones al gobierno sobre los desaparecidos. El dictador Videla respondió que había cinco causas de desaparición: pase a la clandestinidad, eliminación por parte de "la propia subversión", autosecuestro "para desaparecer del escenario político", suicidio y, recién por último, "un exceso de la represión de las fuerzas del orden". Dijo que era imposible cuantificar el origen de cada uno de esos hechos, que "no son justificados pero pueden ser comprensibles". Esta cínica afirmación motivó una alborozada carta del presidente del Episcopado, cardenal Primatesta: al hablar así Videla mostró "la rectitud y sinceridad varonil, la firmeza y valentía cristiana", que le adornan y honran en su lucha abnegada "contra la conspiración de maldad y violencia de la antipatria".

En diciembre de 1977 Videla insistió ante periodistas extranjeros que los desaparecidos "no están, no existen, están desaparecidos". El ex general Viola los llamó en 1979 "ausentes para siempre". El ex general Galtieri dijo al año siguiente que el Ejército no daría explicaciones y el ministro del Interior, general Harguindeguy, se jactó de que los hombres de la dictadura sólo se confesaban ante su Dios. Esta política insana provocó una reacción contraria a la buscada y enfrentarla fue la tarea que asumieron los organismos defensores de los derechos humanos.

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 y su terminante informe en 1980, el Premio Nobel de la Paz otorgado al año siguiente a Adolfo Pérez Esquivel, la guerra perdida ante Gran Bretaña por el control de las islas Malvinas, pusieron de manifiesto la imposibilidad de sostener en el tiempo la abolición de la realidad por decreto.

Antes de entregar el poder, los militares promulgaron un decreto de autoamnistía que prohibió futuras investigaciones sobre los horrores de su gobierno. Pero la retirada en desorden, luego de la derrota frente a Gran Bretaña que contó con el apoyo logístico de Estados Unidos, permitió que esa amnistía fuera declarada nula. A diferencia de otros países donde se escogió uno u otro camino, en la Argentina hubo tanto una Comisión de la Verdad, como procesos penales en los que fueron juzgados los máximos responsables militares de las violaciones a los derechos humanos.

Las investigaciones de los organismos defensores de los derechos humanos fueron la base sobre la que trabajó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984 y también el origen de gran cantidad de pruebas en el juicio a las primeras juntas militares de 1985. El informe de la Conadep y la condena a los jefes de las primeras juntas militares trajeron algo de paz a las familias privadas en forma violenta de sus seres queridos. Pero serios obstáculos impidieron que avanzaran los juicios a los ejecutores directos. Los alzamientos militares que se sucedieron a partir de 1987 derivaron en las leyes de punto final y obediencia debida y los decretos de indulto firmados por los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Aunque la sociedad seguía objetando la impunidad, otros problemas, como la crisis económica, atraían su atención. Parecía que después de tantos años de tensión militar e inestabilidad económica, la sociedad argentina estaba dispuesta a aceptar una transacción pragmática. La exigencia de que los militares se hicieran cargo de sus actos había perdido prioridad en la agenda colectiva. Menem pensó que el recuerdo del pasado había desaparecido. Pero los duros hechos volverían a desmentir esta pretensión que también había ilusionado a los militares y a Alfonsín. No es posible olvidar por orden del Príncipe.

Lejos de ello, las leyes y decretos de perdón reavivaron la exigencia de verdad y justicia. Aquello que la política no permitió concretar en sede judicial, arraigó en la conciencia de la sociedad con tanta fuerza que, una década más tarde, permitiría no sólo avanzar en el esclarecimiento de cada caso, sino también obtener la anulación de las leyes de impunidad y reiniciar el enjuiciamiento de los perpetradores. Así lo demostró, en 1995, la confesión espontánea del capitán de la Armada Adolfo Scilingo, el primer oficial de las Fuerzas Armadas en reconocer su participación personal en el asesinato de prisioneros, que eran arrojados con vida al mar desde aviones de la Prefectura y la Armada. Invocando normas culturales que se remontan a la Edad de Piedra, varios familiares de desaparecidos, encabezados por el presidente fundador del CELS, Emilio Mignone, pidieron a la Justicia que declarara el derecho a la verdad y al duelo, y la obligación del respeto por el cuerpo humano. Esto ha sido parte del patrimonio cultural de la humanidad desde que el hombre de Neanderthal fue enterrado en una cueva sobre un lecho de ramas y cubierto con un manto de flores. El culto a los muertos es un signo de humanización aún más importante que el uso de herramientas o del fuego, nos distingue del resto del reino animal. Quienes nos niegan el derecho a sepultar a nuestros muertos nos niegan nuestra propia condición humana, sostuvo Mignone. La justicia reconoció esos derechos, declaró que el Estado tenía la obligación de reconstruir el pasado y revelar lo que sucedió con cada desaparecido. Así comenzaron los juicios de la verdad que luego se extendieron al resto del país.

En el vigésimo aniversario del golpe de 1976 decenas de miles de personas movilizadas en las plazas del país explicitaron un nuevo estado de conciencia social. En ese nuevo clima, viejas causas se aceleraron en varios países de Europa contra los responsables de la desaparición de sus ciudadanos en la Argentina.

La causa de mayor impacto fue la iniciada en España por el fiscal Carlos Castresana, en la que el juez Baltasar Garzón pidió la extradición de un centenar de militares argentinos. No se trataba de crímenes cometidos en España o en contra de ciudadanos españoles en la Argentina, sino contra ciudadanos argentinos en la Argentina. Ése es el principio de la jurisdicción universal, que inspirado en el antiguo ius cogens predica que ciertos delitos aberrantes y atroces hieren a toda la humanidad y deben ser castigados allí donde se encuentren sus autores. En un proceso similar, el ex dictador de Chile Augusto Pinochet fue arrestado en 1998, durante una visita de placer a Londres, y comenzó un juicio de extradición a España, para ser juzgado por los crímenes cometidos en Chile contra ciudadanos chilenos. Es difícil atribuir a mera casualidad que esto haya ocurrido cuando se cumplía medio siglo de la adopción por las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los hipersensibles jueces argentinos que durante años no habían aprovechado los resquicios que dejaron las leyes de impunidad sólo necesitaron horas para que Massera y Videla acompañaran a Pinochet en los titulares de la prensa mundial. Ambos fueron detenidos por el robo de hijos de desaparecidos, delito cuya persecución las leyes nunca habían impedido.

La creación de los tribunales internacionales para Rwanda y la ex Yugoslavia, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional en Roma y su ratificación incluso por el ex presidente estadounidense Bill Clinton en los últimos días de su gobierno, dieron una perspectiva global al nuevo horizonte que divisaba la Argentina. Al acercarse el 25º aniversario del golpe militar las condiciones nacionales e internacionales eran las más propicias en décadas: Pinochet desaforado a su regreso a Chile y un centenar de sus camaradas detenidos o bajo proceso; los generales Carlos Suárez Mason y Santiago Riveros condenados por la justicia italiana luego del proceso en el aula bunker de Rebibbia; Alfredo Ignacio Astiz destituido a solicitud de la propia Armada por confesar en un reportaje que era el hombre mejor preparado para matar a un periodista o un político; la extradición de Suárez Mason solicitada por la fiscalía de Nuremberg; los juicios por la verdad en pleno desarrollo en distintos tribunales argentinos; los ex dictadores Videla y Massera y una docena de altos jefes de la dictadura presos por el robo de bebés; una causa abierta en Buenos Aires contra Videla, Pinochet y el ex dictador paraguayo Stroessner por el plan Cóndor; los crímenes contra la humanidad declarados imprescriptibles y no sujetos a amnistía por la Cámara Federal de Buenos Aires en una causa contra Pinochet por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats, por el mismo grupo de la DINA que atentó en Roma contra el político DC Bernardo Leighton.

El Centro de Estudios Legales y Sociales consideró que no subsistían razones jurídicas, ni éticas ni políticas, nacionales o internacionales, que sostuvieran las leyes de impunidad y solicitó a la justicia que las declarara nulas. El juez federal Gabriel R. Cavallo hizo lugar a ese planteo en marzo de 2001. Dos semanas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el más alto tribunal de justicia reconocido por la Constitución argentina reformada en 1994) resolvió en su sede de Costa Rica un caso similar. Al juzgar la "Masacre de Barrios Altos", cometida por un grupo de militares peruanos durante la presidencia de Alberto Fujimori, estableció que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser amnistiadas ni su persecución penal cesar por el paso del tiempo.

Los fugaces gobiernos de Fernando de la Rúa y el senador Eduardo Duhalde trataron de impedir el avance de las causas reabiertas y negaron las extradiciones de militares argentinos pedidas por la justicia española. El nuevo presidente Néstor Kirchner no compartía esa idea y lo hizo saber. En su primera semana de gobierno pasó a retiro a la cúpula castrense que había formado parte de una negociación con Duhalde y la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impunidad. También derogó el decreto de De la Rúa que sustraía a los jueces los pedidos de extradición, impulsó el juicio político a los miembros de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema y propició la anulación legislativa de las leyes de impunidad, que el Congreso dispuso en agosto de 2003. Esa nulidad fue declarada también por la Corte Suprema de Justicia, que invocó el fallo interamericano de Barrios Altos, obligatorio para la Argentina desde la reforma constitucional de 1994. El 24 de marzo de 2004 firmó la resolución por la cual el predio de la ESMA se dedicará a un Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos. En 2005, se identificaron los restos de tres Madres de Plaza de Mayo que habían sido secuestradas 28 años antes cuando dentro de una Iglesia juntaban firmas y dinero para publicar una denuncia sobre la desaparición de sus hijos, sin que la jerarquía se sintiera obligada a reclamar por ese sacrilegio. Peor aún, cuando la Conferencia de Superioras de las Ordenes Religiosas de Francia pidió a la Iglesia argentina que intercediera por las dos religiosas que fueron secuestradas junto con las Madres, el cardenal Primatesta respondió que "esperamos que las acusaciones veladas o abiertas de connivencia de sacerdotes o religiosos con asociaciones o movimientos de tipo subversivo inaceptables para el cristiano, sean todas aclaradas, y que nadie haya sido culpable de semejante error criminal". El tránsito completo fue reconstruido: luego de ser torturadas en la ESMA las arrojaron desde aviones navales al mar, que devolvió sus cuerpos a la playa.

Los desaparecidos no están, no existen, están desaparecidos. La siniestra frase del dictador Videla, junto con la idea eclesiástica de que ésa pudiera considerarse una forma cristiana de muerte vuelve una y otra vez, como el peor castigo para esa vanidad criminal. Nada tiene tanta existencia en la Argentina como los desaparecidos.

Fuente: Página/12, 14/05/06

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Iglesia y dictadura, 30 años después

Por Horacio Verbitsky

"Por algo será"

A 30 años del golpe que avaló, la Iglesia vuelve a intentar un blanqueo de sepulcros, con la publicación de nuevos documentos y la recopilación de antiguos. Omite textos fundamentales, mutila otros y no informa si fueron públicos o secretos. Publica las críticas episcopales por actos represivos pero no las reuniones de camaradería en las que comunicaban su adhesión a la dictadura y encomiaban la "imagen buena de las supremas autoridades". No hay razones para mantener la clausura de los archivos.

Al anunciar la publicación del volumen de documentos eclesiásticos "Iglesia y democracia en la Argentina", el diario "La Nación" dijo que de ese modo "el Episcopado toma la delantera o ‘primerea’ –término que suele usar Bergoglio– a las numerosas entidades que recordarán el golpe militar de 1976".

Si ése era el objetivo, fue exitoso: mi nuevo libro Doble juego. La Argentina Católica y Militar recién comenzará a distribuirse esta semana, diez días después que el tomo autocomplaciente presentado por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. El cotejo de uno y otro es recomendable, para quienes deseen someter la historia oficial a una revisión crítica, con los documentos que la Iglesia intentó en vano sustraer a la investigación. Mañana a las 7.30 de la mañana entregaré a la prensa en el City Hotel de la calle Bolívar una primera tanda de documentos imprescindibles para emprender esa tarea.

Apoyo al golpe

En 1975, el gobierno anunció que las elecciones presidenciales se adelantarían de 1977 a 1976 y que la viuda de Juan Perón no sería candidata. En vez de apoyar uno de los pocos gestos razonables de un gobierno desastroso la Iglesia se sumó a la presión por la renuncia de la presidenta. La Conferencia Episcopal afirmó que la Patria "no se identifica con sus funcionarios" y que el bien de la comunidad debe buscarse por encima de las opciones partidarias. Según el nuncio Pío Laghi, la línea política del Vaticano era favorable al mantenimiento de la legalidad pero sin perder la distancia crítica respecto de la presidenta. Lo mismo decían por entonces los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Defensa de las instituciones o de la legalidad quería decir renuncia de Isabel Perón. En caso contrario, golpe. Quien le reclamó la renuncia en nombre de la Junta Militar fue nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal y vicario general castrense, Adolfo Tortolo. La noche del 23 de marzo de 1976, un sobrino del provicario castrense Victorio Bonamín lo aguardaba en su sede. Su hijo, Luis Bonamín, había sido secuestrado y asesinado por la policía en Rosario y el hombre buscaba ayuda para tramitar el pasaporte de su nuera, María Teresa Butticé de Bonamín, quien me contó esa historia. La muchacha y su suegro debieron esperar mucho tiempo en un pasillo, porque Victorio tenía una reunión fuera de agenda. Cuando los invitaron a pasar, vieron salir a dos militares uniformados, de quienes el sacerdote se despidió. Después de escuchar el relato de lo sucedido, el provicario apenas dijo:–Él se lo buscó.

Al día siguiente Marité Butticé de Bonamín reconoció a los dos uniformados cuando los vio por televisión. Eran los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea. Isabel Perón se había negado a renunciar. De la Nunciatura, Jorge Videla y Ramón Agosti partieron a tomar el poder. De inmediato, Tortolo exhortó a cooperar con el proceso que restauraría "el espíritu nacional". Los nombres de Tortolo y Bonamín han quedado asociados con el apoyo a la más cruel dictadura de la historia, con la que compartían la ideología integrista en la que la Iglesia formó a las Fuerzas Armadas desde las primeras décadas del siglo pasado. A menos de dos meses del golpe, la Conferencia Episcopal reemplazó a Tortolo por el Arzobispo de Córdoba, Raúl Francisco Primatesta. Esto implicó una cierta flexibilización en el lenguaje, pero no un cambio de fondo. También los sectores eclesiásticos a quienes se menciona como moderados, los Primatesta, Laghi, Carlos Galán u Oscar Justo Laguna se comprometieron con el gobierno militar.

Las listas de Primatesta

Primatesta era un hombre de extraordinaria comprensión a los planteos militares. Personal del Departamento de Informaciones de la policía cordobesa solicitó a los colegios católicos listas con los nombres y domicilios de profesores y alumnos. Ante una consulta del arzobispo, el director general de Enseñanza Privada, el capitán de la Fuerza Aérea Jorge Eduardo Baravalle, respondió que era preciso .asegurar un control efectivo del alumnado a fin de adoptar medidas de seguridad.. Primatesta ordenó ese mismo día a los colegios parroquiales y religiosos que entregaran toda la información. Además le escribió una cordial carta a Baravalle: "Como lo hiciera en la entrevista personal que tuvimos en el Arzobispado, quiero reiterarle que en un primer momento la medida provocó inquietud en los responsables de los colegios, sea porque provenía de un Departamento que no suele tener competencia educacional y con prescindencia de una comunicación a la autoridad responsable, que es el Arzobispado o exactamente el propio arzobispo; sea porque situaciones similares en otras ocasiones provocaron molestias y alerta en los padres de los alumnos". Pero las garantías de Baravalle acerca de "la seguridad de los alumnos" (no era eso lo dicho por el aeronauta), lo tranquilizaron. Varios de esos alumnos fueron secuestrados y desaparecieron.

Pureza química

Durante la primera Asamblea Plenaria posterior al golpe, en mayo de 1976, se dedicó al intercambio de informaciones sobre la barbarie que la dictadura había descargado sobre distintas diócesis, y que no excluía a sacerdotes, instituciones católicas e incluso obispos, como el riojano Enrique Angelelli y el nicoleño Carlos Horacio Ponce de León. Ambos fueron asesinados en los meses siguientes, mediante fingidos accidentes automovilísticos. Hasta el día de hoy la Iglesia no los ha reivindicado como mártires. Ellos dos, Jaime de Nevares, Miguel Hesayne, Juan José Iriarte, Vicente Zazpe, y el propio Primatesta informaron sobre una abrumadora cantidad de secuestros, torturas, asesinatos y saqueos que conocían. Ante la falta de consenso, se sometió a votación si el Episcopado debía comunicar o no esos gravísimos acontecimientos al pueblo de Dios: 19 obispos se pronunciaron por difundirlos, pero el doble, 38, se opusieron. El 13, 14 y 15 de mayo los obispos corrigieron tres versiones del borrador genérico preparado por Antonio Quarracino, Zazpe e Iriarte. En cada revisión el texto se hizo más complaciente con el gobierno.

El Episcopado afirmó que ninguna emergencia autoriza a ignorar los derechos humanos, aunque varía la forma de vivirlos en cada lugar y momento. Dado el desastre financiero y el clima de violencia, no le parecía razonable "pretender un goce del bien común y un ejercicio plenode los derechos, como en época de abundancia y de paz". Tampoco se podía exigir "que los organismos de seguridad actuaran con pureza química de tiempo de paz" o "no aceptar el sacrificio, en aras del bien común, de aquella cuota de libertad que la coyuntura pide".

Buenos católicos

En marzo de 1977, la encargada de Derechos humanos del gobierno norteamericano, Patricia Derian, sostuvo en Buenos Aires lo que define como "una larga y dura reunión con Laghi", quien "al principio fingió que no sabía. Después dijo que ignoraba la magnitud del problema. Después dijo que la responsabilidad era de los obispos". El nuncio explicó que junto con algunos obispos "moderados" habían protestado ante el gobierno en privado "por las violaciones a los derechos humanos" y requerido explicaciones sobre "miles de casos individuales", pero sin embargo también hizo una abierta defensa de la dictadura. Los militares estaban sacando a flote a la Argentina y "sabían que habían procedido mal en cuestión de derechos humanos". Muchos tenían "graves problemas de conciencia, que planteaban a los capellanes militares". Algunos podían enfermar por estas "graves perturbaciones". Por eso mismo "no necesitan que los visitantes les recuerden sus culpas. Esto sería frotar sal en las heridas". Le recomendó a Derian que su gobierno fuera "muy cuidadoso en la forma de presentar su política de derechos humanos. El gran peligro era debilitar la posición de aquellos elementos moderados del gobierno que rodeaban a Videla, y que otros generales de línea dura dieran su propio golpe y tomaran el poder". En su opinión el presidente y los jefes militares "eran personas de buen corazón" y Videla "un buen católico". Al mes siguiente Laghi le dijo al embajador estadounidense Robert Hill que el desaparecido periodista y empresario Edgardo Sajón había sido "torturado y asesinado por sus captores". En diciembre de 1978 el primer secretario de la Nunciatura, Kevin Mullen, dijo a la embajada de Estados Unidos que "un oficial de la más alta jerarquía del Ejército" había informado al nuncio que las Fuerzas Armadas "se habían visto obligadas a "encargarse de 15.000 personas" (take care of en el original). La expresión no era equívoca: sus interlocutores archivaron el memorándum sobre la conversación con el título "Número de desapariciones".

Si ellos lo dicen

En enero de 1978, cuando la Unión de Superioras Mayores de Francia pidió que Primatesta usara su influencia en favor de Alice Domon, Léonie Duquet y otros sacerdotes y religiosos de quienes no había noticias, el propio cardenal contestó que "esperamos que las acusaciones veladas o abiertas de connivencia de sacerdotes o religiosos con asociaciones o movimientos de tipo subversivo inaceptables para el cristiano sean todas aclaradas, y que nadie haya sido culpable de semejante error criminal". Por algo habrá sido.

Es indisimulable el fastidio de Galán cuando la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos le ofrece su apoyo ante el arresto de Adolfo Pérez Esquivel. Con tres meses de retraso responde que Pérez Esquivel no trabaja con la Iglesia argentina "y no lo conocíamos aquí tan bien como parece serlo en el exterior". Una organización católica canadiense comunicó su apoyo al "activo compromiso de la Iglesia argentina en defensa de los desaparecidos y sus familias". La respuesta, que también se repitió en muchas otras cartas, fue que "no siempre desde lejos se puede apreciar el espectro completo de la realidad o evitar interpretaciones no tan adecuadas acerca de la acción de la Iglesia". Otra fórmula frecuente, dirigida incluso a quienes aplaudían los esfuerzos episcopales, era que "como las informaciones no siempre son adecuadas, sin duda no es fácil, desde lejos, darse cuenta de lo que significa la subversión en un país ylas secuelas que deja. Dios haga que nunca la conozcan ustedes en el suyo".

La católica estadounidense Shirley Kidd comprendía el riesgo personal o institucional que correría la Iglesia argentina por una "oposición abierta a las políticas opresivas del gobierno". Pero si el cuerpo de Cristo "siempre es doloroso, ¿cómo podemos evitar nosotros, que somos parte de ese cuerpo, compartir ese dolor?" Recibió esta indignada contestación de Galán en nombre de Primatesta:

"No le han informado bien. Aquí en la Argentina se ha vivido un ataque de la subversión marxista (entonces nadie por el ancho mundo se preocupaba por las víctimas) y como consecuencia una represión cuyos efectos aun vivimos y lamentamos, en cuanto afectan a la dignidad del ser humano. La Iglesia no ha dejado de dar su enseñanza, hablando claro de cuanto correspondía hablar. Aquí no se ha callado por miedo, y nadie que ame la verdad y conozca la realidad argentina podrá afirmar lo contrario".

Al pastor escocés Peter Bowes, quien se disculpó aclarando que no estaba bajo las mismas presiones que sus colegas argentinos, cuyo compromiso con los desaparecidos apoyaba, le respondieron que "la Iglesia en la Argentina tiene toda libertad para hablar y manifestarse y lo hace. It is not under pressures" (en inglés en el original: no está sometida a presiones).

Si ellos lo dicen.

Demonios

Mientras la dictadura tuvo poder, la Iglesia veía de un lado al Enemigo absoluto del que abominaba, y del otro a los Soldados del Evangelio, a quienes se permitía señalar en forma reservada sus .errores y excesos.. Recién cuando advirtió que el Estado Terrorista se desintegraba, el Episcopado acuñó la doctrina de los dos demonios, en un documento de abril de 1983, "Dios, el Hombre y la Conciencia".En 1984 publicó un folleto de 60 páginas, titulado "La Iglesia y los derechos humanos", con "extractos de algunos documentos". La comparación de esos fragmentos con los textos originales, el estudio de su contenido, de lo que dice y de lo que omite y del doble juego que despliega, introduce a una historia de perversión e hipocresía refinadas: todos los párrafos lisonjeros para la dictadura, aquellos que encabezaban los documentos y que dieron título a los diarios de la época, fueron censurados en la edición de blanqueo al concluir el gobierno militar, mientras se incluían aquellos del tramo final, encabezados por algún "sin embargo" o "tampoco puede omitirse que". En cambio se editaron como si hubieran sido documentos públicos las cartas con críticas y reclamos que la Iglesia entregaba a la Junta Militar en el mayor secreto.

El Jubileo

En 1995, en respuesta a una nota mía sobre el rol de Laghi durante la dictadura, cinco obispos amigos del ex nuncio (entre ellos Laguna, Jorge Casaretto y Galán) preguntaron en una declaración: "¿Para qué debemos conocer toda la verdad? ¿Para volver a enfrentarnos o para reconciliarnos?" De tan posconciliares olvidaron que "sólo la verdad nos hará libres". En 1996 la Asamblea Plenaria del Episcopado argentino, volvió a defraudar todas las expectativas de una reflexión crítica en una Carta Pastoral sobre "el terrorismo de la guerrilla" y "el terror represivo del Estado". El Episcopado rechazaba "responsabilidades que la Iglesia no tuvo en esos hechos" y sólo admitía que unos católicos intentaron tomar el poder político en forma violenta y establecer una nueva sociedad marxista y otros les respondieron ilegalmente. En conclusión imploró perdón a Dios por los crímenes cometidos por "hijos de la Iglesia", ya fueran guerrilleros, militares o policías". Con ello, consideró que lapidaba en forma definitiva la discusión. No sería así.En la primera semana de marzo de 2000, el Vaticano dio a conocer un documento sobre "Memoria y reconciliación", elaborado por una comisión internacional de teólogos. El trabajo fue presentado en conferencia de prensa por el cardenal Joseph Ratzinger, quien explicó que la recuperación de la memoria sólo es posible mediante la profundización teológica sobre la naturaleza de la Iglesia, como comunidad implicada también ella en el "misterio del mal", y en consecuencia necesitada de reforma y arrepentimiento. Ese arrepentimiento alcanzaría la radicalidad necesaria para transformarlo en una profunda recuperación de la memoria, pero también en correcciones incisivas de los mecanismos institucionales de reproducción del integrismo" sólo si "no descargara sobre los individuos la responsabilidad del mal, para dejar inmune a la institución". Según el eminente vaticanista Giancarlo Zizola (quien esta semana pasó por Buenos Aires para ofrecer una conferencia sobre relaciones entre la Iglesia y los estados, en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación), esta visión del ahora pontífice Benedicto sobre el mea culpa por los crímenes cometidos a lo largo de la historia "para mayor gloria de Dios" aún resulta sorprendente para aquellos sectores eclesiásticos "que siguen anclados a la idea de la Iglesia como inmune al mal, como ‘sociedad perfecta’ en posesión exclusiva de la verdad". Es el caso del Episcopado argentino, para el que la Iglesia es santa, y sólo sus hijos pecadores, como no se cansa de repetir Laguna.

El perdón a Brinzoni

Seis meses después, en setiembre de 2000, decenas de miles de militantes católicos acudieron desde todo el país hasta un gran altar instalado sobre un puente en el Parque Sarmiento de Córdoba para participar de una liturgia nocturna que se denominó "la reconciliación de los bautizados". Asistieron sus cien obispos ataviados de blanco. El presidente de aquel Episcopado, Estanislao Karlic, dijo que la violencia guerrillera y la represión ilegítima enlutaron la Patria. Luego siguió una oración: "Padre, tenemos el deber de acordarnos ante Ti de aquellos hechos dramáticos y crueles. Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello a las libertades, en la tortura y la delación, en la persecución política y la intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras, y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país".

Una vez más, colocaba en un mismo plano a la guerrilla y al terrorismo de Estado. Los obispos pidieron perdón a Dios y no a las víctimas, por los actos ajenos y no por los propios. Este deslizamiento semántico también se reflejó en el súbito protagonismo de los laicos, convocados al palco junto a los obispos y religiosos, como implícito señalamiento de quienes tenían la responsabilidad por los hechos abominados. Además, entre los invitados estaba el jefe del Ejército de entonces, el general Ricardo Brinzoni, investigado por su actuación en la masacre de Margarita Belén, pero ningún representante de las víctimas, lo cual señala la persistente incapacidad eclesiástica para asumir la magnitud y la índole de la tragedia. Pero el título del documento (Confesión de las culpas, arrepentimiento y pedido de perdón de la Iglesia) y la cobertura de prensa sugerían una cierta voluntad de enmienda, por parte de una nueva conducción episcopal. En consecuencia desde el CELS solicitamos a Karlic la apertura de los archivos eclesiásticos. Respondió que los archivos están en poder de cada diócesis y no de la Conferencia, que sólo tenía el folleto de 1984, del que nos envió una copia. La apertura de los archivos que según Karlic no existían, y que pude estudiar a escondidas gracias a la caridad de obispos, sacerdotes y laicos, es una reivindicación democrática pendiente, igual que la información castrense sobre la represión. Habrá que estaratento a que el Episcopado no practique una cacería de brujas para identificar a quienes me ayudaron.

Luces malas

En noviembre del año pasado el Episcopado produjo el documento "Una luz para reconstruir la Nación", título revelador del rol que la Iglesia no ha dejado de atribuirse. No encontró nada mejor que reciclar el documento de 1981 "Iglesia y Comunidad Nacional", que fue la resignada aceptación eclesiástica del principio de la soberanía del pueblo y el reconocimiento de la autonomía de la pluralista sociedad temporal. Es equivalente al discurso de Nochebuena de 1944 del Papa Pio XII, cuando ya era inevitable la derrota del nazismo en la guerra. Su eje era la denominada reconciliación, es decir el rescate de los militares luego de los desastres cometidos. La Iglesia admitía que la conciencia nacional había situado a la justicia "en el centro de sus anhelos". Sin embargo, advertía que era preciso "establecer la igualdad y la equiparación entre las partes en conflicto" y "alcanzar esa forma superior del amor que es el perdón". En "Una luz" por primera vez el Episcopado dijo que la dictadura cometió "crímenes de lesa humanidad", pero también exhortó a juzgar los "crímenes de la guerrilla", en un nuevo intento de equiparación pese a haber admitido que no eran comparables. El documento de esta semana, "Recordar el pasado para construir sabiamente el presente" es algo más sobrio, pero insiste en la línea de la declaración de Laguna y Cassaretto de 1995. El golpe fue "consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos", dice, sin referencia al rol activo del Episcopado, y sostiene que la memoria sólo tiene sentido como instrumento de reconciliación. Rechaza tanto la impunidad (por la que ya no puede abogar) como los "rencores y resentimientos que pueden dividirnos y enfrentarnos", como siempre le han llamado al reclamo de justicia. Menos sutil es la recopilación documental difundida el 10 de marzo. El capítulo sobre la defensa de los derechos humanos sostiene que "no debemos tener miedo a la verdad de los documentos". A la verdad, no. Pero a su manipulación sí. Por ejemplo, ese capítulo dirigido a probar que la Iglesia siempre condenó todo tipo de violencia, se abre con el Documento de San Miguel, que en abril de 1969 adaptó a la realidad del país las conclusiones de la Conferencia del CELAM en Medellín. Pero su punto 2 se interrumpe en forma abrupta y, sin explicaciones, se pasa al 4. El final del truncado punto 2 dice que es el deber evangelizador de los obispos "trabajar por la liberación total del hombre e iluminar el proceso de cambio de las estructuras injustas y opresoras generadas por el pecado". El omitido punto 3 es aquel en que el Episcopado sentenció que "la liberación deberá realizarse en todos los sectores en que hay opresión: el jurídico, el político, el cultural, el económico y el social". La introducción del mismo documento, también suprimida, decía que en cumplimiento de las orientaciones fijadas por Pablo VI (que incluían una pastoral dirigida en forma preferencial a sacerdotes, estudiantes, trabajadores y jóvenes, en un continente signado por "el cambio en todos los órdenes") los obispos tendrían "la violencia evangélica del amor para proclamar públicamente nuestro compromiso en todas sus dimensiones". Cuando los jóvenes más generosos que el país produjo en el siglo XX siguieron el camino señalado en este documento, el Episcopado bendijo las armas de los opresores que los masacraron. Los documentos episcopales de los primeros años de la década del 70 son muy distintos a los posteriores, porque recogen el clima de revolución con que el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo condicionó a aquél Episcopado, que le temía como a un "Magisterio paralelo", según la alarmada expresión de varios obispos recogida en el Memo reservado "Puntos conflictivos en la Iglesia argentina", producido por la Conferencia Episcopal Argentina en octubre de 1972 y que, desde luego, tampoco figuraen esta recopilación interesada. El tomo no mutila aquellos documentos posteriores al golpe de 1976 que tuvieron difusión pública y que permiten la comparación. Pero omite varios en los que se encomiaba a la dictadura; organiza todo el material en orden cronológico sin indicar qué piezas fueron públicas y cuáles secretas y sólo resume en pocas líneas los encuentros de camaradería de la Comisión Ejecutiva o su presidente con la Junta Militar o su delegado presidencial o de la Comisión de Enlace con los secretarios de las tres Fuerzas Armadas. El memo sobre la reunión de Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Zazpe con Videla, Emilio Massera y Agosti del 15 de noviembre de 1976 esconde que la Comisión Ejecutiva del Episcopado les comunicó su adhesión a la dictadura, porque "un fracaso llevaría, con mucha probabilidad, al marxismo". Publica la crítica por la represión sin ley, pero oculta que incluso a solas la atribuyeron a niveles intermedios, mientras destacaban "los notables esfuerzos del gobierno en pro del país" y la "imagen buena de las supremas autoridades". Para no verse obligados a "un silencio comprometedor de nuestras conciencias que, sin embargo, tampoco le serviría al proceso" o "un enfrentamiento que sinceramente no deseamos" la Iglesia propuso abrir un "canal de comunicación", que integraron los obispos Laguna, Galán y Mario Espósito. Al año siguiente, Laguna reconoció la total ineficacia de la Comisión de Enlace. El subrayado en total es suyo, en una nota manuscrita a Zazpe. Sin embargo, las amables reuniones mensuales continuaron durante todo el régimen militar. Al comentar esa carta, en 2002, Galán le escribió a Laguna: "¡Quién nos diera poder vivir de nuevo con la experiencia adquirida". Fantasía vana. Sólo se vive una vez. Como se supone que son creyentes, cuando Laguna lo siga se encontrará con Galán en el infierno.

Blanqueo de sepulcros

Nada de esto se encontrará en el nuevo blanqueo editorial de sepulcros episcopales con el que Bergoglio (autor de la frase sobre la memoria completa, según reveló Brinzoni en un reportaje) inauguró su mandato al frente de la Iglesia argentina. Sin embargo, está bien archivado en la sede de la calle Suipacha, cuya cesión el Episcopado pidió a la dictadura con la ilusión de mudarse a "una casa mucho más palaciega", a la espera de que alguna futura conducción no contaminada con el pasado decida abrir su consulta.

Fuente: Página/12, 17/03/96

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Monseñor Plaza y otros obispos

[Del libro Iglesia y Dictadura, El papel de la iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, de Emilio F. Mignone Capítulo 4]

Monseñor Plaza

De todos los miembros del Episcopado es, tal vez, monseñor Antonio José Plaza, hasta 1986 arzobispo de La Plata, quien con mayor claridad y desenfado se identificó con la dictadura militar, y sus métodos represivos.

Plaza cultivó un desaprensivo menosprecio por la colegialidad episcopal. En cada ocasión que la CEA publicó una pastoral colectiva reafirmando los principios cristianos acerca de la dignidad de la persona humana, el arzobispo de La Plata, a pesar de haberla suscripto, encontraba la manera de poner de manifiesto su discrepancia.

Esto indica que constituye un error la tradición en virtud de la cual los documentos episcopales tienen que aparecer firmados por todos los integrantes del cuerpo, simulando una unanimidad que no existe. Ello trae como consecuencia textos confusos y ambiguos, con párrafos contradictorios destinados a satisfacer los distintos criterios.

Nadie tiene que escandalizarse porque haya obispos con opiniones diferentes. La ficción de la unanimidad parte de la concepción de una Iglesia monolítica, donde los fieles deberían limitarse a obedecer. La Iglesia que muestra el Nuevo Testamento es otra, con pluralidad de dones, donde la función episcopal es un servicio y la conciencia de cada cristiano, como lo solía repetir el cardenal Newman, es el último juez de la conducta individual.

Sería más lógico que las pastorales colectivas sobre asuntos controvertidos se publicaran con la firma de los obispos que componen la mayoría a favor de una determinada opinión. Los integrantes de la, o de las minorías tendrían derecho igualmente a expresar sus disidencias. Con ese procedimiento hubiéramos conocido con certeza la posición de los distintos prelados en relación con el problema de la violación de los derechos humanos, sin el temor de incurrir en injusticias al englobarlos en una apreciación general.

En los Estados Unidos la Conferencia Episcopal ha adoptado la política de dar a conocer los borradores de las pastorales colectivas sobre temas controvertidos, elaborados por n comité de expertos, para conocer la opinión del Pueblo de Dios. El texto final queda enriquecido con observaciones y críticas. Eso ocurrió con el documento referido a la utilización de las armas nucleares, que alcanzó una notable gravitación en la opinión pública. (El obispo de Morón Justo Laguna viajó en 1986 a los Estados Unidos invitado por la Conferencia Episcopal de ese país y cuenta lo siguiente: "La asamblea episcopal de los EE.UU. tiene en preparación un documento sobre la doctrina social de la Iglesia y la economía norteamericana... Lo que no dejó de sorprenderme fue la forma en que trabaja, con una libertad y una apertura que le permite crecer y conocer la realidad de la patria con mucha eficacia. Es una cosa admirable que publiquen los borradores y reciban la crítica de todos los sectores" La Razón, Bs. As., 26 de mayo de 1986.)

En los concilios ecunémicos los proyectos de constituciones se deciden por el voto de la mayoría y se da a conocer el resultado de la elección. El nombre de los sufragantes no es un misterio. En el Concilio Vaticano I una quinta parte de sus integrantes se opuso al tratamiento del dogma de la infalibilidad pontificia y sesenta padres conciliares -cuyos nombres constan- se retiraron para no pronunciar su non placet en la votación final.

Una voz discordante

Con motivo de la autoamnistía decretada por el régimen militar tres meses antes de retirarse del gobierno, Plaza fue la única voz episcopal que se alzó para defenderla. Publiqué entonces un artículo en el diario La Voz del 3 de septiembre de 1983, donde esbozo una semblanza del arzobispo de La Plata. Creo que es interesante transcribirlo porque recibí muchos llamados de adhesión de clérigos y laicos de su arquidiócesis.

La de monseñor Plaza fue una de las pocas voces discordantes.

El arzobispo de La Plata, Antonio J. Plaza, constituye una voz discordante en el país. Ha sido el único, junto con Emilio Hardoy que ha defendido públicamente la ley de autoamnistía.

Ardí, conservador septembrino y diputado fraudulento, lo hizo en términos cínicos, pero políticos. Plaza, en cambio -y esto es lo grave y escandaloso-, ha pretendido justificarla desde un ángulo religioso. Ha dicho que la llamada ley de pacificación nacional, mediante la cual los criminales encarnados en el poder se amnistían a sí mismos, es una norma "evangélica".

En realidad, monseñor Plaza, pese a su carácter de obispo de la Iglesia católica, nunca ha tenido nada que ver con el Evangelio. En 45 años que lo conozco jamás le he escuchado una frase que posea relación con la doctrina de Cristo. Sacerdote ambicioso y politiquero, consiguió "obispar", como se decía antiguamente, en 1950, adulando al gobernador Mercante y ocupó hasta 1955 la diócesis de Azul. Ocurrido el golpe de Estado de ese año, atribuyó, en una frase desdichada y famosa, la epidemia de poliomelitis de esa época a los supuestos pecados convertidos por los gobernantes depuestos (que lo habían encumbrado). Evidentemente la teología del prelado no era muy sólida.

Como compensación por su adhesión a los nuevos detentadores del poder, logró que el ministro de Lonardi, Mario Amadeo, lo hiciera promover al arzobispado de La Plata. Era una época en la que todavía se aplicaba el régimen del patronato establecido por la Constitución Nacional, en virtud del cual los obispos debían ser presentados por el presidente de la Nación, para su consagración por el papa. Felizmente ese anacrónico sistema, que todavía subsiste en la letra de la ley fundamental, fue abolido mediante un acuerdo con la Santa Sede, negociado por el ministro de Relaciones Exteriores de Illia, Miguel Angel Zavala Ortiz y firmado por Onganía.

Desde hace casi veinte años, el país y los cristianos padecemos a Plaza en la arquidiócesis de la capital bonaerense. En 1958 se alió con Frondizi y Frigerio y obtuvo innumerables prebendas con el verso de la enseñanza libre y otras actividades menos líricas. Logró, entre otras cosas, la autorización del Banco Central para el funcionamiento en el país de una institución crediticia uruguaya, el banco del Este. Adquirido por Pérez Companc se transformó en el Río de la Plata y hoy se denomina Banco Río. Compró el paquete accionario del banco Popular de La Plata, asunto que terminó en una verdadera estafa, de la cual salió indemne por su condición episcopal. Tenía cuenta corriente en el banco Comercial de David Graiver pero se salvó de las iras del general Camps -quien le dedica un encendido elogio en su libro Punto Final-, merced a los servicios que prestó a la represión ilegal y asesina, denunciando estudiantes y a su propio sobrino y aceptando el cargo de capellán mayor de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto le permite cobrar otro sueldo y gozar de un segundo automóvil. En ese carácter visitaba las prisiones clandestinas donde se torturaba y se fusilaba. No consta que prestara auxilios religiosos a los prisioneros , aunque en su lejana juventud enseñara teología mística en el seminario de La Plata, disciplina aparentemente ajena a su personalidad y a sus preocupaciones. Curiosamente, hasta la mística le produjo beneficios: con el cuento de los grandes místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, expolió durante años a los padres carmelitas, a cuya orden pertenecían ambos santos.

Pero el gran filón de monseñor Plaza ha sido el sector educativo, que manejó desde la comisión respectiva del episcopado. Enfermo de poder, impuso ministros de Educación de la provincia de Buenos Aires y directores de la superintendencia para la enseñanza privada de la Nación y obtuvo durante años, a través de todos los regímenes, ventajas legales y económicas. Para ello no omitió enjuagues políticos. Recuerdo que desde el balcón de la casa de gobierno de La Plata, apoyó la continuidad del vice-gobernador Calabró, cuando Perón hiciera renunciar a Bidegain. Su última hazaña consistió en una exención impositiva obtenida a través del ministro de Economía del gobernador Ibérico Saint Jean, Raúl Salaberren Malgor.

Sin perder un minuto Plaza se ha alineado con el candidato a gobernador peronista para la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quien ha prometido públicamente designar ministro de educación a quien el arzobispo de La Plata le indique. Pero Herminio se equivoca. Hoy Plaza nada significa en la Iglesia católica, sino un pasado turbio y preconciliar, que está desapareciendo. A veces demasiado lentamente, pero de manera inexorable.

Un ejemplo del menosprecio del arzobispo Plaza por las decisiones de la Conferencia Episcopal y su connivencia con la dictadura castrense, lo muestra el episodio del libro de catequesis Dios es fiel, de la religiosa de María Auxiliadora de Rosario, Beatriz Casiello.

A fines de 1978 tuvo lugar una ruidosa campaña periodística encabezada por el diario La Razón -portavoz en ese entonces, del servicio de inteligencia del ejército-, dirigida a sostener que el texto de la hermana Casiello, muy difundido en los colegios católicos, incitaba a la subversión. Con la preocupación consiguiente tomó cartas en el asunto la Conferencia Episcopal, la cual, sin llegar a elogiarlo, dictaminó que "el libro no contiene afirmación errónea ni negación de la doctrina católica".

Esta opinión no satisfizo a monseñor Plaza, quien, en materia de ortodoxia católica, confiaba más en los oficiales del ejército que en sus hermanos en el episcopado. El 18 de noviembre de 1978 el arzobispo de La Plata prohibió el texto en las escuelas católicas de su diócesis mientras el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, general Ovidio Solari adoptaba una medida similar en su jurisdicción, que involucraba a varios obispados (1). Como hubo algunas protestas, el secretario de prensa del gobierno bonaerense, capitán Jorge Cayo, manifestó categóricamente "no nos preocupan los obispos, se prohíbe y basta" (2). Plaza agradeció públicamente, mediante una carta, la colaboración del general Solari (3).

Los últimos años

Como resultado de las actitudes relatadas, durante la XLIV asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que tuvo lugar entre el 19 y el 24 de abril de a982, Plaza fue desplazado de la presidencia de la comisión episcopal de educación católica, una de las fuentes de su poder. Lo sustituyó el obispo de Azul, monseñor Emilio Bianchi di Cárcano.

En 1983 el abierto apoyo de Plaza a la candidatura de Herminio Iglesias para la gobernación de Buenos Aires, a cambio del control del ministerio de Educación, atrajo críticas de adentro y de afuera de la Iglesia. Es interesante a este respecto un editorial del diario La Prensa, del 13 de septiembre de 1983. Dice así:

Límites de la misión eclesiástica

Una noticia publicada en nuestra edición del 30 de septiembre pasado hizo saber que un grupo de sacerdotes de la arquidiócesis está realizando consultas entre sí para sopesar la posibilidad de presentar su queja ante la Nunciatura Apostólica o la propia Santa Sede, dado los problemas y divisiones que provoca entre sus fieles el proclamado apoyo del arzobispo de La Plata al partido Justicialista de la provincia y a su candidato a gobernador, a los que últimamente en todas sus declaraciones periodísticas, da como seguros triunfadores en las próximas elecciones.

No sólo los mencionados sacerdotes sino también el arzobispo de Bahía Blanca y los ocho obispos diocesanos bonaerenses, participarían de idénticas preocupaciones sobre los juicios y las entrevistas mantenidas por el eludido prelado con el candidato justicialista a la gobernación de la provincia. Hasta los propios militares peronistas, miembros de la grey católica, se habrían sentido afectados por el proceder del arzobispo de La Plata, calificando de apresurada contraprestación de favores a la promesa hecha al prelado, de designar ministro de educación a un "candidato" de simpatía.

Nada de lo que decimos ha sido desmentido, por lo que cabe admitir que estamos en presencia de un hecho anómalo que, por un lado, exhibe a un candidato a gobernador en tren de negociar prestaciones y contraprestaciones con un miembro de la jerarquía católica bonaerense y a éste aceptando la propuesta que consiste, de su parte, en proponer un candidato de su preferencia para cubrir el cargo de ministro de educación de un futuro posible gobierno justicialista en la provincia de Buenos Aires.

Tanto uno como otro protagonista de la negociación han excedido el marco de las funciones que les competen. Más grave es, sin embargo, la actitud del prelado al comprometer la neutralidad de la Iglesia a que pertenece, faltando además al compromiso moral, que sin duda ha asumido al ostentar su investidura, de no inmiscuirse en las luchas políticas.

Con fina ironía La Nación comentó el 28 de septiembre de 1983:

Con las Cartas a la vista

Por más críticas que el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el peronismo, Herminio Iglesias, merezca de sus adversarios, -de adentro y de afuera de su partido- nadie podrá acusarlo de proceder con ocultamientos o disimulos. Se ha revelado como un hombre que habla claro, sin subterfugios, que gusta desnudar el fondo de su pensamiento.

En esa provincia era vox populi -no se sabe si también vox Dei, aunque por lo que sigue podría pensarse que sí-, que desde hace muchos años y especialmente durante los gobiernos militares, el ministerio de Educación debía ser ocupado por un hombre que contara con el beneplácito de la Iglesia católica, expresada, por razones de jurisdicción, por el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza. A Plaza, además se le atribuyó tradicionalmente -por lo menos desde 1958 en adelante-, un peso significativo en todas las cuestiones educativas en el orden nacional y más de un funcionario en esos ámbitos ha sido mencionado como perteneciente al entorno de aquél. Monseñor Plaza tuvo, también, influencia considerable en el montaje de la legislación sobre enseñanza privada que se fue dictando a partir del año citado y, a veces, se habló de él como responsable directo de los nombramientos de funcionarios estatales correspondientes a ese ámbito.

Pero claro está, todo se mantuvo siempre en el plano de lo que "se dice" o "se sabe", de los rumores de las versiones, de las comidillas de los organismos oficiales o de los comentarios de las publicaciones más combativas, política o ideológicamente hablando. Jamás tuvo carácter público y jamás alguien hubiera podido probar sus afirmaciones con respecto a la influencia concreta de monseñor Plaza en el ámbito educativo nacional o provincial.

Ahora, bruscamente, todo ha cambiado y las cartas están sobre la mesa. Ya no hay motivos para el "se dice" o "se sabe". Ya no hacen falta las "fuentes bien informadas", ni tienen valor "rumores o versiones".

Si Iglesias llega a la gobernación de Buenos Aires, la Iglesia -monseñor Plaza mediante- tendrá a su cargo la designación del ministro de Educación (si alguien viera en esto un juego de palabras no deberá atribuirlo a la sagacidad del comentarista, pues surge de un azar francamente notable). Herminio Iglesias, en efecto, no ha querido ocultar nada ni mantener en las sombras sus entrevistas con el arzobispo de La Plata, ni dejar que más adelante se fuera a decir que para elegir ministro de Educación había recibido influencias ocultas: en esa materia hará lo que diga Plaza o no hará nada.

Quienes predican constantemente que la claridad de los actos de gobierno es prenda de una verdadera democracia no podrán quejarse. Quienes quieren que el pueblo sepa siempre de qué se trata, tampoco. Quizás, empero, se quejen algunos constitucionalistas ortodoxos y algunos -¿o muchos?- hombres de la Iglesia. Unos y otros podrán argumentar que esta confusión de poderes no favorece ni a la República ni a la Iglesia. En fin: ya se sabe que hay eternos descontentos.

Según es conocido, el peronismo perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en gran medida por la candidatura de Iglesias. Este no alcanzó, por lo tanto, la gobernación.

El poder ejecutivo constitucional bonaerense, instalado el 10 de diciembre de 1983, dispuso por decreto 321 del 30 del mismo mes y año, el pase a retiro obligatorio del arzobispo Antonio José Plaza como capellán general de la policía. Había sido nombrado para ese cargo el 11 de noviembre de 1976, en plena dictadura militar. Asumió sus funciones en un acto que presidieron el entonces comandante del primer cuerpo de ejército, general Carlos Suárez Mason y el jefe de policía coronel (ahora general), Ramón Camps, cuyas responsabilidades en el terrorismo de Estado son sobradamente conocidas.

El ministro de gobierno de Buenos Aires, Juan Antonio Portesi, señaló en esa ocasión que Plaza cobraba, además del sueldo de comisario general, un 30% adicional de bonificación por el título de abogado, aunque es notorio que no lo poseía. Disponía además de un automóvil con chofer y personal de servicio para su atención en el arzobispado. "La erogación de la provincia destinada al prelado -agregó el doctor Portesi- era importante" (4).

En 1985 monseñor Plaza debió enfrentar en la justicia penal de La Plata una denuncia presentada, con el patrocinio de los abogados del CELS, por su sobrino Jesús Plaza. La causa está vinculada a la detención y desaparición de Juan Domingo Plaza, también sobrino del arzobispo y hermano de Jesús. Este último había entrevistado al arzobispo, señalando sus temores, el día anterior a la detención de Juan Domingo. Dicha circunstancia hace sospechosa la conducta de monseñor Plaza, quien, por otra parte, a pesar de sus vinculaciones, se abstuvo de cualquier gestión a su favor. El joven desaparecido fue visto por varios sobrevivientes en la Escuela de Mecánica de la Armada.

En la audiencia del 3 de octubre de 1986, del juicio contra el general Ramón Camps, ante la Cámara Federal, el testigo Eduardo Schaposnik afirmó haber visto a éste, acompañado del arzobispo de La Plata Antonio Plaza, en el centro clandestino de detención ubicado en la cuadra de la jefatura del cuerpo de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Según La Nación del 21 de mayo de 1985, monseñor Plaza sostuvo que el juicio que se seguía en ese momento a los ex comandantes, "es una revancha de la subversión y una porquería. Se trata -agregó coincidiendo nuevamente con Emilio Hardoy-, de un Nüremberg al revés, en el cual los criminales están juzgando a los que vencieron al terrorismo". Estas expresiones movieron al abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Eduardo Barcesat, a promover un juicio por desacato contra Plaza. "Las alusiones -expresa en su presentación el mencionado letrado-, están clara e inequívocamente dirigidas contra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a propósito de un significativo proceso que se está llevando adelante ante dicho estrado judicial. La calificación de ‘criminales’ se refiere sin ambigüedad posible a los referidos jueces del Poder Judicial de la Nación". Solicitó por ello el procesamiento, la prisión preventiva y el embrago de los bienes del acusado (5).

El 21 de diciembre de 1984 monseñor Plaza cumplió 75 años. El artículo 401 del código de derecho canónico dispone que a esa edad los obispos diocesanos deben presentar su renuncia al Sumo Pontífice. El arzobispo de La Plata, en un gesto de arrogancia, nunca quiso admitir públicamente que hubiera cumplido con dicha prescripción canónica. Sin embargo envió su dimisión, que, inexplicablemente, tardó más de un año en ser aceptada por el papa.

Mientras Plaza viajaba a Europa, poco antes de su septuagésimo quinto aniversario, el 14 de noviembre de 1984, Nicolás Argentato, rector de la Universidad Católica de La Plata, de la cual el arzobispo era el Gran Canciller, impuso en Nueva York el título de doctor "honoris causa" al reverendo Sung Myung Moon, fundador y cabeza de la poderosa secta que lleva su nombre. Debido a que Moon estaba preso cumpliendo una condena por defraudación al fisco estadounidense, fue representado en la ceremonia por su segundo, el coronel coreano Bo Hi Pak.

El inaudito episodio de una universidad católica otorgando un grado académico honorario a Moon, produjo un verdadero escándalo, que no perturbó al arzobispo Plaza. La Santa Sede salió a cubrirlo diciendo, a través de la Radio Vaticana, que «la opinión pública ha recibido con estupor y amargura la concesión del doctorado "honoris causa", a Moon, por la Universidad Católica de La Plata». La misión de la Sede Apostólica ante las Naciones Unidas afirmó que "Argentato contravino con ese acto una decisión de su superior jerárquico, el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio José Plaza". El cardenal Primatesta, conociendo el paño, expresó desde Roma, más dubitativo que "por lo que yo sé, puedo afirmar que Plaza desautorizó a Argentato". A su vez, el secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Carlos Galán, expresó que esa distinción "no condice con el calificativo de ‘católica’ que tiene dicha casa de estudios".

Plaza ha mantenido hasta el presente un absoluto silencio sobre la cuestión. Se negó a formular declaraciones al regresar a la Argentina. No solo no desautorizó públicamente a Argentato sino lo sostuvo y le renovó su confianza como rector de la UCLP hasta el momento de dejar la diócesis. Le ha tocado a su sucesor, monseñor Antonio Quarracino, reemplazarlo por el presbítero Gustavo Ponferrada.

No cabe duda, como surge de ese contexto, que el arzobispo Plaza dispuso o autorizó el otorgamiento del diploma, sin rectificarse de su decisión. Las aclaraciones de la Santa Sede no responden a la realidad y sólo tuvieron por objeto guardar las formas.

Las razones de esa distinción hay que buscarlas en dos hechos. El primero, una donación de 120.000 dólares realizada por Moon a la Universidad Católica de La Plata, admitida por el doctor Argentato (6). El segundo, la coincidencia de fines y actividades entre la poderosa secta, monseñor Plaza y los grupos militares latinoamericanos que detentan o han detentado el poder absoluto en el Cono Sur.

Pero antes de avanzar en ese terreno, conviene recordar los antecedentes de la secta. Según el libro El Principio Divino, escrito por el reverendo Sun Myung Moon -un ex monje coreano nacido en 1920-, "Jesús le reveló cuando tenía 16 años que era el segundo Mesías. Su misión consistiría en construir los fundamentos para salvar al hombre y luego conquistar una nación que sea la responsable de restituir el ‘Reino de los Cielos en la Tierra’.

Hace 2.000 años la nación preparada y elegida fue Israel, hoy la nación escogida es los Estados Unidos. Ahora bien, previendo la posibilidad que el pueblo norteamericano no cumpla con la responsabilidad de seguir al Mesías, como lo hicieron los judíos con Jesús, se buscaron algunos países alternativos. En 1965 el reverendo Moon realizó una gira por cuarenta países de tres continentes y la Argentina fue la elegida como ‘tierra alternativa de Dios’. Es por ello que el reverendo Moon bendijo el suelo de la plazoleta Colón ubicada entre Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, Alem y la Casa Rosada. En 1975 envía la primera misión y nueve años más tarde están distribuidos en casi todas las provincias argentinas" (7).

El nombre oficial de la secta, fundada en 1954, es "Iglesia de la Unificación" o "Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial". En ese carácter se encuentra inscripta desde 1980 en el Registro Nacional de Cultos del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, bajo el número 1.184. Su sede se encuentra en la calle Vidal 2321 de la capital federal, en el barrio de Belgrano.

Uno de los motivos que preocupan en la actividad de la secta lo constituye el modo como reclutan adeptos entre jóvenes desorientados, a quienes aíslan de su familia y someten, en centros especiales, a verdaderos lavados de cerebro, con técnicas sicológicas demoledoras de la personalidad. Con frecuencia los trasladan a Corea del Sur o a los Estados Unidos. Un periodista argentino, Alfredo Silleta, logró incorporarse a los "moonies" para investigar sus procedimientos, que descreibe minuciosamente en el libro La secta Moon - Cómo destruir la democracia, publicado en julio de 1985 por El Cid Editor.

Al margen de ese reclutamiento, "la secta Moon es un poder económico mundial, al extremo que sus activos declarados en Corea del Sur rozan los 200 millones de dólares, invertidos en compañías productoras de titanio, maquinarias, armas, té ginseng y otros rubros. Según declaraciones al Washington Post de Yoshikazu Soejima, ex director de relaciones públicas de la filial Japón, en los últimos diez años 800 millones de dólares fueron transferidos desde dicho país a los Estados Unidos. Obviamente, no se trata de donaciones de los fieles, sino de ganancias empresarias y fondos negros a invertirse con fines económicos y políticos en los Estados Unidos y otros países".

"La ofensiva de la secta en el cono sur latinoamericano se intensificó a partir de 1980 con viajes sucesivos de altos jerarcas a Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina para establecer en nuestro país filiales de CAUSA Internacional -el brazo político de la secta- y corresponsalías para sus diarios en los Estados Unidos, uno de ellos en idioma castellano, que se editan en Nueva York y Los Angeles. Entre los entrevistados figuraban los presidentes Stroessner y Pinochet, el jefe del ejército uruguayo general Luis Queirolo y en la argentina los almirantes Massera y Lambruschini y los ex presidentes Onganía y Levingston. La penetración en el Uruguay resultó espectacular y se calculan en 60 millones de dólares las inversiones realizadas, entre ellas un diarios, una imprenta de primera línea, bancos y el Victoria Plaza, principal hotel de Montevideo" (8).

Como una colaboración con la dictadura militar el diario de la secta en Nueva York, News World, publicó a fines de 1979 una entrevista a una supuesta "Madre de un subversivo", que señalaba encontrarse en el Uruguay ante las amenazas de los montoneros. Era la señora Thelma Jara de Cabezas, que en realidad estaba detenida clandestinamente en la Escuela de Mecánica de la Armada, de acuerdo con su minucioso relato ante la cámara federal de la capital federal, en el juicio a los ex comandantes. Confirma en esa declaración la señora de Cabezas que en septiembre de ese año fue trasladada a Montevideo, con documentos falsos, para ser entrevistada por dos periodistas norteamericanos (9).

Del 13 al 17 de julio de 1980, CAUSA (Confederación de Asociaciones para la Unificación de las Sociedades Americanas), realizó un seminario en el hotel Libertador de Buenos Aires, con el patrocinio de la Universidad Católica de La Plata. Contó con la presencia del asistente de Moon, coronel Bo Hi Pak y la participación del general Diaz Bessone y los ex presidentes de ipso Onganía y Levingston.

En esa ocasión, Pak y Plaza intercambiaron discursos. El primero agradeció "la inspirada guía y ayuda de monseñor Plaza, a quien sinceramente admiro y respeto como campeón de Dios y de la libertad en esta época". El sgundo contestó expresando que "debemos enfrentar al marxismo en su ideología... El reverendo Moon eligió desafiar la causa de la violencia en la teoría obsoleta del marxismo... Ponemos de relieve la actividad del coronel Pak en su lucha contra el marxismo, pero también en su contrapropuesta" (10).

Plaza habría sido el nexo para el viaje a Corea del Sur del entonces jefe del estado mayor del ejército argentino, José Arguindeguy, quien se trasladó a Seúl con su esposa y dos coroneles por invitación de Bo Hi Pak.

En febrero de 1985 el brazo político de la secta organizó en París una reunión de más de cien militares de alta graduación para analizar la situación centroamericana. De la Argentina asistieron los generales Diaz Bessone, Osiris Villegas y Mallea Gil, el almirante Fitte y el brigadier Martínez Quiroga.

En la primera semana de diciembre de 1985, doce latinoamericanos que alguna vez ocuparon la presidencia constitucional de su país, entre ellos Arturo Frondizi, fueron recibidos colectivamente por el papa Juan Pablo II. La noticia no tiene nada de llamativo, sino fuera que los citados ex presidentes habían sido convocados para reunirse por AULA (Asociación pro Unidad Latinoamericana), que es una de las doscientas organizaciones civiles de todo tipo que financia la "Iglesia de la Unificación". Con posterioridad a dicho encuentro Frondizi ha viajado a Corea del Sur. Esta vinculación del ex presidente argentino no llama la atención, dada su actual posición ideológica y política, pero sí la audiencia con el Sumo Pontífice, teniendo en cuenta las características, doctrina y antecedentes de la secta que venera al reverendo Moon como "segundo Mesías".

Algunos interrogantes

Con las referencias precedentes he querido mostrar, dentro de los límites de este trabajo, la posición asumida y el papel desempeñado por el arzobispo de La Plata, en relación con el terrorismo de Estado implantado por la dictadura militar.

El análisis, sin embargo, ha conducido a la presentación de un cuadro más amplio, que plantea algunos interrogantes.

Los expresa también el editorialista de la revista Criterio, al manifestar: "Hay que reconocer que muchos católicos no se sienten cómodos hoy en la iglesia. Creen advertir que no se guarda la debida equidad ante comportamientos juzgados negativos de uno u otro sector eclesial. Contrastan, por ejemplo, la severidad de las medidas adoptadas con el P. Boff con la lenidad con que han sido tratados los ‘errores’ de monseñor Marcinkus en el sonado caso del banco Ambrosiano y, en nuestro país, la impunidad con que las autoridades de la Universidad Católica de La Plata otorgaron un doctorado honoris causa al jefe de la secta Moon. Una suerte de neoconservadorismo eclesiástico se muestra hipersensibilizado por los desvíos de la ‘izquierda’, pero al mismo tiempo hace la vista gorda a la falta de adhesión visible al Concilio Vaticano II por parte de algunos institutos religiosos" (11).

Me pregunto cómo es posible que durante tantos años el titular de una de las principales sedes arzobispales del país, actuara en la forma que he reseñado, a contrapelo de las enseñanzas envangélicas y de las normas eclesiales, causando verdadero escándalo, sin que la Santa Sede y la Conferencia Episcopal le pusieran remedio. Se me dirá que cada obispo es responsable solamente ante Roma. Es cierto. Pero la colegialidad posee sus exigencias e impone limitaciones que los prelados preocupados por la defensa de los derechos humanos aceptaron, mientras monseñor Plaza al igual que Bonamín y otros colegas -como se verá enseguida-, pasaron olímpicamente por alto.

No entiendo que haya habido que esperar que Plaza cumpliera 75 años para que abandonase su cargo y menos que el papa se pasara un año largo antes de dar a conocer la aceptación de su renuncia. Si la decisión hubiese sido inmediata, habríamos tenido la sensación de un gesto de desaprobación. En cambio con esa demora, pareciera lo contrario. Deberé inclinarme ante la opinión de algunos expertos que sostienen que Plaza goza de la protección de ciertas camarillas vaticanas.

De cualquier manera la sanción social, dentro y fuera de la Iglesia, se ha hecho sentir. Monseñor Plaza se ha retirado de su función en el más absoluto silencio. No he visto publicada la mención de un solo homenaje, de una despedida, de una misa siquiera, como es habitual en estos casos. Es posible que las haya habido. No resido en La Plata y no puedo aseverarlo. Pero soy asiduo lector de diarios, periódicos y revistas y no ha pasado bajo mis ojos la menor noticia. Se dio en cambio amplia publicidad a la toma de posesión de la sede por su sucesor, Antonio Quarracino.

Opiniones episcopales

Resultaría imposible y tedioso intentar un análisis de la posición asumida por cada obispo del país con respecto a las violaciones de los derechos humanos, la condena del terrorismo de Estado y la atención pastoral de sus víctimas.

Voy a limitarme a transcribir un florilegio de expresiones y actitudes que demuestran, a mi juicio, el predominio en el cuerpo episcopal de una opción política a favor del régimen militar en desmedro de las exigencias del testimonio evangélico.

Comencemos por monseñor Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata. En mayo de 1977 dijo en un discurso en la capital de la provincia de Buenos Aires: "Los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por las fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestro territorio. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una Nación en la cual la Iglesia goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxistas" (12).

Obsérvese el adverbio "espiritualmente". Para monseñor Plaza, en abierta contraposición con la doctrina católica, el ámbito espiritual correspondía al gobierno de las fuerzas armadas, como lo puso de manifiesto en el caso de la prohibición del libro de Beatriz Casiello, que he mencionado en las páginas anteriores. Su principal preocupación es que la Iglesia goce de respeto -es decir, de privilegios-, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países, "condenadamente marxistas".

En agosto de 1978 el mismo Plaza sostuvo, en respuesta a una carta de Amnistía Internacional, que "en la Argentina no hay prisioneros políticos" (13). Pocas semanas antes, al regresar de un viaje al Vaticano, lamentó "la campaña de descrédito existente -a su juicio contra la Argentina- que cuenta con el apoyo de las fuerzas de la izquierda". Agregó que en la Santa Sede se estaba viendo la situación argentina con mayor comprensión y expresó su esperanza que los periodistas que vendrían para el campeonato mundial de fútbol podrían ver mejor las cosas (14).

En algunos casos, con olvido total de la obligación pastoral, la opinión de los obispos fue expresada con una violencia y una ceguera incomprensibles. Tal es el caso de monseñor Carlos Mariano Pérez, ahora retirado del obispado de Salta. En enero de 1984 sostuvo ante la prensa nada menos que lo siguiente: "Hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo". Sin duda pensaría, evangélicamente en la utilización de cámaras de gases. Además, "se mostró contrario al juicio y castigo a los militares, afirmó que los organismos defensores de derechos humanos en nuestro país pertenecen a una organización internacional; y consideró que la exhumación de cadáveres N.N. es una infamia para la sociedad" (15).

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en 1979, causó irritación a muchos obispos. Pienso que en esa reacción se mezclaban varios factores. El primero, la ignorancia. Los prelados dan la impresión de no saber que la C.I.D.H. integra la Organización de los Estados Americanos, a la cual pertenece la Argentina y que ésta, por los tratados que ha suscripto, está obligada a aceptar su intervención. No tienen la menor idea del papel -encomiado con frecuencia por la Santa Sede- que desempeñan los organismos internacionales en la salvaguardia de los derechos humanos. Se imaginan a la Comisión como un grupo de enemigos del régimen argentino y no como un cuerpo imparcial, formado por juristas independientes.

A esa circunstancia se agrega su mentalidad estrecha y patriotera, formada por la ideología del nacional-catolicismo. Pero lo claramente decisivo era la alianza de los obispos con el régimen militar, al cual se sentían en la obligación de defender sin ningún análisis serio de la cuestión.

En algunas declaraciones, como la de monseñor Octavio Nicolás Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina y obispo auxiliar de La Plata, el primitivismo se combina con el agravio a las víctimas del terrorismo de Estado y la adulación a las autoridades. "Creo que la C.I.D.H. no debería haber venido", sostiene en septiembre de 1979. "El gobierno -agrega- con una gran generosidad la ha aceptado. Por eso yo también la respeto, pero no tenía por qué una comisión extranjera venir a tomarnos examen. Creo que en estre momento el gobierno lo está haciendo bien y no era necesario todo esto. Pero en fin, ya que ha venido pido a Dios que sean objetivos y no se dejen influenciar por aquella gente que ha creado este problema en la Argentina: las familias de aquellos guerrilleros que mataron, secuestraron y robaron" (16).

En esta exposición, como en todas las de Derisi, surge la estolidez, la incompetencia, la deshonestidad. "Creo sinceramente -continúa-, que la Argentina es uno de los países donde hay más tranquilidad y en donde los derechos humanos están más respetados. En este momento hay presos, pero presos por delincuencia, dice el gobierno y en todo caso de acuerdo a la ley y a la constitución. No veo que en este momento en la Argentina se encarcele, se mate, se atropelle contra los derechos humanos en ninguna parte. Si hay alguna cosa individual... somos hombres, pero no me consta que exista esta situación. De todos modos yo vengo de Europa y les aseguro que hay mucha más tranquilidad en Argentina. En la Argentina una mujer puede ir de noche con toda tranquilidad. Yo diría que los derechos humanos están sustancialmente defendidos en la Argentina" (17).

En una encuesta de la revista Somos sobre la venida de la C.I.D.H., monseñor Derisi repite los mismos argumentos, agregando un matiz de vanidad intelectual, derivado de su presunta versación filosófica: "Prefiero -dice- llamar derechos de la persona humana y no derechos humanos. Hay quienes hablan mucho sobre el tema, si. Pero un país donde hubo un millón de abortos en un año como los Estados Unidos -añade con una lógica extraña-, ¿tiene derecho a convertirse en juez?" (18).

Surge otra vez la confusión respecto a la C.I.D.H., cuyos integrantes, en su mayoría son latinoamericanos. Y no se entiende por qué razón si en los Estados Unidos -igual que en la Argentina- se realizan abortos , se justifica que entre nosotros las fuerzas armadas secuestren, torturen, roben y maten.

No voy a incursionar sobre el perfil intelectual y moral de monseñor Derisi, porque no es la ocasión oportuna. Ya habrá oportunidad. Quiero mantenerme dentro de los límites de mi tema y señalar el papel miserable que Derisi desempeñó en los años oscuros, llegando hasta la delación. Basta con leer los párrafos transcriptos, donde luce el servilismo hacia los detentadores del poder y la calumnia para los perseguidos y las víctimas. Cuando fue detenida mi hija le escribí pidiéndole ayuda. Me contestó que nada podía hacer. En realidad, nada quería hacer, dado que su identificación con el gobierno le proporcionaba un amplio margen de influencia, que utilizó para la obtención de ventajas temporales.

Para monseñor Idelfonso María Sansierra, arzobispo de San Juan -ya fallecido-, "la C.I.D.H. tiene intención política. Debería preocuparse por otros países donde se violan abiertamente los derechos humanos. Debemos defender nuestra soberanía y si la comisión excediera sus funciones el gobierno, haciendo uso de sus facultades soberanas, debería dar por terminada su misión" (19).

Monseñor Sansierra fue uno de los obispos más reaccionarios e ignorantes de nuestro episcopado. Afirmó, impúdicamente, que "los derechos humanos son observados en la Argentina". Sostuvo además que "ellos son suspendidos en tiempo de guerra" (20). ¡Dónde habrá estudiado teología moral monseñor Sansierra, para quien, aparentemente, en caso de conflagración bélica -que entre nosotros no existía-, es legítimo torturar, asesinar prisioneros robar y violar mujeres! Su aserción contradice abiertamente las enseñanzas de la Iglesia y pone de manifiesto la pasión homicida que lo alentaba. En una ocasión hablando de los que se quejaban por la existencia de presos políticos, dio la siguiente explicación: "Yo voy también a la cárcel y nunca me quedo adentro. Me dejan salir siempre" (21).

Otro caso de alteración de la doctrina de la Iglesia es el de monseñor Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario -también fallecido y representante del ala integrista-, quien explicó que "cada país debe regular los derechos humanos". Esta afirmación implica colocar la soberanía del Estado por encima de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de conciencia y ha sido reiteradamente condenada por papas y concilios. "No deben ser los extranjeros (la C.I.D.H.) -agregó- los que nos vengan a indicar lo que tenemos que hacer. La entrevista de la C.I.D.H. con Primatesta me imagino que será positiva, porque podrán recibir algunos esclarecimientos sobre la situación de la Argentina que en el extranjero y en particular en Europa, está distorsionada". (22)

El obispo de San Rafael, monseñor León Kruk, dijo que "la visita de la C.I.D.H. no significa un avasallamiento de nuestra soberanía pues responde a una invitación del gobierno, aunque expresó sus dudas acerca de la exactitud de sus conclusiones" (23). ¡Curiosos obispos regalistas, más preocupados por la soberanía del estado que por la vigencia del Evangelio! Pero ya veremos más adelante la raíz de esta cosmovisión.

En los días previos a la llegada de la Comisión Interamericana participé en un episodio que confirma el preconcepto de los obispos. Acompañé a Córdoba a una funcionaria de la C.I.D.H. para encontrar un lugar que no perteneciera al Estado, donde sus miembros pudieran recibir con libertad y en un clima de confianza las denuncias de los familiares de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. No era fácil, por el temor reinante. La representante de la Comisión, confiada por la cooperación encontrada en otros países, pensó en un templo católico y pedimos una entrevista al cardenal Raúl Primatesta. Como estaba ausente de la ciudad nos recibió su auxiliar -ahora arzobispo de Paraná- monseñor Estanislao Karlic. Escuchó con atención y nos dijo que transmitiría el pedido al cardenal. La conversación fue extensa y la aproveché para explicar la gravedad de los hechos y la urgencia de la intervención de la Iglesia. Al día siguiente Karlic nos llamó por teléfono a Buenos Aires para comunicarnos que el cardenal Primatesta había resuelto no prestar ningún templo ni edificio eclesiástico con ese fin, porque no quería adoptar una posición crítica frente al gobierno... Igual suerte corrió la solicitud que hicimos llegar al obispo de Tucumán, Blas Conrero, quien se amparó en la decisión adoptada por Primatesta. En definitiva, una nueva y expresa omisión del deber pastoral por servilismo hacia el estado.

En el informe de la C.I.D.H. sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, se dice lo siguiente: "El miércoles 12 de septiembre (de 1979), la C.I.D.H. visitó en la sede de la Conferencia Episcopal al cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Córdoba y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien expuso sus puntos de vista acerca de la situación de los derechos humanos de la Argentina e intercambio opiniones con los miembros de la C.I.D.H." (24). Supe luego, conversando con miembros de la Comisión Interamericana, que el cardenal Primatesta sólo expresó vaguedades, dirigidas a justificar la actitud de las fuerzas armadas.

Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en la Argentina también exasperaban a algunos obispos. Para monseñor Bernardo Witte, obispo de La Rioja, se trataba de una "campaña difamatoria" y para monseñor Rómulo García, obispo de Mar del Plata, eran "campañas improvisadas y organizadas por quienes niegan la libertad" (25). En esa calificación, por cierto calumniosa, estaban incluidos, sin excepción, los familiares de las víctimas, las instituciones de derechos humanos del país y las organizaciones internacionales. Monseñor García negó un templo a los familiares de detenidos-desaparecidos, para reunirse.

Los prelados de mayor jerarquía hacen sonar otras cuerdas en defensa de las fuerzas armadas. Monseñor Antonio Quarracino, antiguo obispo de Avellaneda y después arzobispo de La Plata, ha insistido en la necesidad de que se dicte una "ley de olvido", aunque nunca ha c